UNA IMPUGNACIÓN NECESARIA Y AJUSTADA A DERECHO

El Consejo de Ministros del pasado 2 de noviembre ha acordado impugnar el apartado 15 de la Resolución del Parlamento catalán 92/XII de 11 de octubre, intitulada “sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”. Esta Resolución, de once folios de extensión y plagada de falacias y lugares comunes del imaginario nacionalista, contiene los siguientes puntos en el referido apartado 15:

“c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervencio en el conflicto català i la seva justicació de la violéncia exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromis amb les valors republicans i aposta por l’abolició d’una institució caduca i antidemocrática com la monarquia”.

El Consejo de Ministros entiende que el Parlamento autonómico se ha excedido en sus atribuciones, ligadas a las competencias estatutarias de Cataluña, y ha acordado impugnar todo el apartado 15 de la Resolución al amparo de lo previsto en el artículo 161.2 de la Constitución y del Título V de la Ley Orgánica 2/1079, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que regula la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas.

Esta decisión no ha sido pacífica, tanto por la protesta de los independentistas del Gobierno y del Parlamento catalán y por parte de Podemos como por el hecho de que el Consejo de Estado, al que es obligado pedir dictamen, haya considerado que se puede dar una interpretación conforme a la Constitución de la resolución impugnada. También dificultó la comprensión del problema una información de El País del 20 de octubre firmada por C. E. Cué y J. J. Gálvez con el título “El Gobierno no sabe aún como recurrir el acuerdo contra el Parlament”, que es un ejemplo de información parcial donde el redactor sólo escucha a los expertos que quiere escuchar.

El debate sobre el sentido jurídico de las Resoluciones del Parlamento catalán y sobre su eventual impugnabilidad ante el Tribunal Constitucional no es nuevo pues emergió cuando el Parlamento catalán, a partir de la Resolución 5/X de 23 de enero de 2013 sobre Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán, aprobó, en las siguientes legislaturas, diversas Resoluciones contrarias a la Constitución que el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional que las ha declarado nulas, como se ve en las Sentencias 42/2013, de 25 de marzo, 259/2015, 2 de diciembre, 108/2016 y 109/2016, de 7 de junio, etc. (véase Javier García Fernández: “Itinerario jurídico de la Secesión. I. Legislatura 2012-2015”, Temas para el Debate, núm. 277, diciembre 2017, págs. 12 y 14, “Itinerario jurídico de la Secesión. II. Noviembre de 2015: la secesión se oficializa”, Temas para el Debate, núm. 278-279, enero-febrero 2018, págs. 40-41, etc.).

A la hora de decidir acerca de la impugnación de estas Resoluciones parlamentarias, sus defensores (numerosos porque en el campo del Derecho constitucional hay una doctrina exquisita que se solaza ante cualquier ataque contra el Estado democrático) invocan argumentos materiales (no tiene incidencia real la Resolución, no cambia la realidad) cuando es obligado acudir a argumentos formales, esto es, a la naturaleza jurídica de cada Resolución en función de cómo se tramitó.

Los defensores expresos o latentes de las Resoluciones independentistas (como se ve en el citado artículo El País del 20 de octubre de 2018) invocan que se trata de Resoluciones sin efectos materiales, que no modifican la realidad. Han descubierto la pólvora. No faltaría más que el Rey se viera obligado a abdicar ante la reprobación del Parlamento autonómico o que la forma política de la Monarquía quedara abolida porque lo pide un Parlamento autonómico. Pero el enfoque adecuado va por otro lado. El enfoque jurídico correcto es examinar de qué manera se ha adoptado la Resolución. Y aquí se ve, como ya ocurrió con las Resoluciones declaradas inconstitucionales desde 2013, que la Resolución 92/XII de 11 de octubre, se adoptó conforme al procedimiento previsto en el Reglamento parlamentario para la adopción de acuerdos (artículos 89 a 101) y previo debate con las formalidades previstas en el mismo Reglamento (artículos 82 a 86). Lo que se aprobó fue un acto jurídico, no una mera declaración de intenciones cuya ineficacia material no le resta juridicidad. No es que, como ha ocurrido alguna vez a lo largo de la rebelión secesionista, los Diputados independentistas se salieran del salón de plenos y en una sala contigua formularan sus declaraciones. Fue un acto jurídico pleno y esa forma jurídica lo recubre totalmente. Dicho de otra forma, conforme a su procedimiento reglamentario, el Parlamento catalán, por mayoría, ha reprobado al Rey de España, al Jefe del Estado, y ha “apostado” (sic) por abolir la Monarquía. En el Derecho, toda declaración de voluntad, expresada a través de un procedimiento previsto en el ordenamiento, tiene validez aunque su autor carezca de fuerza para imponerla materialmente. Pero que no nos engañen al decir que no son actos jurídicos. Y es el análisis de este acto jurídico el que nos conduce a considerar obligada la impugnación por parte del Gobierno.

Y el análisis jurídico de las letras c) y d) del apartado 15 de la Resolución del Parlamento catalán 92/XII de 11 de octubre, nos dice que:

  • como la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (artículo 56.3 de la Constitución), un órgano del Estado (a diferencia de los particulares) no puede reprobar al Jefe del Estado;
  • como la forma política de la Monarquía parlamentaria está constitucionalmente protegida, su abolición requiere una reforma constitucional agravada (artículo 168 de la Constitución, en relación con el artículo 1.3).

Por ende, el Parlamento autonómico de Cataluña no tenía atribuciones constitucionales ni estatutarias para reprobar al Jefe del Estado ni para “apostar” pòr la República. No debemos olvidar que la segunda acepción del Diccionari de la llengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes define la voz “apostar” como “Posar (una o més persones) en un indret per a algún fi”, lo que denota la voluntad del Parlamento por abolir la Monarquía.

Todavía hAy una razón constitucional adicional (no formal, no competencial) para que el Gobierno impugne la Resolución parlamentaria. El titular del órgano constitucional que es la Corona no tiene instrumentos constitucionales para defenderse frente a los ataques jurídicos pues no puede interponer recursos de inconstitucionalidad ni suscitar conflictos de competencias. Menos aún debería acudir a un amparo constitucional. Luego, ha de ser el Gobierno de la Nación el que defienda jurídicamente al Rey impugnando una Resolución parlamentaria lesiva para su función simbólica. Esto justifica, por sí sólo, la impugnación pues debemos recordar que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, lo relevante de este tipo de impugnaciones es que se trate de vulneraciones constitucionales y el contenido de la Resolución, amén de proceder de un órgano estatutario incompetente, es claramente inconstitucional porque infringe, como hemos visto más arriba, la inviolabilidad del Rey y el principio de la forma política del Estado.

Además de estas razones jurídicas hemos de añadir una razón política que justifica la impugnación. El Gobierno se encuentra entre la maliciosa sospecha de la derecha que, desde el Partido Popular y Ciudadanos, le acusa de no defender al Rey suficientemente y la extrema izquierda antimonárquica que machaconamente sigue acusando al Monarca por cumplir sus obligaciones ante la crisis catalana, como se vio en la entrevista a Iglesias Turrión en La Vanguardia el 4 de noviembre pasado. Ante ese doble frente, que pretende desgastar tanto al Rey como al Gobierno, éste sólo tenía la opción de impugnar una Resolución que, como hemos visto, es claramente inconstitucional.