VAN A POR TODAS (y II)

En el artículo de la semana pasada [“Van a por todas (I)”] señalábamos cuatro elementos que conforman la ruptura independentista, a saber, una actuación que ya no tiene marcha atrás, una operación que se ha impuesto coactivamente a la oposición no separatista, un avance de lo que sería el primer entramado jurídico de la República catalana y, en conexión con lo anterior, la puesta en marcha del instrumento que va a permitir alcanzar la independencia, el referéndum de autodeterminación.

Empezando por una actuación que ya no tiene marcha atrás hay que señalar que la imposición de dos Leyes no sólo inconstitucionales sino de ruptura con el Estado español (con los subsiguientes Decretos de desarrollo de una de las dos Leyes, la del Referéndum de Autodeterminación) nos muestra que por parte de los independentistas ya no hay retorno. Ya sólo les queda avanzar para proclamar la República o ser interceptados en su carrera por parte del Estado. El tema es importante no sólo por lo que obliga a actuar al Estado (máxima dureza frente a unos rebeldes, no armados, pero igualmente rebeldes) cuanto por las consecuencias del 2 de octubre: ¿cómo se podrá negociar con una gente que ya está echada al monte?

Antes de avanzar hacia al segundo elemento que conforma la ruptura hay que apuntar dos ideas. La primera es que el PNV ha advertido en la mañana del 6 de septiembre que una respuesta demasiado dura dificultaría las relaciones de los nacionalistas vascos con el Partido Popular. Pero el PNV olvida el grado máximo de rebelión en que han entrado los independentistas, de modo que a los rebeldes se les vence o te vencen, sin medias tintas: puedes ser benevolente después y amnistiar al rebelde pero el rebelde tiene que ser condenado. La segunda cuestión es que, precisamente por esa actitud de absoluta ruptura sin marcha atrás, los golpistas han trastocado el lenguaje como se ve en la intervención del Presidente Puigdemont en la Diada: afirmó que sólo el Parlamento puede desposeerle de su condición pero el Tribunal Constitucional tiene potestad para hacerlo. Afirman todos los secesionistas que actúan y actuarán conforme a las Leyes, pero son Leyes suspendidas y carentes de los más mínimos requisitos para tener validez en el ordenamiento español. Afirman que quieren votar, pero en Cataluña desde 1977 han votado casi cuarenta veces. En España sólo había ocurrido una vez un fenómeno similar de manipulación del lenguaje y fue cuando los rebeldes de 1936 acusaron de rebelión militar a los defensores de la legalidad republicana. En la mañana del mismo día 11 un antiguo dirigente de Esquerra Republicana, Puigcercós, denunció que la Guardia Civil impedía la libertad de expresión por registrar la sede de un semanario subvencionado (como todos) por la Generalidad cuando la presencia de la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, era por la imprenta del semanario, no por el semanario en sí. Han tomado el lenguaje y le han dado la vuelta como un guante.

El segundo elemento de la ruptura independentista es una operación que se ha impuesto coactivamente a la oposición no separatista. Si lo pensamos, las dos Leyes aprobadas irregularmente en el Parlamento se podían haber tramitado con plena regularidad en el Parlamento (con independencia de su contenido golpista). Hubiera bastado que las dos proposiciones de ley se hubieran admitido a trámite a principios de agosto. ¿Por qué han actuado de manera tan avasalladora contra los derechos de los Diputados de la oposición? En principio, hay que pensar que lo han hecho para evitar la prohibición del Tribunal Constitucional pues si la Mesa del Parlamento hubiera admitido a trámite las dos proposiciones de ley y hubiera iniciado su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario (enmiendas, eventual debate de totalidad, Ponencia, Comisión, posible petición de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, etc.) la petición de suspensión del procedimiento legislativo por parte del Tribunal Constitucional hubiera llegado cuando aún estaban en plazo de enmiendas, por lo que la Presidenta y la Mesa hubieran incurrido en desobediencia antes de aprobar cada Ley. Con el procedimiento exprés de unas pocas horas la mayoría secesionista ha podido aprobar ambas Leyes sin apercibimientos previos del Tribunal Constitucional pero en realidad es uno más de tantos gestos pueriles de los secesionistas y de sus toscos asesores jurídicos: a nadie que sepa leer se le escapa que las dos Leyes están incursas en las prohibiciones del Tribunal Constitucional por lo que a la hora de la verdad la Presidente Forcadell y sus cómplices de la Mesa no podrán aducir que no sabían lo que hacían al votar la admisión de trámite de las proposiciones de ley.

