YA NO QUEDAN EXCUSAS PARA ALCANZAR EL REINO DE LOS FINES

YA NO QUEDAN EXCUSAS PARA ALCANZAR EL REINO DE LOS FINES

Si bien no hay mal que dure cien años, ya está resultando excesivo el tiempo que la sociedad española lleva soportando los efectos de la crisis económica. Demasiado llevamos asistiendo a un escenario donde una minoría multiplica su riqueza a costa de lo que le pertenece a la mayoría de la población.

El Gobierno socialista, con la concesión del derecho de veto a las organizaciones empresariales, les ha dado vía libre para torpedear el diálogo social. Por si fuera poco, ha apuntalado esta medida con su negativa a eliminar los elementos más lesivos de la reforma laboral. En resumen, volvemos a lo mismo: una minoría que sigue aumentado sus beneficios gracias a la aplicación de las reformas laborales. Además, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a los miles de pensionistas y, para más inri, ha anunciado que, en esta legislatura, no va a derogar la reforma de las pensiones de 2013, ni el factor de sostenibilidad impuesto por el PP.

Claramente, no nos encontramos solo ante un problema de correlación de fuerzas parlamentarias y de diversidad de las posiciones que conforman las fuerzas políticas que apoyaron la moción de confianza, tal y como insinúa el Gobierno. Ante lo que estamos, es ante un Ejecutivo que no quiere modificar los compromisos adquiridos por parte de gobiernos anteriores con la Comisión Europea.

El principal objetivo de la política gubernamental no puede seguir siendo el estricto cumplimiento de las directrices impuestas por la Comisión Europea. Sobre todo, si tenemos en cuenta la política europea aplicada en la gestión de la crisis. No hay más que realizar un somero análisis para concluir que solo ha llevado a pobreza, desigualdad, además de la ruptura de la tan beneficiosa cohesión social tanto a nivel interno nacional, como entre los diferentes países que conforman la UE. En este sentido, no resulta aventurado apuntar que el responsable del origen y ascenso de la extrema derecha, así como el fortalecimiento de las élites económicas, políticas y sociales no es otro que el de las políticas llevadas a cabo por la Comisión Europea.

Hace poco, se decía desde el Ejecutivo que la política y la economía no son un fin en sí mismas, sino que deben estar al servicio de las personas, que bien apuntaba Inmanuel Kant que deberían ser las protagonistas del “reino de los fines”. La idea es buena y moralmente correcta, solo falta que el mero lenguaje declarativo y espejo de lo “políticamente correcto” se convierta en algo más que en palabras y estas dejen de tener un trasfondo meramente insustancial.

El Gobierno, con una adecuada política económica y social donde los ciudadanos fueran fines en sí mismos y, por ende, su bienestar social el objetivo a seguir, debería establecer políticas que se alinearan con la mayoría social, la cual debe de estar ya saturada de seguir sufriendo los perniciosos efectos de la crisis, sin recibir las deseadas consecuencias del crecimiento económico. Dejemos ya a un lado las intenciones declarativas y pasemos a los hechos.

Las reformas estructurales que puso en marcha el PP modificaron la faz de nuestro país. Se cambió la correlación de fuerzas entre las clases, se limitó así la democracia y se implantaron propuestas económicas y financieras que siempre han estado al servicio de las élites y, en consecuencia, en contra de la mayoría social de la clase trabajadora.

En este sentido, el Gobierno del PSOE, debería haber abordado verdaderas reformas estructurales que tuvieran como objetivo un empleo asociado al crecimiento económico, pero de calidad, el cual está vinculado al cambio de patrón de crecimiento.

Este deseable escenario es incompatible con el actual, pues un nuevo modelo económico y social exige la derogación de las reformas laborales, con el fin de que se pueda alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas, al fin y al cabo, fines en sí mismas. Alguna actuación tendría que haberse dado en estos más de siete meses.

Seguro que, como siempre, en la campaña electoral volverán a brillar las políticas tildadas como cercanas a la socialdemocracia. Aquellas que hablan de limar las aristas más pronunciadas del capitalismo y, otra vez más (y ya van demasiadas), sonarán a promesas para los días de fiesta. Aquí lo prometido no es deuda, una vez que se ocupan los sillones gubernamentales, o las palabras se las lleva el viento, o las que no se lleva se incumplen.

