SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN LA DEFENSA DE LA CIENCIA: UN EJERCICIO DE COMUNICACIÓN

Grosso modo, la comunicación de la ciencia tiene como objetivo general la divulgación de conocimientos científicos fuera de la formación reglada con objeto de promover la cultura científica en todas sus dimensiones: cognitiva, actitudinal y comportamental-capacitadora para desenvolvernos con las mayores garantías en un mundo cada vez más complejo y cambiante[1]. La lista de beneficios derivados de la promoción de la cultura científica también incluye otros factores, como la generación de interés por la ciencia, el aumento de la confianza en ella y una mayor implicación por parte de los ciudadanos, que se canaliza a través de su participación en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología y, lo más importante en los tiempos actuales, en el apoyo y defensa de la ciencia en nuestro país.

Actualmente la ciencia y la investigación en España atraviesan una crisis provocada por la reducción de las partidas presupuestarias y por los decrecientes niveles de ejecución de las mismas debido fundamentalmente al segundo y quizá más grave problema: las trabas burocráticas y administrativas instaladas en los organismos públicos de investigación desde 2014 con la implantación de la intervención previa. Este sistema de control del gasto ex ante no solo se aplica a las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a investigación, desarrollo e innovación, sino también a los fondos obtenidos en convocatorias competitivas de libre concurrencia procedentes de fondos europeos.

La comunicación de la ciencia es ahora más necesaria que nunca y debe echar mano de todas las vías posibles para conseguir un objetivo clave a medio y largo plazo: concienciar a la sociedad y a nuestros representantes políticos de la importancia de la generación de conocimiento para el progreso social y la mejora del Estado de bienestar. Los gobiernos de la mayoría de países de la OCDE lo han tenido claro y han seguido apostando por ello incluso en los años más críticos de la crisis económica. Sin embargo, en España se ha realizado el camino inverso. Ni la comunidad científica ni la sociedad podemos permitirnos el lujo de permanecer impasibles.

Ante esta situación, tanto el personal científico como técnico de los centros de investigación, junto con el personal docente e investigador de las universidades, tenemos una responsabilidad que atender relacionada con la comunicación de la ciencia y su puesta en valor para el conjunto de la sociedad. Y esa responsabilidad se resume, en términos generales, en transmitir la importancia que la generación de conocimiento científico e innovación suponen para el desarrollo económico y la sostenibilidad del estado de bienestar. Hay que admitir que expresado en estos términos, tal y como se recoge en la Ley de la Ciencia de 2011, son palabras que pueden sonar grandilocuentes y hasta vacuas y, por tanto, quizá no sean las más idóneas para tocar la fibra sensible de los sufridos ciudadanos españoles que en los últimos años ya han visto recortados sus derechos en Sanidad, Educación y Pensiones. Por ello es necesario perseverar. Más si cabe por lo siguiente: mientras que los recortes en Sanidad, Educación y Pensiones están teniendo un impacto inmediato en las economías domésticas y en la calidad de vida de las personas, las consecuencias negativas de las actuales políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación solo tienen ese impacto inmediato en el seno de la comunidad científica. En cambio, sus consecuencias negativas para el modelo productivo y el modelo de economía se dilatan un poco más en el tiempo y, por tanto, son menos perceptibles para los ciudadanos. A la dilación en el tiempo de las consecuencias se añade la dificultad de relacionar de manera intuitiva y automática el abandono de la ciencia por parte del actual Gobierno con las crecientes tasas de precariedad laboral y desigualdad social.

Afortunadamente, durante los últimos meses la prensa nacional se ha ocupado de trasladar a la opinión pública la situación de asfixia en la que se encuentran distintos organismos públicos de investigación españoles y la I+D+i en su conjunto[2]. Y esto no ha ocurrido por casualidad o de manera espontánea, sino debido al compromiso de investigadores y académicos, mujeres y hombres, que se han implicado personalmente, con sus nombres y apellidos, en denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Por supuesto que no es la primera vez que la comunidad científica española alza la voz en estos términos y se moviliza, pero quizá en esta ocasión se esté obteniendo más atención mediática y, lo más importante y a consecuencia de ello, mayor eco y adhesión por parte de los investigadores y de la sociedad en general. Seguro que también gracias a las lecciones aprendidas con iniciativas pioneras como, por ejemplo, la plataforma Carta Abierta por la Ciencia de 2012.

Sobre esta cuestión también hay que reconocer el trabajo del grupo de expertos que ha elaborado el Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España[3] de la Fundación Alternativas, presentado en enero de 2018. En dicho trabajo se realiza un diagnóstico minucioso del actual escenario y se expone una serie de recomendaciones. Más recientemente, distintas asociaciones científicas han entregado en el Congreso de los Diputados 275.000 firmas de ciudadanos que respaldan el contenido de un documento que denuncia las graves consecuencias de los recortes en ciencia y que recoge las reivindicaciones que se proponen para revertir la situación. También consideramos oportuno mencionar la iniciativa ciudadana #CienciaenelParlamento, firmada por 1.500 científicos y respaldada por más de 70 organizaciones e instituciones,  que tiene por objeto poner en contacto a científicos e investigadores con diputados y senadores con el fin de “promover una cultura de formulación de políticas basada en la evidencia, así como una ciencia basada en las necesidades de la sociedad” [4]. Por último, señalar la reciente constitución de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (http://aeac.science) con la misión de recuperar el valor de la ciencia en y para la sociedad.

