UNA PRENSA LIBRE Y RESPONSABLE

A mi amigo Gonzalo López Alba, periodista y escritor, en nuestras frustraciones compartidas.

Seguramente muchos de Ustedes no han oído jamás hablar de la Comisión Hutchins, ni de Robert Hutchins que dio nombre a la Comisión, ni del informe posterior que emitió (1946). Tampoco creo que sea actualmente objeto de estudio en las Facultades de Periodismo.

El New Deal fue el pacto que Roosevelt ofreció a la sociedad norteamericana para restañar las heridas de la “Gran Depresión” y que había golpeado principalmente a las clases más pobres de la sociedad. Su oferta fue una mayor intervención en la economía, creando una red de servicios sociales de garantía ante las situaciones injustas provocadas por el capitalismo, es lo que dio lugar al traído y llevado Estado de Bienestar. Los editores de prensa norteamericanos vieron en ello un grave riesgo al considerar que dicha intervención pública podría extenderse a los medios de comunicación debilitando sus intereses económicos y su capacidad de influencia electoral.

El editor de la revista Time, junto a otros editores, ideó la creación de una Comisión que analizara el papel de la prensa y su comportamiento en los asuntos públicos en una sociedad que evolucionaba a gran rapidez. Designaron para presidir dicho grupo de trabajo a Robert Hutchins Presidente de la Universidad de Chicago, elegido por su prestigio como docente y su independencia política.

A los editores les salió el tiro por la culata, para sus intereses y los de los grupos económicos que impulsaron la iniciativa. El informe vio la luz un año después (1947) bajo el título: “Una prensa libre y responsable”. No solo consiguió introducir el concepto de responsabilidad social en los medios de comunicación norteamericanos sino el debate de la filosofía y la ética en la prensa. Llegó a conclusiones que podemos considerar hoy vigentes: En el mundo moderno la prensa ha crecido en importancia y visibilidad; los pocos que gobiernan a la prensa no han proporcionado un servicio adecuado a las necesidades de la sociedad; y esos pocos se han dedicado a prácticas condenadas por la sociedad que de continuarconducirán inevitablemente a una regulación gubernamental. El propio informe establecía un remedio “que la prensa asumiera una mayor responsabilidad y que el público informado tomase acción para vigilar que la prensa estuviera a la altura de sus responsabilidades”. Recriminaban la tendencia a la irresponsabilidad de los medios aparte del problema de su concentración en manos de representantes de “grandes negocios” y de los “impulsos exagerados hacia el poder y el lucro”. El punto más importante del informe era la exigencia de la hipótesis de presunción democrática a favor de la prensa que supone que la democracia se nutre y mejora cuando “una ciudadanía informada hace juicios sabios” en la elección de aquellos que la representan en el gobierno.

Creo que nada de todo esto nos puede ser ajeno setenta años después. Hoy los medios de comunicación no son poderes económicos por sí mismos, pero tienen un sostén trasero, y mantienen su intencionalidad y preocupación porque los juicios sabios de la ciudadanía no lleven a destinos electorales distintos de los preferidos.

En España, no hace tanto tiempo, se denunció cómo importantes grupos empresariales y mediáticos no eran partidarios de la existencia de un gobierno progresista, curiosamente las críticas recayeron en quien lo ponía de manifiesto y no en el hecho y autores de la injerencia política. Posteriormente ese mismo grupo editorial apretó el acelerador para que se produjera el recambio en determinada dirección en la máxima responsabilidad de un partido político. Están en la mente de todos los hechos, no merece entrar en más detalles.

Así las cosas, para tener posiciones de liderazgo político, evidentemente es imprescindible contar con el beneplácito de los poderes mediáticos, ser del agrado de su aviación tertuliana que es la que asume la responsabilidad de bombardear o no y cómo, quedando a merced de la infantería periodística que cubre desayunos, ruedas de prensa y los consabidos “canutazos” llenando con ello el tiempo de interminables noticieros con frases de 30 segundos. La estrategia de la comunicación política está por tanto en los medios y no en los partidos.

Todo ello crea una infranqueable barrera cuya superación no está en hacer mejor las cosas ni en ser más incisivo en las alternativas propuestas, tampoco en ser más ocurrentes en las formas de formulación; y, lo que es peor, ni más riguroso en el planteamiento de problemas y soluciones. Ello lleva a que el mensaje político se simplifique y termine por no ser más que un eslogan en la creencia de que es la única forma de llegar a la ciudadanía.

Lo que nos muestra la prensa con frecuencia no es análisis político. El análisis político requiere una perspectiva. Una problemática que preocupa al analista, porque afecta a la sociedad y a su devenir democrático; se privilegian unos conceptos; un conjunto de presupuestos, a partir de los cuales se inicia la argumentación, para a partir de ellos establecer unos juicios que nos lleven a conclusiones aceptables a tenor de la perspectiva adoptada. No es una opinión categórica sobre todo, dada en función de la declaración de cada día; no es una imagen de televisión reiterada hasta el aburrimiento; ni una ocurrencia al paso, convertida en revelación de fe verdadera periodística. En definitiva, el análisis político desde la prensa requiere algo más que leer los periódicos y comentarlos o la búsqueda de la controversia airada para elevar el atractivo del debate. Requiere seriedad.

El caso catalán ha derivado en el alquiler de una casa en Waterloo; en un juez que decide, desde su independencia juzgadora, si con encarcelamientos es capaz de resolver un problema político centenario; o en dictaminar si en el sistema institucional caben presidencias simbólicas o sinodales de electos. Si el tema no estuviera en la prensa con la matraca diaria no hubiera dado alas a tanto absurdo, y la política estaría buscando su solución no dejando que el tema se pudra más. Exigir que no pase, es la obligación periodística.

Se ha escuchado frivolizar sobre el asunto de las pensiones como si no fuera una angustia de la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Se ha otorgado, por ignorancia, el mismo nivel de información y análisis a la búsqueda de fórmulas de cómo financiarlas, a las ocurrencias de “proponer el cálculo de la pensión con toda la vida laboral”, prontamente rechazado por la OCDE.

Se pretende convertir un trágico asesinato en un motivo para extender la prisión permanente revisable trayendo la cadena perpetua a nuestro Código Penal en el país con más baja criminalidad de toda Europa. Y lo último, avivar el morbo del embarazo de una niña por su hermano, en lugar de poner de manifiesto la debilidad de los sistemas de asistencia social y exigir una adecuada cobertura de los servicios sociales públicos.

Existen grandes periodistas en España capaces de dar luz a los problemas que tenemos. Magníficos analistas de nuestra realidad capaces de proyectar lo que pasa desde su perspectiva correspondiente, para ofrecer criterio de lo que ocurre. La información y opinión de calidad que aporte la misma condición a la democracia no es hoy una exigencia generalizada en los medios. El denominado periodismo de investigación está en los anaqueles de la historia, el aireamiento de la mayoría de los casos de corrupción ha sido una labor llevada a cabo por las instancias judiciales y policiales, la prensa se ha limitado a publicar lo filtrado del trabajo de estos. Lo peor de todo es que el deterioro de la calidad en su papel de nutrir e informar a la ciudadanía es consecuencia directa de la precariedad laboral, que como al resto de ciudadanos, les aqueja.

Para regenerar la democracia española también es necesario exigir la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de informar la verdad y sobre todo rescatar el compromiso ético de los periodistas. Distinguir nítidamente lo que es información contrastada y opinión argumentada y lo que son cohetes en la verbena.