UNA OPERACIÓN TÁCTICA EXITOSA, UNA OPERACIÓN ESTRATÉGICA DESAFORTUNADA

La crisis del Gobierno madrileño se ha resuelto de manera que en apariencia favorece al Partido Popular. Al partido que preside Rajoy no le interesaba que prosperara la moción de censura que iba a presentar el PSOE no sólo porque venía a exteriorizar la derrota sino porque un Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid durante un año podía hacer que el PSOE ganara las próximas elecciones. En cambio, a la expresidenta Cifuentes le interesaba salir derrotada en una moción de censura, ir de víctima ante el electorado conservador y quedar como jefa de la oposición. Había intereses contrapuestos. Y ha ganado quien tiene más fuerza que, naturalmente, es el partido y no la afiliada que se enfrenta al partido. Desde ese punto de vista táctico, el Partido Popular ha ganado en la operación. Pero a un coste muy caro.

Porque para ganar la batalla y evitar los dos malos tragos de la moción de censura y del Gobierno de Gabilondo, el Partido Popular ha tenido que vender su alma al diablo. Quiero decir que ha ganado la batalla a costa de destruir su propio ejército entendiendo esta expresión en el sentido de que ha quemado su prestigio como partido en Madrid para muchos años. Porque mostrar en público a una Presidenta cleptómana que además se ampara en su condición institucional para que la regalen estudios reglados que, en su día, le permitirían salir del nivel administrativo A2 y reciclarse en profesora universitaria, es un plato demasiado fuerte para los ciudadanos. El desprestigio de Cifuentes arrastra a su partido, sobre todo si se sospecha que ha sido el propio partido el que ha filtrado unas y otras informaciones.

Luego, para el Partido Popular ha sido una mala victoria. Hoy conserva el Gobierno madrileño e impide que Gabilondo disfrute del plus de gobernar, aunque sea sólo un año. Pero perderá las próximas elecciones porque el caso Cifuentes ha mostrado que es un partido trufado de corrupción y de personajes poco recomendables y también ha enseñado a los votantes madrileños que para mantener su dominio al Partido Popular no le importa arrastrar por el fango a sus propios dirigentes.

Si el Partido Popular ha podido preparar la operación de desalojo de Cifuentes es porque ha contado con la ayuda de la Presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que ha actuado para defender los intereses de su partido con una actitud poco neutral. Al amparo de que el artículo 186 del Reglamento de la Asamblea pone un límite de veinte días a la celebración del debate de censura, ha estirado los plazos para que Cifuentes dimitiera y se evitara la moción de censura. No ha hecho nada ilegal pero ha empleado los plazos para favorecer a su partido.

En cambio, ha sido una buena operación para Ciudadanos. Ha impedido que gobierne el PSOE, ha derrotado al Partido Popular obligándole a cambiar de Presidenta y a gobernar un año en situación precaria. Y nadie le puede acusar de haber dado el Gobierno de la Comunidad a la izquierda.

También llama la atención que la expresidenta continúe como Diputada. Si había razones (se entiende que de carácter ético) por las que Cifuentes debía abandonar la Presidencia del Gobierno regional y la dirección de su Grupo Parlamentario, ¿acaso la exigencia ética para ser Diputado es menor?

La forma en que Cifuentes se ha visto obligada a dimitir como Presidenta obliga a preguntarse hasta qué profundidad llegan las cloacas madrileñas. Empezó todo en 2003 cuando el Partido Popular, a través de sórdidos personajes, logró que dos Diputados socialistas traicionaran a su partido y a sus electores y se fugaran para no votar la investidura de Rafael Simancas. Ahora aparece una grabación de 2011 efectuada en el interior de un local comercial y es pertinente preguntarse:

  • ¿Quién poseía esa grabación?
  • ¿Cómo la adquirió?
  • ¿La grabación fue entregada a los servicios de seguridad de la Asamblea de Madrid?
  • ¿La grabación fue entregada a la Comisaría de Policía del Puente de Vallecas?
  • ¿Fue informado del incidente el Jefe Superior de Policía de Madrid?
  • ¿Fue informada del incidente la persona titular de la Delegación de Gobierno?

Sería interesante que las personas que supieron algo (o, teniendo que saberlo, no estaban informadas) contaran lo que saben, porque si estas cosas no se aclaran todos los ciudadanos seguiremos en manos de redes que pueden extorsionar a cualquier persona. Menos el Jefe Superior de Policía, que murió en una operación quirúrgica a finales de 2011 y que era un funcionario leal que con seguridad hubiera informado a la Delegación del Gobierno de cuanto sabía, las personas que están vivas no deberían callar la información que poseen (o no han poseído).