Todos estos acontecimientos, en defensa del papel de la ciencia en la sociedad y en el diseño de políticas públicas, se han ido solapando en un breve periodo de tiempo. Esto ha generado una serie de sinergias que alimentan el ciclo informativo de los medios de comunicación y que, por tanto, captan periódicamente su atención. Como consecuencia, aumenta la cobertura informativa del asunto y, por ende, la relevancia social de estas cuestiones.

Pero en España las sinergias de los últimos meses quizá no se hubieran producido sin los esfuerzos realizados por algunos miembros de la comunidad científica y académica a la hora de comunicar y denunciar públicamente las graves consecuencias derivadas del adelgazamiento de la ejecución presupuestaria dedicada a la I+D+i y, más si cabe, de las medidas de intervención previa que, como ya hemos dicho, también afectan de lleno a la ejecución de fondos europeos obtenidos en procesos de evaluación altamente competitivos. Si abrimos el encuadre al contexto internacional, todas estas iniciativas nacionales han tenido como caldo de cultivo, y seguro que como acicate también, el activismo científico a nivel internacional que despertó la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Nos referimos a la plataforma internacional de la “Marcha por la Ciencia” (March for Science network) que, como muy bien relata el profesor Emilio Muñoz[5] haciéndose eco de un artículo de Science, surge en Estados Unidos a raíz de un tuit publicado por una educadora en salud pública.

En mayo de 2017, un editorial de la revista Nature Human Behaviour, titulado “Science and politics” plantea la disyuntiva que supone para la comunidad científica implicarse o no en este tipo de iniciativas de denuncia del estado de la ciencia, tanto en lo que atañe a su financiación como al peso de la evidencia científica en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Lo que para unos es bienvenido, por lo que supone de oportunidad para visibilizar el compromiso cívico de la ciencia con la sociedad, para otros produce rechazo al asociarse con una protesta política sectaria. Nosotros nos quedamos con el último párrafo del citado editorial, cuya traducción me atrevo a poner a continuación: “¿Puede ocurrir que la adopción de políticas de protesta erosione la percepción que tiene el público de los científicos como defensores de la verdad, imparciales y no partidistas? No sabemos la respuesta, pero como todo lo demás en la ciencia, esta es una pregunta que puede resolverse con hechos”[6].

Desde la investigación en comunicación social, los acontecimientos de los últimos meses en defensa de la ciencia por parte de la comunidad científica despiertan nuestro interés y seguro que en el futuro, tomando la distancia temporal necesaria, serán objeto de análisis y estudio. Al fin y al cabo, buen número de académicos e investigadores se han convertido en líderes y comunicadores de la preocupación y desazón compartidas por muchos colegas que, aunque no han salido del anonimato de sus laboratorios, sufren los mismos problemas y, por tanto, comparten sus reivindicaciones. Estos científicos aparecen en los medios de comunicación, se asocian y se organizan para evaluar y explicar lo que le ocurre a la ciencia, la enfermedad que la aqueja, y cómo esa enfermedad está condicionando nuestro modelo económico y, a la postre, nuestro modo de vida. Por supuesto, también plantean remedios.

El catedrático López Cerezo afirma que “para los investigadores suele ser visto como un demérito la actividad divulgadora y para los profesionales de la comunicación tiene poco o ningún rédito la publicación en revistas indexadas”[7]. Consideramos que los periodistas científicos ya tienen bastantes retos en sus redacciones, pero sí que damos la bienvenida y agradecemos la labor de todos los investigadores que, conscientes de la importancia de la actividad divulgadora y del momento crítico en que vivimos, se han puesto en marcha y han salido a la palestra para defender algo que es de todos: la ciencia.

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[1] Lopera-Pareja, E. H., Cornejo-Cañamares, M., & Muñoz-Van Den Eynde, A. (2018). (De)construyendo la imagen de la ciencia en la sociedad contemporánea: cultura científica y comunicación. Revista Sistema,  (249-250), 91-104.

[2] Entre otros: Elindpendiente.com, 17 de abril de 2018. “Bruselas saca los colores a España por su gasto en I+D y pone de ejemplo a Portugal”. Disponible en: https://www.elindependiente.com/economia/2018/04/17/bruselas-saca-los-colores-a-espana-por-su-gasto-en-id-y-pone-de-ejemplo-a-portugal/; Elpais.es, 28 de marzo de 2018. “Las leyes paralizan el avance de la ciencia en España”. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/03/28/ciencia/1522225891_387584.html; Eldiario.es, 25 de enero de 2018. “La ciencia española no para de quedarse atrasada tras nueve años de recortes”. Disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/politica_cientifica-recortes-ciencia_0_732827618.html. Elmundo.es, 5 de octubre de 2017. “Seis de cada 10 euros destinados a ciencia en los presupuestos de 2016 no se gastaron”. Disponible en: http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/10/05/59d534e5ca474161208b465c.html.

[3] Disponible en: http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/1f6da6b4e2fa0bb773bc48b456e972ee.pdf.

[4] https://www.cienciaenelparlamento.org/.

[5] Muñoz, E. (2017). “Activismo científico. La insoportable gravedad de la levedad en conocimientos”. Sistema Digital. Disponible en: https://www.fundacionsistema.com/activismo-cientifico-la-insoportable-gravedad-de-la-levedad-en-conocimientos/.

[6] “Science and politics. Science must remain non-partisan, but it cannot – and should not – be disengaged from the society it serves”. (2017). Nature Human Behaviour,  1(5).

[7] López Cerezo, J. A. (2017), Comprender y comunicar la ciencia, Madrid: OEI/La Catarata.