DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA Y SUS EFECTOS 3. El control de la IA aplicada al control social

En los dos artículos anteriores hacíamos referencia a cómo la Revolución Científico-Tecnológica (RCT en lo sucesivo) estaba transformando la sociedad, gracias a la expansión de la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones, a la extensión generalizada del uso de internet y de unos smartphones con capacidades crecientes de captación, tratamiento y trasmisión de información, a la disrupción tecnológica en el campo de los algoritmos aplicados a los Big Data, a la progresiva utilización de la Machine Learning en distintos campos profesionales y sociales, o al uso de la información recopilada por sensores conectados a internet (M2M). Señalábamos cómo el perfeccionamiento continuado de los algoritmos utilizados, el Machine Learning, el tránsito empresarial masivo a la robotización y la progresiva incorporación de la IA a los negocios, o el creciente poder de las multinacionales informáticas para el marketing y control social, entre otros aspectos, estaba teniendo importantes consecuencias socioeconómicas, territoriales y ambientales (aspecto este último que será objeto de reflexión ampliada en otro artículo), destacando su incidencia en temas como la ciberseguridad o el control social.

 

Concluíamos que las principales consecuencias territoriales de una Inteligencia Artificial (IA), considerada como aplicación de sistemas computacionales en máquinas u ordenadores que permiten replicar tareas diversas hasta ahora efectuadas por humanos, superando su rendimiento incluso en el propio proceso de aprendizaje, estaban viniendo asociadas a las modificaciones en el campo del trabajo, con la sustitución de los empleos que quedaban obsoletos por nuevos tipos de trabajo, produciéndose en la actualidad, por ahora, una reducción global en la oferta de trabajo. Reducción que se produce de manera desigual en el territorio, reforzándose sólo los empleos en las sedes centrales y en los servicios directos a la población, con peores condiciones en la empleabilidad por el uso creciente de la figura de “autónomos” que ocupan de forma precaria trabajos que deberían tener la consideración de fijos.

 

Todo ello está colaborando en la pérdida de cohesión social y de la legitimidad de la Política y de los políticos (crecimiento de las posiciones anti-establishment) ante la falta de respuesta satisfactoria a esa fuerte incidencia disruptiva de un cambio tecnológico que se está produciendo cada vez a mayor velocidad, y cuyo desarrollo simultáneo y exponencial en varios de sus procesos coadyuvantes, pueden llevar a una peligrosa explosión de sus efectos disruptivos sobre la sociedad en los próximos años. Destacábamos también cómo un aspecto fundamental en la evolución de las consecuencias de esta dinámica imparable, va a depender del papel que desarrollen los Estados en la recuperación social de los beneficios, y en la distribución y control de las cargas que esta disrupción tecnológica implica. O en el papel que se proporcione y facilite a las innovaciones abiertas –colaborativas y de libre acceso y uso (Creative Commons)- frente a las de empresa privada y uso patentado.

 

En el último artículo incidíamos en las distintas formas de control social que se estaban produciendo de una manera generalizada ya en la actualidad, y en sus importantes consecuencias políticas, sociales y para la propia expansión dirigida de una sociedad de consumo capitalista insostenible.

 

En este artículo vamos a profundizar en algunos de los aspectos y características de ese control social, y a destacar algunas de las propuestas existentes para incidir en su regulación ante la imposibilidad de su reversión.

 

El control de la Inteligencia Artificial aplicada al control social.

 

En muchos países los ecologistas o políticos que plantean una oposición sistemática a las actuaciones de gobiernos, multinacionales o grupos de poder en el campo de la defensa de la propiedad indígena del territorio (Amazonia, por ejemplo), de la defensa de las libertades (China, por ejemplo) del medio ambiente (la lucha contra el fracking, en EEUU, por ejemplo) o de la corrupción en sus distintas variantes (multitud de países en el mundo) están siendo sometidos a un continuo filtro de sus informaciones y sus discursos que, desgraciadamente, en algunos casos van mucho más allá de ese filtrado y terminan afectando a su seguridad o incluso a su vida.

 

El filtrado con técnicas de IA -usando algoritmos específicos- de las informaciones consigue una clara censura en la información o discursos, que cada vez tiene más aplicación en la actualidad. Y que tiene las peculiaridades de que no solo es imperceptible/invisible para las personas, sino que también es continua, automática, generalizada y, en la mayoría de los casos realizada al margen del control o regulación estatal.

 

La IA aplicada a través del filtrado algorítmico, impone restricciones sobre el contenido que se puede recibir, sobre el público al qué se puede llegar, o sobre cómo circula el discurso o la información. Este filtrado ha ido imponiéndose desde las multinacionales a través de criterios ligados al negocio publicitario, pero no sólo. Y es difícil suponer que las plataformas controladas por esas multinacionales privadas, o por el control público estatal, cambiarán voluntariamente la aplicación de la IA y de sus sistemas de filtrado, de manera que afecten a sus beneficios, a sus intereses o a su poder.

