UNA SUTIL MUTACIÓN CONSTITUCIONAL

gfdez270116

Cuando el pasado viernes 22 se concatenaron las noticias en torno a la investidura del Presidente del Gobierno, las críticas a la huida hacia delante de Podemos y la huida hacia atrás de Rajoy se centraron en la actitud preponte de Iglesias Turrión, de franco desprecio al PSOE y a su Secretario General (reiteradas en El País y en la Cadena SER el 25 de enero), en tanto que las críticas a Rajoy se fundamentaron en la actitud taimada del Presidente en funciones que daba un paso atrás, sin renunciar a nada, en la carrera hacia la investidura a la espera de que otros (el socialista Sánchez) fracasaran.

Más allá de las críticas a un partido y a su dirigente (Podemos e Iglesias Turrión) por un comportamiento que denota, probablemente, una voluntad de no pactar con el PSOE o de hacerlo en unas condiciones que permitan hundir posterior y definitivamente a este partido (como ya hizo con Izquierda Unida) y también más allá de las no menos justificadas críticas a un Presidente que incluso manipula a la Corona, lo cierto es que unos comportamientos tan invasivos y taimados se han podido producir el 22 de enero de 2016 porque, sin darnos probablemente cuenta, se está produciendo una sutil mutación constitucional que quizá ampare esos comportamientos.

Aunque en el lenguaje político europeo es usual decir que el Jefe del Estado (en Suecia, el Presidente del Parlamento) encarga formar Gobierno a una persona, lo cierto es que las Constituciones son mucho más parcas y no suelen regular la forma concreta que emplea un Jefe del Estado para seleccionar a una persona para que ocupe la Presidencia de un Gobierno. Esto es así porque, en general, el parlamentarismo europeo está condicionado por los hábitos de las Monarquías constitucionales donde el Monarca disponía de amplios poderes, entre ellos el de nombrar directamente al Primer Ministro sin necesitar previamente la confianza del Parlamento. Ese procedimiento fortalecía al Jefe del Estado (Rey o Presidente de la República como pasó en España en 1931) aunque a veces fracasaban en su elección, lo que explica que en España hasta 1939 y en muchos países europeos (como Italia) se formaran Gobiernos de muy pocos días de duración, porque el nuevo Primer Ministro no obtenía la investidura del Parlamento.

Para evitar el espectáculo de un Presidente del Gobierno recién nombrado que no obtiene la confianza del Parlamento y para evitar, todo hay que decirlo, que el Jefe del Estado abuse de su poder y proponga Presidentes con muy pocas posibilidades (como ya hicieron Alfonso XIII y Alcalá-Zamora) la Constitución de 1978 ha establecido un procedimiento francamente sabio:

  • No hay Presidente del Gobierno si el candidato no obtiene previamente la investidura del Congreso de los Diputados.
  • El candidato que propone el Rey ha de contar con respaldo suficiente, porque de lo contrario, si pierde la votación de investidura, empieza a correr el plazo breve de dos meses para que las Cortes queden disueltas.

Aunque la Constitución no lo dice expresamente, estas dos reglas (que están recogidas en el artículo 99 del texto constitucional) descansan en un presupuesto: el Rey sólo debe proponer un candidato cuando le conste fehacientemente que éste va a obtener los votos suficientes para ser investido. ¿Cómo lo sabe el Rey? Porque, por un lado, cada representante de un grupo político ha de informar honradamente al Rey de sus propósitos y de su intención de votar o no a los posibles candidatos y, además, porque el Rey ha de tener información propia de las eventuales negociaciones que están entablando los partidos, que tienen suficientes escaños para aspirar a presidir el Gobierno. Por consiguiente, lo que ha previsto la Constitución española, a diferencia del modelo europeo de encargar a una persona que forme Gobierno, es que el Rey celebre cuantas rondas de entrevistas considere oportuno y sólo cuanto tenga la convicción de que hay candidato con posibilidades formalice la propuesta de candidato. La Constitución no avala encargar a una persona que forme Gobierno (sin saber si lo va a formar o no) y, al tiempo que se formula el encargo, formalizar la propuesta a través del Presidente del Congreso. De la misma manera, como hemos dicho en estas páginas, que no hay ningún precepto que obligue al Rey a proponer como candidato al dirigente del partido que más escaños ha obtenido si ese partido no puede lograr los votos suficientes para obtener la investidura (como le ocurre hoy por hoy al Partido Popular).

Esa interpretación se funda sobre todo en el artículo 99.5 de la Constitución que es el precepto que prevé que, trascurridos dos meses después de la primera votación de investidura sin que el Congreso elija Presidente, las Cortes Generales serán disueltas y se celebrarán nuevas elecciones. También se basa en otro dato constitucional. No es lo mismo manejar información y, con ésta, proponer a un candidato que tiene posibilidades de ser elegido Presidente que encargar a ojo de buen cubero a un candidato sin que éste haya ofrecido datos suficientes sobre su posible investidura y sin que la información de que dispone el Monarca haga pensar que obtendría efectivamente la investidura. En el primer caso, el Rey actúa como un espejo que devuelve la visión al Congreso y esa es la vocación del artículo 99 de la Constitución. En el segundo caso el Rey habría de hacer un juicio de valor con mucha más discrecionalidad, pero el artículo 62 de la Constitución, que fija las atribuciones del Rey, excluye esa discrecionalidad. Cierto que alguien puede invocar las evanescentes funciones de arbitrar y moderar las instituciones ex artículo 56.1 de la Constitución pero, dejando a un lado que no hay dos constitucionalistas que interpreten de la misma manera esas funciones, escoger un candidato sin datos fehacientes de su viabilidad no es arbitrar ni moderar ninguna institución (sobre este tema, Javier García Fernández: “Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…’. Reflexiones sobre la función arbitral y moderadora del Monarca ante una eventual reforma constitucional”, Homenaje a Santiago Muñoz Machado, en prensa).

Estas reflexiones pueden parecer elucubraciones a las que tan aficionados somos los juristas. Pero tienen consecuencias prácticas. El País del 26 de enero decía “López [el Presidente del Congreso] dará tiempo al candidato para negociar su investidura”. Dejando a un lado el hecho de que fijar la fecha de la investidura es una atribución de la Mesa del Congreso y no de su Presidente, ¿cuánto tiempo pueden aguantar un Presidente o una Mesa? ¿No es llevar al candidato a negociar en situación de debilidad, bajo presión, si tiene pocos días?

Por todo ello si esta semana o la próxima el Rey encarga a una persona que trate de formar Gobierno y además formaliza la propuesta a través del Presidente del Congreso se habrá producido una sutil mutación constitucional ampliando las muy tasadas atribuciones del Monarca. Hay que insistir: el Rey sólo debe proponer candidatos viables, que acudan al Rey con la negociación hecha, no candidatos que van a intentar constituir, nada menos, un Gobierno sin haberse sentado previamente con otros partidos.

Así se comprende la conducta de Iglesias Turrión y de Rajoy. Los dos pensaban que Sánchez, si se formaliza la candidatura del Secretario General del PSOE, va a disponer de muy poco tiempo (sólo días) y por eso el uno avanzó sus desmesuradas reivindicaciones y el otro se escondió, declinando, a la espera de que el socialista fracase al contar con pocos días para negociar.