¿VOLVER A EMPEZAR?

¿VOLVER A EMPEZAR?

En el debate abierto entre Pedro Sánchez y los responsables más afines del PSOE (núcleo duro), después del debate fallido de investidura, han triunfado los partidarios de no hacer ninguna concesión a la pretensión de Unidas Podemos (UP) de participar con ministros en el pretendido gobierno. La decisión contempla también volver a celebrar elecciones generales el 10 de noviembre del presente año, salvo que Sánchez mantenga su candidatura y UP termine por rendirse, retire su exigencia y vote la investidura del candidato del PSOE sin contrapartidas (cheque en blanco, o contrato de adhesión sin condiciones), lo que evitaría las elecciones pero dejaría al nuevo gobierno en completa soledad y convertiría la legislatura en un auténtico laberinto, al margen de mejorar la imagen y valoración de UP como partido responsable.

Los defensores de esta posición han llegado a la conclusión de que con UP en el gobierno sería inevitable el conflicto a medio e, incluso, a corto plazo. Ante esta hipótesis, defienden, de acuerdo con las encuestas favorables publicadas (incluida la del CIS), que es mejor celebrar elecciones cuanto antes (mes de noviembre) ante la imposibilidad de terminar la actual legislatura. Posteriormente a esta fecha, los resultados serían notablemente menos favorables en un contexto económico previsiblemente más adverso.

Eso explica que no existan diferencias insalvables en las conversaciones sobre el documento programático de 370 medidas, presentado por el PSOE con alarde de medios y después de reunirse con sindicatos y diversas organizaciones sociales. Esta experiencia ha vuelto a demostrar la capacidad de los partidos socialdemócratas para presentar iniciativas programáticas y, paralelamente, las dificultades para pactar con partidos a su izquierda e, incluso, en algunos momentos, para aplicar las medidas programadas al estar muy condicionadas electoralmente por no abandonar la centralidad política (tercera vía). En todo caso, hay que dar por hecho, en las actuales circunstancias, que la aplicación de algunas medidas (con costo económico) será difícil en un marco político, económico y social condicionado por la desaceleración económica en la UE, el Brexit, la guerra comercial entre EEUU y China y, en España, por el déficit y la deuda pública, el desempleo, la protección social, el deterioro de los servicios públicos, la financiación autonómica y, finalmente, el desarme fiscal.

Por lo tanto, no debe extrañar que Sánchez, en la actual coyuntura, haya intentado un acuerdo con Ciudadanos y tenga como referencia a Macrón en la UE. En este sentido, la participación de UP en el gobierno sería contradictoria con esta práctica política y muy mal vista por algunos sectores de la UE. Lo más llamativo de todo es que Sánchez, a pesar de haber ganado la batalla interna dentro del partido, ha asumido en buena medida las ideas de la oposición (Susanistas) en su relación con UP. Con esta decisión ha minimizado la contestación partidaria y, como consecuencia, ha frenado la participación y silenciado el debate a la hora de tomar decisiones de calado. En este sentido, lo ocurrido en el PSOE en las pasadas elecciones en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid resultó sumamente desalentador y representa un ejemplo muy significativo de esta falta de debate interno.

En todo caso, el presente escenario político resulta relativamente cómodo para el PSOE ante unas derechas en profunda crisis política, a pesar de que gobiernan en algunas CCAA importantes (entre ellas Madrid). El PP se ve nuevamente asolado por casos de corrupción pasados y sin haber asumido la necesaria autocrítica y la imprescindible depuración de responsabilidades políticas. Ciudadanos se encuentra inmerso en profundas contradicciones y sin un espacio definido y capaz de generar ilusión en el centro político, en su lucha por ocupar el liderazgo dentro del bloque de la derecha. Vox, como se esperaba, está instalado en el monte y trabaja cómodamente a la sombra de Trump, Bolsonaro y Salvini y, lo que resulta más grave, sigue utilizando las migraciones, el cambio climático, la seguridad ciudadana y la memoria histórica como estandartes de su política populista y reaccionaria.

Tampoco UP, con serios problemas de cohesión interna (lo ocurrido en la formación del gobierno de La Rioja es un ejemplo lamentable), representa un problema serio para Sánchez. Sobre todo cuando, hasta el momento, ha sido incapaz de explicar bien su estrategia y lo que realmente pretende a corto y medio plazo. En este sentido, UP debe dejar suficientemente claro si pretende gobernar o encabezar la oposición a la izquierda del PSOE. Y, por supuesto, redefinir su política en el tema catalán que, si bien resulta legítima, es incompatible con su participación en un gobierno encabezado por el PSOE.

