LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Hace varias semanas el Foro Económico Mundial en Davos presentó públicamente su informe anual en el que a partir de los resultados del Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI 2018), que mide el desarrollo en 103 países a partir de 11 áreas de progreso económico diferentes a las del Producto Interior Bruto y la gestión sostenible de los recursos naturales y financieros, centrándose en el crecimiento, el desarrollo, la inclusión y la equidad intergeneracional, ha realizado un diagnóstico a nivel mundial en este terreno.

En los últimos cinco años las 29 economías más avanzadas han experimentado una bajada en su nota de inclusión, que se cuantifica por las rentas medias del hogar, la pobreza y la desigualdad de riqueza e ingresos, a pesar de aumentar su crecimiento y desarrollo en más de un 3%. Para este mismo periodo, 12 redujeron la pobreza y ocho la desigualdad de ingresos.

Las economías más inclusivas fueron las de Noruega, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Suiza. España ha obtenido una clasificación de 26 sobre 30. Es la única economía avanzada que retrocede en crecimiento y cohesión social y aparece al final de la clasificación, por encima tan solo de Italia, Portugal y Grecia. En concreto, para el periodo 2012-2016, si bien mejoro su PIB en un 3,5%, su Índice de Crecimiento Inclusivo retrocedió el 2,12%.

Un hecho que se deriva de lo anterior son las dificultades a escala planetaria para proteger a las generaciones del futuro. En palabras de Richard Samans, Director General y responsable de Agenda Global del Foro Económico Mundial, “cuando se mide en función del PIB, el crecimiento económico se entiende mejor como medida del rendimiento nacional, pero el resultado que las sociedades esperan es un progreso amplio y sostenible de su calidad de vida. Los legisladores necesitan un nuevo tablero de mandos centrado en este objetivo de forma más específica, lo que podría ayudarles a prestar más atención a aspectos estructurales e institucionales de las políticas económicas que son importantes para difundir la prosperidad y las oportunidades, y asegurarse de que estas se conservan para las generaciones futuras”.

Coincidiendo con la celebración del Foro de Davos, el 22 de enero Oxfam Intermon hizo público el documento Premiar el trabajo, no la riqueza, en el que pone sobre la mesa que el 82% de la riqueza mundial, generada durante el pasado año, se concentró en el 1% más rico de la población mundial. Una realidad sobrecogedora, denunciada ya por esta organización en su informe del año 2014 en donde se decía que “la desigualdad es considerada la enfermedad del siglo XXI, es uno de los grandes retos que hoy amenazan el progreso de la humanidad hacia sociedades más equitativas, justas y democráticas”, a la par que conlleva riesgos de declive democrático.

La situación lejos de mejorar ha empeorado desde entonces pues entre 2006 y 2015, la riqueza de la élite económica del mundo ha crecido anualmente en torno al 13%, a un ritmo seis veces más rápido que los salarios de los trabajadores, que aumentaron de media anual en un 2%. Otro dato ilustrativo alarmante sobre la desigualdad en la que nos desenvolvemos a nivel planetario es que entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia del número de millonarios (personas que superan los mil millones de dólares), con un nuevo milmillonario cada dos días (hay 4 incorporaciones de españoles según la revista Forbes y suman, según esta fuente, un total de 25). Por otro lado, a consecuencia de la tendencia mundial a reducir la fiscalidad de las grandes compañías y fortunas, el 0,001 de los más ricos del mundo evaden un total de 120.000 dólares.

En lo que a España se refiere, Oxfam Intermon ha publicado un informe bajo el título ¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría. En éste se pone de relieve que la desigualdad comporta que la recuperación económica no alcance a todas las personas por igual. Ha favorecido 4 veces más a los más ricos que a los más pobres. Así las cosas, entre 2013 y 2015, 29 de cada 100 euros derivados del crecimiento económico repercutieron sobre el 10% con rentas más altas, mientras que tan solo 8 terminaron en manos del 10% más pobre. En paralelo, si bien los beneficios empresariales crecieron en 2016 un 200,7% respecto a 2015, el coste laboral por trabajador está estancado desde 2012.

Los sectores sociales más afectados por esta situación son las mujeres y los jóvenes (los estudios que el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales de la UNED realiza desde más hace una década lo confirman) (https://grupogets.wordpress.com/) No en vano en nuestro país el 13,7% del total de la población ocupada son trabajadoras pobres (especialmente están afectadas por los contratos a tiempo parcial y temporal), constatándose una brecha salarial entre hombres y mujeres que asciende al 20% (23% en el mundo).

En lo que a las nuevas generaciones se refiere sus expectativas de futuro en cuanto a su vida laboral e igualdad de oportunidades son inciertas, pues sufren las consecuencias de empleos precarios, temporales, parciales y mal pagados. Recordemos que el salario anual de un joven de 26 años que accede por primera vez a un empleo es actualmente un 33% inferior al de 2008, además hay una mayor presencia de la temporalidad y de trabajos a tiempo parcial.

En cuanto al tipo de fiscalidad que se aplica en nuestro país, se estima que las grandes fortunas ocultan en paraísos fiscales una riqueza que se corresponde con el 12% del Producto Interior Bruto, soportando un desproporcionado peso de los impuestos los sectores sociales más pobres. En ese sentido el 83% de la recaudación proviene del IVA y del IRPF, a diferencia del impuesto de sociedades que recaudó el 12%. A pesar de ello, el 20,4% de las transferencias públicas repercutió sobre el 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre percibió únicamente el 4% del total de gasto.

Ante esta delicada situación Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno español y a los grupos parlamentarios que promuevan un Plan Nacional de Reducción de Desigualdad que garantice, entre otras cuestiones, empleos y salarios dignos, incrementando el Salario Mínimo Interprofesional en 1.000 euros mensuales para el año 2020. Asimismo, les ha requerido para que establezcan una escala de 1:20 entre el salario más alto y el mínimo dentro de las empresas, para que eviten las subcontraciones, para que garanticen una fiscalidad progresiva y para que promulguen una ley contra la evasión y la elusión fiscal.

En este contexto, esta organización ha iniciado la campaña Sin Trato no hay Contrato (https://www.youtube.com/watch?v=aM2uSJ6iiYw), con la que pretende movilizar a los ciudadanos para exigir al Gobierno que de fin a la precariedad laboral y aleje de las fauces de la pobreza y la exclusión social a un número cada vez más amplio de hombres, mujeres y niños, que se instalan en la vivencia de una ciudadanía devaluada, que hace saltar en pedazos los valores de la justicia y la igualdad.

Este es el diagnóstico de lo que acontece en el mundo y en nuestro país, las desigualdades se han disparado en los últimos años y cada vez hay más ricos y éstos son más y más poderosos. Si la mejora del Producto Interior Bruto no es sinónimo de bienestar para la población en su conjunto, no es de recibo que desde ciertos púlpitos se trate de convencer reiteradamente a la ciudadanía de lo contrario. Lo inteligente y humano es reconocer lo evidente y aunar fuerzas para reconducir derivas perversas que destruyen vidas.