Se vuelve a la dura realidad, del donde dije digo, ahora digo Diego, “necesitamos pactos transversales entre el bloque de izquierdas y el de derechas. Todo lo que sea soluciones unilaterales, llevan el fracaso” según Jordi Sevilla en sus declaraciones a El Mundo, el 4 de marzo de 2019. Mostrando sus intenciones con esta afirmación:  «el Gobierno debió intentar más en serio buscar el acuerdo en la reforma laboral no solo con los sindicatos, que por supuesto, sino también con CEOE». Alguien debería volverle a informar, esta vez adecuadamente, de que Gobierno, CEOE y sindicatos han estado negociando desde el pasado mes de julio. No creo ni por un segundo que los participantes en este diálogo social no fueran a negociar seriamente. A no ser, claro está, que negociar en serio se interprete como sinónimo de aceptar las propuestas empresariales. El problema es que en el diccionario de las organizaciones sindicales no se registra ese tipo de sinónimos.

La construcción de una política con dimensión social no puede, ni debe, ser dependiente de las políticas que dicta la Comisión Europea. Una actitud ética y responsable del quehacer político no debería olvidar, ni por un instante, que una sociedad que distribuya la riqueza no puede registrar estas grandes diferencias entre pobres y ricos. Es incompatible con una minoría tan detestable que se atreve a poseer más de lo necesario, mientras otros sufren la desigualdad, la pobreza y la precarización. Cualquier poder político no puede, ni debe ser cómplice de estas situaciones de desigualdad.

España, hoy, es un país más desigual e injusto que al principio de la crisis. Se ha producido un trasvase de rentas del trabajo a excedente empresarial y este no se ha recuperado. Queda así patente la urgencia de corregir la legislación que ha generado la desigualdad e injusticia.

España crea empleo, sí, pero también más paro y brecha laboral de género. La precariedad afecta a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. El descenso del paro se produce a costa de una menor calidad y una mayor precariedad del empleo que se genera. Además, el rostro del desempleo, de la precariedad y la pobreza sigue teniendo preferentemente nombre de mujer.

La brutal contratación temporal, asociada a la rotación y a la precariedad, es simultánea a la precarización de la contratación indefinida y a las grandes dificultades para acceder a un empleo estable. Como ha demostrado el informe elaborado por el Gabinete Económico de CCOO: «La falta de enmienda de la reforma laboral sigue precarizando la contratación indefinida».

No exagero ni un ápice al afirmar que es justo admitir que la igualdad política sin igualdad real no es más que una cruel ilusión. Al Gobierno, desde la moción de censura contra la política corrupta, conservadora y reaccionaria del PP, le ha faltado audacia para abordar los cambios legales necesarios de los elementos lesivos de la reforma laboral que hacen que la desigualdad y la precariedad sean la principal seña de identidad de España.

En este tiempo, desde el inicio del Gobierno, su prioridad tendría que ser la agenda social, acometiendo la desregulación del marco de las relaciones laborales que propició el PP (escudado en reformas legales con carácter de urgencia); gobernar para recuperar el equilibrio de las partes en la negociación colectiva y cambiar la correlación de fuerzas de la sociedad.

Algunas de las medidas aprobadas en los últimos Consejos de Ministros, no cabe duda que son medianamente positivas, pero más honesto sería reconocer que son propuestas de los sindicatos en el diálogo social, las cuales, todo sea dicho de paso, han sido rebajadas por parte del Ejecutivo. Este, por su parte, no ha tenido ningún empacho al presentarlas improvisadamente y, lo que es peor, obviando el diálogo social.

Las reformas laborales adoptadas por los sucesivos gobiernos, en especial la del Gobierno del Partido Popular de 2012, han tenido y tienen consecuencias graves sobre los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y las trabajadoras. No hay duda: arrojan un saldo muy negativo. No solo han afectado al empleo en cantidad y calidad, sino también, gravemente, a la negociación colectiva. Se ha generado un escenario indeseable en las relaciones laborales, tanto en cuanto al equilibrio entre el poder empresarial y los derechos del mundo del trabajo, cuanto al diálogo social y la negociación colectiva.

La reducción de los derechos de la clase trabajadora, junto al incremento del poder discrecional de los empresarios, ha reducido de manera grave el contrapeso sindical, administrativo y judicial. El derecho del trabajo ha quedado gravemente dañado, a la vez que se ha impulsado un intervencionismo que ha roto la autonomía de las partes. Los escasos y magros resultados del diálogo social han impedido desarrollar principios tan fructíferos como la solidaridad, participación y responsabilidad, los cuales los sindicatos podían haber impulsado en las políticas económicas y sociales.

Por todo esto, entre otras muchas más cuestiones y siendo conscientes de la correlación de fuerzas a nivel parlamentario, es muy importante que el Gobierno legisle. Aún queda, hay tiempo hasta el 28 de abril. Hay que reparar en materia de negociación colectiva aspectos tan primordiales como la primacía del convenio sectorial, la subcontratación, el mantenimiento de la ultraactividad… y, por supuesto, la derogación de la reforma de las pensiones de 2013.

