PAUL M. ROMER: EL DILEMA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA POLÍTICA CIENTÍFICA

Paul M. Romer, quien junto a William D. Nordhaus han sido galardonados con el último Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, demostró que el cambio tecnológico era intrínseco a la actividad económica. Veamos primero cómo Romer logró explicar la endogeneidad de la ciencia en la actividad económica y, segundo, la implicación que ello tiene en la política científica.

Demostración de la endogeneidad

Hasta su tesis de 1983 la teoría economía tenía problemas y recelos para integrar al cambio tecnológico en el crecimiento económico. La cuestión se remontaba a mediados de los años cincuenta. En ese decenio los modelos de los neoliberales (ligados a la Universidad de Chicago) y de los neokeynesianos formalizaban el crecimiento bajo el supuesto implícito de que no había rendimientos crecientes a escala y que la productividad provenía de la eliminación de las trabas del mercado, los primeros, o del aumento de la eficacia del Estado, los segundos. Pero la productividad en el último siglo había crecido y en varios periodos a una tasa creciente. ¿Toda esa productividad se debía a las eficiencias del Estado y de los empresarios? Al otro lado del telón se decía que procedía de la plusvalía extraída a una masa laboral en constante incremento llena de ejércitos de reserva de trabajadores en unos y otros países. Había que reaccionar. Se ha tardado sesenta años, pero ahora nadie duda de que ese aumento viene de la innovación. No obstante, para opinar que la innovación es la causante del crecimiento económico había que establecer la línea de unión entre la actividad económica y el conocimiento científico, o lo que es lo mismo, había que realizar los modelos económicos que permitieran endogeineizar la ciencia en la economía, es decir, admitir que la actividad económica es creadora de ciencia per se. Esa fue la tarea de Romer.

En establecer esa línea con esa dirección se tardó casi treinta años, de 1956 a 1983. Se trata del período denominado como “El origen del crecimiento endógeno”, como el título del artículo de 1994 de Romer[1]. Veámoslo.

¿Qué es el crecimiento endógeno y que implica? La compresión por parte de los economistas de la conexión entre la actividad económica y la ciencia nació en 1956. Ese año Robert Solow publicó su modelo del crecimiento, un modelo donde la tecnología era considerada todavía como exógena a la economía. Solow sostenía que el conocimiento tecnológico era una de las variables que explicaban la productividad, pero el conocimiento tecnológico era un aporte “proporcionado de forma exógena” y de carácter público. Veamos ambos calificativos.

  • Exógena. Para Solow la ciencia y la tecnología aportaban desde fuera de la actividad económica conocimientos, por consiguiente, eran conocimientos extrínsecos que no se podían atribuir a la decisión de ningún agente económico. Ni los empresarios, ni los consumidores crean ciencia, por tato la ciencia y el conocimiento tecnológico no eran asuntos económicos desde su perspectiva.
  • Público. El conocimiento científico y tecnológico es un aporte del que no se puede excluir a nadie, es decir, que todos pueden participar del él, por eso se considera que es público.

Dado el carácter exógeno y público del conocimiento, según Solow, un empresario nunca invertirá en ciencia. Las ideas científicas que pudiera poner en práctica un fabricante no impedirían que otro las pueda utilizar, en consecuencia, Solow se preguntaba: ¿qué ventaja tendría un empresario en investigar si no puede apropiarse del conocimiento desarrollado? Sin apropiación no se puede vender y por tanto no hay beneficios[2].

Romer partió del modelo de Solow y planteó que desde la actividad económica se altera, reforma y transforma la tecnología y, por tanto, se hace ciencia. ¿Cómo sucedía ese fenómeno? Romer se apoyó en el resquicio que en 1962 Kenneth Arrow había observado: el learning-by-doing; aprender mientras se utiliza la máquina. Con el learning-by-doing, Arrow introducía la idea que permitía, por una parte, entender que el empresario aprendía mientras se iban fabricando los productos y, por otra, explicaba el problema de los rendimientos decrecientes, ¿cómo? Los pequeños cambios incrementales que desarrollaban unas empresas se difundían rápidamente al resto aumentando la productividad general. Esto sucedía porque el conocimiento es un bien “no-rival” (que un empresario comprenda un conocimiento y lo utilice no impide que el resto pueda llegar a hacer lo mismo). Para Solow el learning-by-doing podía justificarse como fruto de la sabiduría popular y del albur. ¿Entendía científicamente el empresario lo que hacía al modificar o todo era pura casualidad?