 

Las multinacionales de la comunicación se encuentran en un fuerte proceso de mejorar su control, tanto de la información y contenido que “venden”, como de los canales a través de los cuales ese contenido llega al “consumidor”, concebido éste básicamente como tal, desde una filosofía en la que lo principal es el negocio y el adoctrinamiento. Ejemplos como los seguidos por las siete multinacionales de máxima capitalización bursátil ligadas a la nueva Revolución Científico Técnica en sus políticas de adquisición y control de nuevas empresas del sector; o como el de ATT con sus opciones de compra sobre Time Warner; o el de Walt Disney sobre 21 Century Fox, entre otros, muestran la importancia y su capacidad creciente de “adaptación” de los ciudadanos a los intereses y principios asociados a la perpetuación de su poder y de sus negocios.

 

Por otra parte, en un mundo con miles de millones de datos circulando por la red, el filtrado es inevitable para el ciudadano, e incluso es absolutamente conveniente para la eficiencia en el uso de esos datos por el mismo. El problema está en quién realiza el filtrado, los objetivos del mismo, y la manera en que la IA y los algoritmos utilizados inciden sobre la información o el discurso para su conducción o puesta a disposición para ese ciudadano.

 

Especialistas en la materia señalan que es imposible asegurar la neutralidad e imparcialidad en la aplicación de la IA a esos miles de millones de datos. Pero reclaman la intervención de los poderes públicos para regular la posibilidad de aplicar esa IA con lógicas algorítmicas alternativas, que permitan discursos y posicionamientos políticos e informativos diversificados. Intervención que destacan que se debe producir simultáneamente por varios caminos:

 

  1. El primero, es la regulación legal de la obligación de publicar los algoritmos de filtrado utilizados para prevenir la manipulación secreta. Es importante poder conocer las páginas web o las palabras, mensajes, o ideas clave bloqueadas explícitamente, siguiendo las experiencias de los activistas chinos que publican y hacen circular listas de páginas web y palabras clave bloqueadas por el Estado. La regulación no va a permitir el acceso a la información bloqueada, aunque sí el conocimiento implícito de porqué está bloqueada.
  2. El segundo, es la regulación que impida los procesos de hackeo y anulación de plataformas existentes que proporcionan información o discursos que afectan a los que contratan a hackers profesionales para tal labor. Su objetivo es anular esta información o discurso y su aplicación es numerosa en casos de oposición al poder o a los intereses de empresas de distinto tipo. Su efectividad y duración es máxima cuando se oponen a grupos de escasa capacidad económica, técnica o de reacción, que son precisamente los más necesitados de la defensa de los intereses generales por parte del Estado.

 

Pero la estrategia fundamental que reclaman sería la creación, soporte y gestión por los poderes públicos, en defensa de los intereses democráticos generales, de plataformas transparentes en todo lo referente a la IA y a los algoritmos de filtrado utilizados. Proponen favorecer la interacción del usuario con la creación pública de sistemas abiertos de acceso a la aplicación individualizada de dicha IA, con la publicación y explicación del código fuente de sus filtros e, idealmente, con un software libre y de código abierto. Además proponen que estos filtros puedan ser auditables, permitiendo que los usuarios utilicen métodos criptográficos para verificar que sus feeds no han sido manipulados.

 

Como alternativa a esa deseable pero improbable actuación pública, se propone potenciar que organizaciones sin ánimo de lucro, o colectivos independientes sin interés por los códigos propietarios, puedan poner en marcha una nueva generación de plataformas de redes sociales, que permitieran autonomía y control por parte de los usuarios de los procesos y lógicas de filtrado, así como la configuraran de sus propios feeds con sus propios algoritmos, fomentando la experimentación participativa que pueda ser aportada al uso comunitario.

 

En todo caso, la mejora de la calidad de nuestra democracia, en un mundo cada vez más integrado y dependiente de redes sociales y de filtros ejecutados por el poder económico o por poderes políticos autoritarios, precisa una intervención pública reguladora en defensa de los más débiles ante la manipulación consumista o ideológica. Ello exige urgentemente una regulación de la IA y de los algoritmos aplicados al filtrado y manipulación de datos, que asegure principios democráticos básicos como la información veraz y objetiva, la transparencia sin límites, la viabilidad de la diversidad ideológica o de principios, o la capacidad de participación y opinión con autonomía. Y, por otro lado, que deje al descubierto las “posverdades” o fake news, informando de los motivos por los que tienen tal carácter y los difusores e interés de los mismos asociados.

 

El Gobierno español ha encargado un Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Big Data, concebido dentro del Plan España Inteligente 2025, que pretende tener en cuenta las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la utilización de dicha IA y Big Data, y que proponga un código ético sobre el uso de los datos, recogiendo buenas prácticas en la materia y siguiendo las experiencias legislativas ya iniciadas o en marcha en el resto de la Unión Europea. Aunque no podemos confiar demasiado en los comportamientos del Gobierno actual, ésta es una buena oportunidad para sentar las bases que permitan avanzar en las propuestas recogidas en este artículo.