Mientras esto ocurre, los ciudadanos se encuentran perplejos y se oponen con fuerza a celebrar nuevas elecciones. Efectivamente, la repetición de elecciones no es una buena alternativa; es simplemente la consecuencia más negativa del fracaso de la izquierda para llegar a acuerdos programáticos de gobierno. Por eso es muy conveniente que el PSOE sepa que muchos ciudadanos no están plenamente convencidos de su relato ni de los pasos y argumentos que se han esgrimido en los últimos meses, y menos su falta deliberada de actividad negociadora en el mes de julio y agosto. Los ciudadanos tampoco han asumido que UP sea el único culpable del actual desacuerdo y, por lo tanto, de no haberse formalizado un gobierno de izquierdas. Por otra parte, a los ciudadanos nadie les garantiza que la repetición de elecciones resolverá el problema de gobernabilidad, sobre todo cuando todo indica que la transferencia de votos entre bloques será muy difícil y la consecución de mayorías absolutas resulta muy poco probable, según todas las encuestas y diversos comentaristas (El Roto, El País: “Si malgastáis nuestros votos ya no habrá más”), al margen del riesgo de que vuelva la derecha o del hipotético avance y consolidación del PSOE.

Por último, es necesario resaltar el cansancio de los ciudadanos en la actual situación y los altos riesgos de abstención e indiferencia de los electores, sobre todo cuando los problemas sociales afectan a mucha gente y persisten las dificultades derivadas de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Los últimos datos de paro registrado en el mes de agosto en las Oficinas Públicas de Empleo y, lo que es más importante, los datos de afiliación a la Seguridad Social así lo confirman: 212.984 cotizantes menos, el peor dato en agosto desde 2.008.

Por eso, para UGT y CCOO, resulta muy urgente dar una solución a los casi 3,5 millones de desempleados (particularmente a los más jóvenes y mayores de 52 años); reducir la altísima temporalidad (que afecta al 27% de los asalariados y duplica la media de la UE-28); asegurar la paridad entre hombres y mujeres; revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad y hacer sostenible el Sistema; y, finalmente, mejorar los servicios públicos, en particular la educación , la sanidad, la vivienda y la dependencia. De la misma manera denuncian que los ingresos fiscales en España están 7,4 puntos por debajo de la zona euro, el gasto público 5,5 puntos y, sobre todo, que el fraude fiscal es escandaloso e intolerable y la inspección insuficiente en cuanto a dotación de medios, lo que exige la pronta aplicación de medidas urgentes para atajar estos gravísimos problemas.

Por todo ello, en la actual coyuntura, España necesita urgentemente un gobierno fuerte, estable y duradero. Empeñado, sobre todo, en reducir las desigualdades (mejorando la redistribución) y en dar respuesta a nuestras necesidades económicas y sociales más graves: cambio y modernización de nuestro modelo productivo, potenciación de la industria, apostar por la digitalización, impulsar la investigación, mejorar la competitividad de nuestras empresas y potenciar la economía de España en el concierto internacional… Ello debe redundar también en el empleo (políticas activas de empleo), en la superación de la precariedad y en una mejor protección social. Sin olvidar otros asuntos de plena actualidad: la igualdad de género, el cambio climático, el debate territorial (Procés) y las migraciones. Estos problemas no pueden esperar por más tiempo y, en estas circunstancias, las explicaciones son innecesarias y carecen de fundamento.

Finalmente, con la actual relación de fuerzas y la mayoría absoluta del PSOE en el Senado, es muy arriesgado convocar unas elecciones sin tener garantías de que vuelva a triunfar la izquierda y de que se resolverá el problema de gobernabilidad, incluso si ello significa aumentar la diferencia  de votos que separa al PSOE de UP y de otros partidos. También resulta lamentable especular de nuevo en torno a un acuerdo con Ciudadanos (previsiblemente debilitado), si se repiten las elecciones el 20 de noviembre, como plantean algunos poderes fácticos: UE, sector financiero, empresarios, medios de comunicación… En este caso, la pregunta sería de nuevo obligada: ¿Gobernar con quién, pero también para qué?, partiendo de que, en la actualidad, es materialmente imposible desarrollar una política de marcado carácter socialdemócrata con Ciudadanos y de que los afiliados al PSOE ya se pronunciaron públicamente de manera negativa (“Con Rivera No”).

Razones suficientes para que los sindicatos y las organizaciones progresistas insistan en la movilización de los ciudadanos exigiendo al PSOE y a UP un Acuerdo Programático de Legislatura para los próximos cuatro años. A pesar de todas las dificultades enumeradas, todavía es posible un acuerdo si elevamos la altura de miras. No desperdiciemos esta última oportunidad. España no está para experimentos: gobierno de cooperación, experiencia temporal de gobierno compartido, mediación (imposible) de la monarquía… y mucho menos para celebrar unas nuevas elecciones.