Romer no se conformaba con la noción introducida por Arrow. El empresario de Romer entendía el problema aplicando discernimiento científico y, por tanto, introducía modificaciones de forma deliberada. Con todo, el learning-by doing no podía explicar los aumentos de productividad y el constante cambio tecnológico. La empresa no era la única fuente de cambio tecnológico en la actividad económica. Para explicarlo se apelaba a Karl Shell, quien ya a mediados de los años sesenta había dicho que el origen del empuje de la ciencia sobre la economía era el aporte proporcionado por el Estado gracias a agencias, como la NASA o el NIH (National Institutes of Health). El Estado ponía la ciencia, un bien público, al servicio de empresas y ciudadanos. Ahora bien, si bien Shell tenía razón, él no estaba muy de acuerdo con el hecho de que el Estado fuera la Prima Donna, y menos que regase con el conocimiento como si éste fuera un bien público. Era lógico que Shell pensase así en los sesenta porque en aquellos años gloriosos de la NASA el Estado en EE. UU. invertía dos dólares por cada uno que invertían las empresas. Sin embargo, cuando Romer escribía su tesis el sector privado ya era predominante a la hora de invertir en la actividad de investigación, tendencia que no ha parado hasta llegar a 2015, año que el que las empresas ya gastaban 3 $ en investigación por cada dólar invertido por el Gobierno[3].

Romer opinaba que muchos empresarios poseían su laboratorio y lo entendían como el lugar en el que explorar sus concepciones con el objetivo de obtener futuros beneficios al conseguir nuevos y mejores productos. Esto implicaba, según Romer, que la característica distintiva de la tecnología como insumo es que no es un bien convencional (privado) ni un bien público, sino un bien “no-rival” y “parcialmente excluible”.[4] ¿De dónde la venía a la tecnología su condición de bien “no-rival”? La respuesta era de la ciencia, de su condición de conocimiento científico. ¿De dónde le venía a la tecnología su condición de bien “parcialmente excluible”? La contestación era de la actividad económica, de la estrategia del empresario de obtener beneficios. Si la tecnología no tuviera esa naturaleza de “parcialmente excluible” no se patentaría, no habría un mercado de compraventa de patentes, no habría contratos de transferencia de tecnología ni royalties, no habría cláusulas de confidencialidad ni exigencia de estándares, no habría la condición de “doble uso” y, por supuesto, no habría un Estado detrás de todo esto con leyes de propiedad intelectual, registros y comisiones regulatorias, deducciones e incentivos fiscales a la I+D (Patent Box)  y de defensa de la competencia. Todo este aparato gigantesco es el fruto de las conexiones economía-ciencia derivadas del papel que desempeña el comportamiento privado y maximizador del empresario en la generación de los cambios tecnológicos de base científica.

Romer les abrió los ojos: hay ciencia en la actividad económica. Por supuesto, no toda la ciencia tiene su origen en el hecho de que los empresarios quieran maximizar su producción y que para ello necesitan tecnología y por ende un conocimiento ligado crecientemente a la ciencia, pero lo cierto es que esa maximización ha generado buena parte de la ciencia en nuestros días, y cada vez más. Si la ciencia tiene endogeneidad el flujo de relaciones es de ida y vuelta. La naturaleza de la ciencia se diluye en función de quién es el que invierte y, por consiguiente, aplica las reglas de propiedad sobre el conocimiento. Si el dinero lo invierte la empresa o el Estado la ciencia será un bien “parcialmente excluible”. Si lo ponen las universidades y las fundaciones será menos excluible y “no-rival”.

La “no-rivalidad” hace que nada (patentes, por ejemplo) ni empresa alguna (posiciones de monopolio) puedan impedir por mucho tiempo que cualquiera otra empresa o científico realice la reingeniería de una tecnología, copiar, deducir de nuevo el conocimiento o superar una tecnología con una combinación de nuevos conocimientos. Así que la ventaja y los beneficios del que se queda quieto se pierden y sale del mercado. Una parte de las empresas lucharán por mantener su posición de monopolio haciendo que la tecnología no sea pública. Ello puede llevar a la paralización de la investigación. Ahora bien, otra parte de empresarios, conscientes del carácter de “no-rivalidad” de la ciencia endógena en su actividad, invertirán en nuevos conocimientos científicos con la expectativa de mantenerse en el mercado.

El dilema entre lo público y lo privado en la política científica

Encontramos actividad científica en cuatro ámbitos: la academia, el Estado, las empresas y los ciudadanos. Estos ámbitos no son conjuntos que se puedan delimitar con exactitud y, por supuesto, no toda la ciencia se hace en la empresa, ni tiene objetivos económicos, pero sí cada vez más. Gracias a Romer podemos hacer el planteamiento de que la actividad económica genera ciencia para mantener el crecimiento económico. Por tanto, los economistas consideramos que hay ciencia en la actividad económica. Desde este punto de vista podría ser superflua la política científica. Pero nunca se dará un sistema totalmente de ciencia endógena, ¿por qué? El Estado solo puede inhibirse totalmente cuando los bienes son privados y rivales. Pero los conocimientos científicos que se emplean en la actividad científica/tecnológica de las empresas, provengan de la praxis en las empresas o de la academia, adquieren la condición de bienes “parcialmente públicos” y “no-rivales”. El Estado ha de hacer política científica cuando la ciencia es endógena a la actividad económica para que las empresas no se hagan con el derecho monopolista de la aplicación del conocimiento científico (patentes) o dejen de competir por hacer nuevos y mejores soportes tecnológicos (libros, kits, chips) contenedores de los conocimientos científicos [5].

