UNIVERSALIDAD Y DONACIONES

La Fundación Amancio Ortega dona 320 millones a la sanidad pública para la compra de material oncológico… y se arma la de San Quintín. Las principales posturas del debate se dividen entre aquellos que se felicitan por el compromiso de un privado con la lucha contra el cáncer, por un lado. Y quiénes se oponen a que un privado condicione con sus decisiones la voluntad -que debería ser general- del sistema público sanitario, por otro. Incluso dentro de la propia izquierda política, esta cuestión ha suscitado debate.

Para quienes son favorables a esta donación condicionada (o finalista), cuestan entender los porqués al rechazo de una donación tan suculenta y de unos recursos materiales tan necesarios. Para el común, que la intención sea la bondad o el ventajismo fiscal o ambas es una cuestión sin importancia. Prima el objetivo explícito (la mejora de la investigación oncológica), sobre el objetivo implícito. Es más, rechazarla equivaldría, en términos generales, a rechazar una mejora en las condiciones de la salud pública: lo que es, para este grupo nada despreciable de personas, algo inhumano en injusto.

En la otra cara de la moneda están quienes piensan que sería inhumano e injusto aceptar una donación que, en lo fundamental, supone la imposición de una voluntad ajena. Un particular le impone al sistema, a través de su especial capitalización, a qué debe atender y a qué no; lo que supone para ellas una discriminación implícita de facto. Mientras las enfermedades y pacientes oncológicos reciben una mejora en su atención (directa e indirectamente), las demás enfermedades y pacientes no solo no reciben esa mejora, sino que además pierden calidad relativa en su atención. Su queja no va contra la mejora en la atención oncológica, sino en las consecuencias que ese mecanismo de mejora -tal como se plantea- traerá para los demás pacientes y para el conjunto del sistema.

Esta lógica la extienden hasta alcanzar al conjunto de sus usuarios/as. Para el primer grupo, el rechazar “todas” las donaciones es causa de un daño irreparable inmediato a “todas” las personas: fomenta las enfermedades, aumenta el dolor y el sufrimiento, resulta hasta irracional rechazar algo que te dan sin pedir nada a cambio. Mientras que, para el segundo grupo, el aceptarlas causa también un daño grave, aunque a medio y largo plazos: fomenta unas enfermedades mientras mitiga o suprime otras, causa desequilibrios porque mejora la atención para algunas personas mientras la pauperiza para otras -por criterios además impuestos desde fuera y ajenos a la equidad-, y la irracionalidad está presente sí pero cuando se cogen sin mirar todos los caramelos que te lanzan a la puerta del colegio.

 

Una vez marcadas las posiciones, ambas apoyadas en las mejores intenciones, cabe preguntarse por qué, si desean lo mismo, defienden opiniones opuestas. El quiz de la cuestión está en que, aunque parece que defienden lo mismo, no lo hacen. El primer grupo defiende la mejora de los pacientes oncológicos (objetivo particular), mientras que el segundo reivindica la mejora extensiva de la atención sanitaria (objetivo general). Ambos son objetivos compatibles, incluso en muchos planteamientos posibles serían parte del mismo objetivo, pero ello no quiere decir que sean el mismo. Es más, ante esta donación condicionada demuestran ser objetivos muy diferentes.

Dos diferencias sutiles los alejan radicalmente. Primera: la interpretación de la “racionalidad” en el aceptar o no las subvenciones (coger sin mirar/mirarlo con lupa). Segunda: el plazo de las consecuencias negativas si no se hace lo que cada discurso demanda (corto/medio-largo). Esta última diferencia favorece comunicativamente al primer grupo sobre el segundo -una ventaja que es una puerta abierta a la demagogia-, pues siempre se ve mejor aquello que tiene consecuencias a corto plazo que aquello a medio/largo (fíjense sino en el llamado “experimento de la golosina”). Pero no por ser así se resta credibilidad a uno sobre otro, si acaso sí hace más necesario un atento análisis.

En este debate nos encontramos ante un reto retórico en forma de falacia de composición, o sea, en tomar la parte por el todo. Para el primer grupo, rechazar “esta donación” equivale a rechazar “todas las donaciones posibles” para el sistema público. Mientras que, para el segundo grupo, aceptar “esta donación” equivale a aceptar “todas las donaciones”. Si las rechazamos todas, el sistema no mejora o lo hace más lentamente. Si las aceptamos todas, el sistema se desequilibra más hacia unas enfermedades y pacientes que hacia otras. Ambas posiciones, maduradas en el tiempo, llevan al mismo fin: el sistema sanitario público se convierte en inhumano e injusto. He aquí porque ambas posiciones parecen iguales.

Para discernir entre ellas, elegimos un espejo frente al que se puedan mirar y, así haciendo, observar y comparar los puntos oscuros que conllevan siempre todas las posiciones cuando entramos a mirarlas al detalle. En este caso, ya que ambas dicen defender al sistema público sanitario, no existe mejor espejo que su principio fundamental: la universalidad. Un principio que exige, por un lado, una atención igual a cualquier paciente (independientemente de su raza, sexo, creencia o condición económica) y, por otro lado, la atención igual de cualquier enfermedad (independientemente de su porcentaje relativo de casos en el total de la población).

Siendo así las cosas, vemos como las donaciones condicionadas, como la de Amancio Ortega, contravienen el Principio de Universalidad. Mientras que las donaciones generalistas no lo hacen. No es igual donar 320 millones al conjunto del sistema para un reparto equilibrado de recursos capaz de beneficiar a todos/as, que hacerlo para que mejoren más unos que otros o, en el peor de los casos, que mejoren unos y empeoren otros. En buena lid, es más que justo destinar cada vez mejores recursos en la lucha de unos/as pacientes contra su enfermedad, pero no a costa de empeorar los recursos de otros/as en su propia batalla. Las donaciones condicionadas suponen aceptar esto último.

En consecuencia, el Principio de Universalidad dirime eficazmente el debate, y lo hace de dos formas distintas. Por un lado, nos ofrece el espejo frente al que comprobar que el Principio de Universalidad que fundamenta el sistema público sanitario es incompatible con las donaciones condicionadas. Y, por otro, nos ofrece también la escala de grises para despolarizar este debate y comprobar como, frente al rechazar/aceptar “todas las donaciones”, cabe la posibilidad de distinguir entre las consecuencias de una donación condicionada (como la de Amancio Ortega) y una donación generalista (realizada al conjunto del sistema). A efectos morales y fiscales ambos tipos de donación tienen las mismas consecuencias, no así en cuanto a la protección de una universalidad que garantiza una sanidad para todos/as.

Este análisis se hace partiendo de que ambos grupos pretenden defender el sistema público sanitario. Si no fuese así, otro gallo cantaría. Porque en este tema, como en los demás, el demonio se esconde en los detalles.