El reforzamiento y la primacía del convenio de empresa en detrimento del convenio del sector, auspiciado por el PP con el apoyo de las organizaciones empresariales, las instituciones financieras y los lobbies de presión económica y mediática tienen como consecuencia: la devaluación de los salarios, el retroceso de las condiciones de trabajo reguladas por convenio, los empleos precarios, la expulsión del trabajo regular, el aumento del desempleo, brutal en las personas jóvenes, mujeres e inmigrantes y, por si fuera poco, aderezado con el debilitamiento  de los sindicatos. ¿Quién duda de una urgente y extrema reforma legislativa en materia laboral con este panorama?

La negociación sectorial es clave para incrementar la cobertura de la negociación a la mayoría de las personas que trabajan. Cuando se está proponiendo la modificación legislativa de los contenidos más lesivos de las reformas laborales impuestas en 2010, 2011 y 2012, es con conocimiento de causa. Está más que estudiado y comprobado que una de las mayores causas de la actual desigualdad tiene que ver con el poder otorgado a las organizaciones empresariales en el marco de la negociación de los convenios que santificó la reforma laboral de 2012.

La primacía del convenio de empresa sobre el sectorial que han instalado las reformas laborales ha servido para debilitar el papel regulador que tienen los convenios en los centros de trabajo en las condiciones de trabajo. Es decir, son una fuente clara de reducción de la desigualdad y estas reformas la han dejado seca. Ni que decir de la ultraactividad que, en manos de los empresarios, se ha aplicado para eliminar la negociación de los convenios.

Resulta difícilmente justificable que el Gobierno no legisle en esta materia. No quepa duda que la acción del Gobierno ha de condicionar el futuro y los resultados electorales.

El 5 de marzo pasado, se celebró la II Conferencia Nacional Tripartita, dentro de las actividades que organiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el centenario de su fundación con el lema «El Futuro del Trabajo que queremos» y con la participación del Gobierno, las organizaciones empresariales, los sindicatos y el director de la OIT.

Desde este colectivo internacional, se ha reiterado la importancia de que los gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos abran camino para revitalizar un contrato social que asegure a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su constante contribución a la economía. A la vista de los hechos, no parece que el Gobierno y las organizaciones empresariales reaccionen de forma positiva a la puesta en marcha del diálogo social para la mejora de todos los actores que intervienen, más allá de los fastos florales que esconden los discursos.

El 5 de marzo se convocaron las Elecciones Generales para el día 28 de abril. Sus resultados marcarán las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.

La lucha contra la desigualdad debe ser el eje principal del programa que se presente desde las posiciones de la izquierda. Sus propuestas deben acudir a estas elecciones con ilusión y confianza, con un programa que alumbre un proyecto de país que luche por una economía más justa, impensable sin un nuevo modelo productivo, sostenible, que genere empleo de calidad y estable. Hay que modificar las pasadas agresiones del Gobierno del PP. Hay que apostar por un país democrático y solidario, que aplique los derechos que tienen el punto de mira a las personas como fines y no como medios para una minoría enriquecida a su costa. El derecho al trabajo, a la dignidad en el trabajo, a la representación, a la negociación colectiva, a organizarse en los sindicatos, a la huelga, a la potenciación del diálogo social sin limitaciones, a una protección social y servicios públicos fuertes, a la igualdad, a que de una vez por todas la democracia regule el marco de las relaciones laborales…

Las tres derechas tridentinas (PP, Ciudadanos y Vox) apuntan a un resurgir de un régimen autoritario y a un debilitamiento de la democracia, al tiempo que representan los intereses de las élites, del IBEX, de las multinacionales, de las grandes empresas financieras y mediáticas, de los que con las anteriores políticas del PP han conducido a este país de países a la desigualdad, a la pobreza y a la precariedad.

El futuro de la triderecha viene marcado por más políticas de austeridad, desmantelamiento de lo público, por el ataque a los derechos de los trabajadores y de las mujeres, por la persecución de los inmigrantes y la restricción de los derechos democráticos.

El ciclo electoral a que nos enfrentamos es una oportunidad de oro, única, ineludible, para avanzar en la lucha contra la desigualdad, para derogar las reformas de la derecha, para defender la solidaridad y los derechos sociales, así como para reforzar las organizaciones de izquierda y los sindicatos.

Ningún voto de las personas progresistas puede ir a los partidos de la derecha, ni puede nadie refugiarse en la abstención. Si las fuerzas de izquierda expresan un programa serio en el contenido que recoja las aspiraciones de la mayoría social, las fuerzas de izquierda pueden alzarse con la victoria. Seamos responsables.