UN GOBIERNO EN FUNCIONES ESTÁ SOMETIDO AL CONTROL PARLAMENTARIO

A lo largo de la primera mitad de 2016, cuando el Gobierno del Presidente Rajoy estaba en funciones tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, éste se negó en varias ocasiones a someterse a los instrumentos de control parlamentario con el pretexto de que no tenía entablada una relación de confianza con el Congreso de los Diputados. Ya por entonces, algunos constitucionalistas señalamos lo falaz del razonamiento del Gobierno popular que tendría como consecuencia que un Gobierno carente de confianza parlamentaria estuviera más libre, menos controlado, que un Gobierno dotado de tal confianza (véase, por todos, Javier García Fernández: “El Gobierno en funciones ante el control del Congreso”, Ahora, 15 de abril de 2016, y “La huida del control parlamentario”, Sistema Digital, 14 de septiembre de 2016).

Los profesionales del Derecho constitucional sabíamos que el Gobierno estaba haciendo un juego inconstitucional pero esa opinión, bastante extendida, tenía que salir del campo de la doctrina y revestirse de mayor densidad jurídica. Ya tenemos confirmación positiva de esa doctrina, porque el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 14 de noviembre pasado (no se ha publicado aún en el B.O.E. y no está numerada pero sí publicada en la página web del Tribunal), ha establecido rotundamente que un Gobierno en funciones está sometido al control parlamentario.

La Sentencia constitucional se ha dictado con ocasión de un conflicto entre órganos constitucionales que suscitó el Congreso de los Diputados frente al Gobierno de la Nación. El motivo de este conflicto (suscitado, no lo olvidemos, cuando era Presidente de la Cámara Patxi López) fue la negativa del Ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés a comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso a petición del Grupo Parlamentario Socialista, ausencia avalada por varios escritos de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia en funciones, escritos que sostenían el siguiente razonamiento: el Gobierno en funciones, por carecer de confianza de la Cámara, no está sometida a responsabilidad de ésta. Posteriormente, cuando el conflicto estaba en marcha, el Gobierno en funciones siguió negándose a acudir al Congreso a responder preguntas orales en Comisión. Ante tal negativa, primero el Pleno del Congreso y luego la Mesa de su Diputación Permanente (el Congreso se había disuelto por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución al haber transcurrido dos meses desde la fracasada investidura de Pedro Sánchez) acordaron suscitar el conflicto constitucional frente al Gobierno.

El Tribunal Constitucional define la función parlamentaria de control como “una función poliédrica dirigida sólo en último término a la ruptura de la confianza entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno” (fundamento jurídico 7) y que el Gobierno cesante sigue ejerciendo funciones por lo que la negativa del Gobierno a someterse a instrumentos de control parlamentaria menoscaba las atribuciones del Congreso. Y ello porque una cosa es la responsabilidad política (que desemboca en su máximo nivel en la moción de censura) y otra el control parlamentario, que es mucho más amplio.

A pesar de su extensión, en la Sentencia se echan en falta algunos razonamientos simples pero rotundos: que el control es cualitativamente distinto de la relación de confianza, como se ve en el Senado y en los sistemas presidencialistas, y que negar el control sobre el Gobierno en funciones daría a éste un margen discrecional superior al del Gobierno dotado de confianza parlamentaria. En cualquier caso, bueno es que el Tribunal Constitucional reconozca al juego torcitero del Gobierno del Presidente Rajoy.