UNA EUROZONA MÁS SEGURA, ESTABLE Y PRÓSPERA

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Leemos en estos días comentarios apocalípticos sobre el futuro del proyecto europeo, ya sea por la crisis en la gestión de los flujos de refugiados, el escenario de estancamiento económico o incluso los atentados terroristas perpetrados en Bruselas el martes 22 de marzo de 2016. Si bien es cierto que la construcción europea ha avanzado gracias a las crisis, la multiplicidad de dimensiones que presenta la situación actual hace dudar de que en esta ocasión se cumpla la máxima.

 

En efecto, la Unión Europea se enfrenta a retos formidables,  y por ahora los veintiocho Estados miembros siguen resistiéndose a otorgar a las instituciones comunitarias las competencias y recursos necesarios para gestionarlos adecuadamente e incluso transformarlos en oportunidades.

 

La amenaza terrorista por ejemplo no requiere solamente un más eficaz intercambio de información entre servicios policiales y de inteligencia, el cual al igual que en el terreno de la lucha contra el fraude fiscal debe ser automático y no ad hoc, sino también de una mayor centralización de las bases de datos elementales (registro europeo de armas, etc.) y de la puesta en marcha de una célula europea antiterrorista que pueda alertar a los Estados miembros de posibles atentados en su territorio. El adecuado control de los flujos financieros es también elemental para ahogar económicamente a las redes yihadistas y criminales en general. Medidas de este tenor aumentarán la seguridad de la Unión Europea y la confianza de los ciudadanos en el proyecto de integración. Sin embargo, los líderes europeos siguen pensando en pequeño, y de sus reuniones no emerge nada parecido a la creación de un F.B.I europeo. No hay que olvidar que la seguridad es un bien público transfronterizo, lo que quiere decir que su provisión es tan buena como lo es el eslabón más débil de la cadena (es decir, la policía nacional menos preparada de entre los Veintiocho).

 

En lo que respecta a la cuestión de los refugiados, el planteamiento inicial de la Comisión Europea era adecuado, al proponer un sistema de cuotas para su ubicación en los distintos Estados miembros. Desgraciadamente, algunos países por no participar del esquema (Reino Unido, Dinamarca) otros se han dedicado a sabotearlo activamente (Hungría, Polonia, Eslovaquia) mientras que el resto lo ha mas o menos incumplido.  De esta manera, los gobiernos nacionales por un lado impiden a Europa cumplir con sus obligaciones internacionales además de no estar a la altura de los valores que dice defender. Por otro, los Estados desaprovechan la conversión de este reto en una oportunidad para la revitalización demográfica del viejo continente, además de cubrir la falta de mano de obra cualificada que se observa en algunos de los mercados de trabajo nacionales.

 

Si por un lado el gobierno de Alemania ha entendido bien la necesidad de acoger a los refugiados, así como gestionar la diversidad que ello conlleva, por ahora no está realizando una contribución positiva a la culminación del proyecto de unión bancaria, al oponerse al llamado Esquema Europeo de Seguro de Depósitos. Esta propuesta de la Comisión buscar mutualizar el riesgo bancario, de modo que cualquier cuentacorrentista de la Eurozona tendrá garantizados los primeros 100.000 euros con independencia de si se trata de un banco alemán, español o griego, y de la fortaleza de los fondos nacionales de garantía de depósitos respectivos. Se trata por tanto de un pilar imprescindible para reducir la fragmentación financiera y reforzar la confianza en los bancos domiciliados en la unión monetaria, y en la propia moneda única, lo que conllevará atraer depósitos e inversiones del resto del mundo. Por desgracia, la derecha europea, actuando al servicio de la miope política alemana, está bloqueando la tramitación de esta propuesta legislativa en el Parlamento Europeo.

 

Por último, la Unión Europea y la Eurozona siguen sufriendo una elevada tasa de desempleo, la cual además parecer estar cronificándose. A este respecto, tanto la muy expansiva política monetaria como el Plan de Inversiones para Europa se están revelando como insuficientes. Los retos de la seguridad y de la integración social y laboral de los refugiados, más arriba analizados, son ejemplos de la necesidad de suministrar a escala europea bienes públicos transfronterizos, al igual que el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

 

Un verdadero programa europeo de inversiones, dotado de nuevos recursos propios (al contrario del Plan Juncker, donde no hay dinero nuevo) tendría que financiar una política de seguridad interior, al menos para la zona Schengen, así como la asistencia a los cientos de miles que han llegado a Europa huyendo de la guerra y las violaciones masivas de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, es preciso apoyar proyectos generadores de puestos de trabajo. Financiar adecuadamente estos bienes públicos europeos precisa de un presupuesto comunitario más elevado (en la actualidad es de apenas el 1 por ciento del Producto Interior Bruto de la Unión) para lo cual habría que aprovechar que en 2016 se revisa el vigente Marco Financiero Plurianual (el cual desgraciadamente y por primera vez en la historia decreció en términos nominales a raíz del acuerdo de 2013).

 

La pregunta que los líderes europeos deben responder es si al menos los ciudadanos de la Eurozona (que también, salvo Irlanda, son los de la zona Schengen) tienen derecho a la seguridad, a una cuenta bancaria con un mínimo garantizado, y un trabajo decente con el que ganarse honradamente la vida. Una respuesta negativa podría acabar definitivamente con el histórico apoyo de la clase trabajadora al proyecto de integración europea.