Y como esta operación de inventar un trámite legislativo de pocas horas de duración para aprobar (¡nada menos!) la Constitución provisional de la República de Cataluña tenía poco recorrido y no ofrecía especial dificultad jurídica a la Presidenta Forcadell y a sus cómplices de la Mesa, hemos de entender que con la maniobra parlamentaria que impidió a los Grupos Parlamentarios de la oposición participar en la tramitación de ambas Leyes perseguía en realidad otra cosa: mostrar su poder sobre la oposición, negar a ésta el pan y la sal y enseñarle que en la futura República catalana sólo mandan y hablan los independentistas. En definitiva, una forma de humillar a la oposición. Por eso llama la atención que algunos diarios madrileños y también La Vanguiardia hablaran de filibusterismo de la oposición. Es muy injusto acusar de filibusteros a tres Grupos Parlamentarios que trataban de defender sus legítimos derechos fundamentales, vulnerados por una Mesa sectaria y por una Presidenta tosca que no ha dejado de ser una pequeña agitadora callejera.

El tercer elemento de la ruptura es el avance de lo que sería el primer entramado jurídico de la República catalana, avance expresado en las dos Leyes. Sobre la más trascendente, la Llei de transitorietat jurídica i fundació de la república ya hemos hablado aquí (Javier García Fernández: “La Ley de Transitoriedad Jurídicas y Fundacional de la República”, Sistema Digital, 1 de septiembre de 2017). Es un texto técnicamente bastante basto, que quiere tener la estructura de una Constitución pero sin originalidad porque se limita a copiar la Constitución española de 1978 y el Estatuto de 2006 pero con tres aditamentos, a saber, la proclamación de la República si el referéndum fuera mayoritariamente favorable a la independencia, un  modelo de división de poderes donde el gobierno del Poder Judicial queda sometido al Gobierno y al Parlamento, y, en tercer lugar, unos preceptos sobre la transición de un sistema político a otro. La segunda Ley, cuya aplicación abriría paso a la primera es la Llei del referéndum d’autodeterminació que configura un referéndum-trampa porque no establece porcentajes mínimos de participación, de modo que bastarían que participaran tres personas y dos votarán “sí” para proclamar el Estado independiente. El Consejo de Europa, a través de su órgano denominado Comisión de Venecia, pone exigencias rigurosas a los referenda y si bien es cierto que estas recomendaciones sólo tienen naturaleza de soft law, son un buen parámetro para medir si una convocatoria de este tipo es o no democrática, y con esos parámetros se ve que el tipo de referéndum que contempla esta Ley es impositivo para una mayoría. Se ve por estos textos que los independentistas quieren levantar un Estado autoritario, lo que es lógico porque saben que no tiene el apoyo de la mayoría de los catalanes (Javier García Fernández: “La noción independentista de democracia”, El País, 10 de septiembre de 2017).

Finalmente, el cuarto elemento de la ruptura política que propugnan los secesionistas es la puesta en marcha del instrumento que va a permitir alcanzar la independencia, el referéndum de autodeterminación. Después del Pleno-atraco en que se aprobó la Llei del referéndum d’autodeterminació el Gobierno catalán aprobó de inmediato dos Decretos, ya impugnados por el Gobierno de la Nación, el 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, y el Decreto 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, expedidos ambos por todo el Gobierno para diluir responsabilidades en otro caso de maniobras pueriles porque la responsabilidad penal no va a venir de la expedición de un Decreto sino de su aprobación por todos los miembros de un órgano colegiado. Y en coherencia con todo ello Puigdemont y sus cómplices insisten en celebrar algo que está prohibido por el Tribunal Constitucional, incluso ya se han inventado la fórmula para que los Mozos de Escuadra no participen, como Policía Judicial, en la represión del acto ilícito: asignarles a funciones contra el terrorismo. Habrá que ver a quien obedece el jefe de los Mozos que acudió con pistola a la cita del Fiscal Jefe de Cataluña…

Todo hace pensar que los secesionistas van a por todas. Pero, como manifestaba Josep Borrell el 10 de septiembre en El Mundo, si el Gobierno no toma las medidas necesarias para impedir el referéndum, “el Estado español habría dejado de existir”.