Por un lado, las empresas querrán monopolizar la tecnología y, por ende, la aplicación de los conocimientos científicos que la tecnología porta. El objetivo de las empresas con esta actitud es mantener la tasa de beneficio que reporta todo monopolio. El Estado puede seguir cuatro pautas a la vez:

  1. Vigilar que los conocimientos científicos no se protejan permanentemente (patentes temporales).
  2. Impulsar la ampliación de los conocimientos científicos endógenos, utilizando incentivos directos, préstamos y deducciones fiscales.
  3. Introducir competencia en los soportes de los conocimientos (desde libros, hasta grandes instalaciones, pasando por kits, chips). El objetivo es que las empresas no limiten la “no-rivalidad” de los conocimientos que portan estos soportes.
  4. Subvencionar a la ciencia realizada en la academia para que mueva la frontera del conocimiento y la empresa tenga que absorberla.

De estas cuatro pautas el Estado en ocasiones tiende a inhibirse de la última. Así ha sucedido con la Gran Recesión en España. El Gobierno aprovechó la reducción presupuestaria para reordenar la el flujo y cantidad de ayuda a la I+D. Redujo el 30% la ayuda a la pauta d). Relajó la pauta c), en especial reduciendo la inversión en grandes infraestructuras científicas de uso público/privado. Mantuvo las reglas de juego (pauta a) y reforzó la pauta b).  El objetivo de los incentivos era que las propias empresas compitieran en generar conocimientos endógenamente. Esta estrategia tenía que haber dado también lugar a un incremento en las inversiones en ciencia académica por parte de las fundaciones privadas, capaces de justificar la inhibición del Estado con la academia. Los incrementos han sido magros debido a que España tiene la mayor desigualdad empresarial en la formación académica de todos los países avanzados, es decir, contamos con una reducida élite de empresarios con un grado superior de formación y una inmensa mayoría sólo con estudios obligatorios. El 37% de los empresarios tan solo tiene la formación obligatoria, mientras que en Alemania ese grupo queda reducido al 6% y en Francia al 10% (datos de 2015 del BBVA). Sólo un exiguo grupo de grandes empresas volcaron su esfuerzo hacia la ciencia no endógena a través de sus fundaciones, y solo las grandes empresas han utilizado la Patent Box. La consecuencia es que la inversión en I+D endógena se ha mantenido, pero no ha cubierto el descenso del 30% de la académica. La explicación que se transmitió por parte de los gobiernos del PP fue que la parte de la ciencia endógena, dada nuestra estructura industrial y la formación de nuestros empresarios, no daba para más. Esto equivale a decir que el paso de una inversión de casi 1,4 del PIB en I+D al 1 % ha sido lógica, o que lo que había antes no era más que una burbuja debida a los científicos académicos. Como demostración de la idoneidad de su política mostraron el hecho de que la economía española seguía y sigue siendo un exportador neto de I+D, ya que nuestro saldo era y es positivo en la balanza por cuenta corriente de este rublo, y que su volumen de negocio ha sido ligeramente creciente (Banco de España, Boletín Estadístico) Hoy, con el nuevo Gobierno salido de la moción de censura cabe hacerle la siguiente pregunta: ¿Por qué el Estado tendría que revertir la situación invirtiendo tanto o más de lo perdido en ciencia académica si la reducción no ha tenido efectos en la competitividad exterior de nuestra tecnología? La respuesta nos permitiría saber lo que realmente se está fraguando en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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[1] Romer, P.M. (1994): “The Origins of Endogenous Growth”, The Journal of Economic Perspectives. Vol. 8, No. 1 (Winter), pp. 3-22.

[2] Esta concepción no era compartida por los heterodoxos neoschumpetrianos. Joseph A. Schumpeter no formalizó sus ideas sobre la innovación en un modelo matemático, por eso no influía en el modelo de Solow, pero su pensamiento había dejado una estela, los llamados neoschumpeterianos, por ejemplo, Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, quienes desde finales de los años setenta empezaron a formalizar sus modelos.

[3] Jeffrey Mervis (2017): “Data check: U.S. government share of basic research funding falls below 50%”, Science, https://www.sciencemag.org/news/2017/03/data-check-us-government-share-basic-research-funding-falls-below-50

[4] Nelson afirmaría posteriormente que: “For our purposes here, the most salient aspect of the economists’ public good concept is that a public good is “non-rivalrous in use”, Richard Nelson (2004) “The market economy, and the scientific commons” Research Policy, 33, p. 462.

[5] Nelson advierte sobre el endurecimiento de las políticas que enfatizan en la dimensión privada de la tecnología en perjuicio del avance tecnológico, Nelson (1989) “What is Private and what is Public about Technology? Science, Technology and Human Values, Vol 14, Nº 3, Summer, 229-241. La tecnología es en parte privada y en parte pública. El autor distingue el tratamiento que se ha hecho del cambio tecnológico desde los economistas como Schumpeter, que considera, en primer lugar, que la tecnología opera por las leyes y el ethos del capitalismo, que posibilita a las empresas guardar la propiedad, al menos por un tiempo, y, en segundo lugar, que la tecnología opera, por ser conocimiento científico, como bien público.

 

* Santiago M. López y José Luis Jaimes. IECyT – Universidad de Salamanca