STOP A LA ESCANDALOSA PRECARIEDAD

STOP A LA ESCANDALOSA PRECARIEDAD

A pesar de la escasa fiabilidad que tienen los datos de paro registrado contemplados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Gobierno y los medios de comunicación afines han orquestado una campaña burda, triunfalista y sin escrúpulos, aprovechando los datos favorables del pasado mes de diciembre, sin esperar a la próxima publicación de la Encuesta de Población Activa del último trimestre del pasado año (EPA-IV trimestre de 2016), que es la que tiene mayor credibilidad, así como el reconocimiento de sus conclusiones en el ámbito internacional.

Al margen de esta primera e importante consideración, debemos manifestar, además, que los datos de paro registrado en dicho mes están muy condicionados por la campaña navideña y, por lo tanto, tienen un marcado carácter estacional afectando de manera muy destacada al sector servicios (la industria y la construcción aumentan el paro registrado en dicho mes) y, particularmente, a la restauración, la hostelería y la actividad comercial. En definitiva, la creación de empleo, sobre todo en estas fechas, se efectúa en sectores que generan empleos particularmente inestables: temporales, a tiempo parcial, de escasa cualificación, poco protegidos y escasamente remunerados.

A pesar de esta primera aseveración, que pretende situar la importancia del empleo creado en sus justos términos, los sindicatos han considerado positivo, con muchos matices, el descenso cuantitativo del desempleo registrado en el pasado mes de diciembre. El año 2016 se ha cerrado con 3.702.974 desempleados registrados (la EPA del III trimestre de 2016 contempla 4.320.800 parados), lo que significa que están registradas 86.849 personas menos que en el pasado mes de noviembre (si descartamos la estacionalidad, la reducción se sitúa en 49.243 personas). En términos interanuales, el descenso alcanza a 390.534 parados registrados menos (-9,54%) que en diciembre de 2015. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en el pasado mes de diciembre en 68.531 personas, lo que sitúa los cotizantes en 17.849.055 (un 3,1% más que en diciembre de 2015). Sin embargo, los trabajadores con un contrato temporal y los que tienen un contrato a tiempo parcial suman el 40,2% de los que trabajan por cuenta ajena, lo que explica en buena medida que los ingresos a la Seguridad Social se hayan desplomado y no alcancen la cuantía necesaria al cotizar muy por debajo de lo que cotiza un empleo fijo y a tiempo completo.

Por eso, los datos cuantitativos no deben ocultar los considerables destrozos que ha sufrido el mercado de trabajo en los últimos años (también en el año 2016) y deben ser suficientes para exigir, al grito de ¡Basta ya!, medidas legislativas y penalizadoras que eviten la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo y el abuso sistemático y fraudulento de empresarios desaprensivos. Según UGT, en el pasado mes de diciembre, sólo 4 de cada 100 contratos fueron indefinidos a tiempo completo y casi uno de cada tres contratos temporales lo fueron a tiempo parcial, lo que requiere un análisis sosegado de estos datos, sobre todo si tenemos en cuenta que España cerró el año 2016 con 18,3 millones de contratos temporales (además, el 28% de los contratos temporales formalizados en 2.016 han tenido una duración irrisoria: inferior a 7 días), de un total de 19,9 millones de contratos efectuados en el mismo año (la cifra más alta de la serie histórica), según el diario digital Bez.es, lo que nos evita abundar en mayores comentarios ante la contundencia de las desorbitadas cifras alcanzadas.

A ello hay que añadir que la protección de los trabajadores desempleados se ha reducido considerablemente situándose en noviembre de 2016 en 1.923.089 (55,66%), 13,5 puntos menos que en noviembre de 2011 y 23 puntos menos que el mismo mes de 2009, con el agravante de que 6 de cada 10 prestaciones por desempleo son de carácter asistencial y de que el conjunto del gasto social relacionado con la protección por desempleo se ha reducido un 9,7% en relación a noviembre de 2015, a lo que hay que añadir que las cantidades anuales dedicadas a este fin han pasado de 32.000 millones de euros en el año 2010 a una estimación en torno a los 18.500 para el pasado año 2016, con el agravante, según CCOO, de que sigue cayendo el gasto medio por beneficiario que se sitúa en apenas 789,8 euros mensuales.

La mayoría de los problemas enumerados, junto a la fuerte devaluación interna de nuestros salarios y la transferencia de rentas del trabajo al capital a través de múltiples procedimientos, se deben a una deliberada política económica y social y en concreto a la vigente reforma laboral aprobada unilateralmente, en el año 2012, por el gobierno de Mariano Rajoy bajo el slogan “no hay otra alternativa posible”. No es extraño que la oposición y los sindicatos insistan en su derogación, a pesar de la oposición del gobierno y en particular de las desafortunadas declaraciones de los ministros Guindos y Báñez, además de reivindicar el fortalecimiento de la negociación colectiva (reforzando el convenio de sector como eje de referencia obligada para las empresas y la ultra actividad de los convenios) y la defensa y protagonismo de la autonomía de los interlocutores sociales a la hora de tomar decisiones en relación con el mercado de trabajo y con los problemas suscitados en sectores y empresas en particular.

Estas políticas están produciendo efectos sociales muy regresivos para las personas: desigualdad, pobreza, exclusión social y retroceso considerable de los derechos adquiridos. Además consolida un modelo productivo obsoleto y escasamente competitivo en un contexto digital y globalizado. A ello contribuye una relación de fuerzas claramente desfavorable para los sindicatos, como se está comprobando en la actualidad, al carecer de recursos suficientes de todo tipo para oponerse con la debida eficacia a los desplantes del Gobierno y a la intransigencia irresponsable de una patronal crecida y muy beneficiada por una legislación hecha a su medida, como se está demostrando en la práctica con el diálogo social y la renovación del marco de referencia para la negociación colectiva de este año. Esto último llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta la moderada reivindicación de los sindicatos (incrementos del 1,8% al 3% sobre una previsión de inflación en torno al 1,5% para el año 2017) que, únicamente, pretende recuperar paulatinamente los derechos laborales y el poder adquisitivo perdidos en los últimos años.

Esto justifica que los sindicatos exijan nuevamente un Plan de Choque que aborde la creación de “empleos de calidad y con derechos” como el asunto más importante que tenemos entre manos en nuestro país (sobre todo para los jóvenes, los parados de larga duración y los mayores de 55 años), al situarse en cifras y porcentajes escandalosos que nos sitúan a la cabeza de la UE, si exceptuamos a Grecia. El propósito es dar prioridad al empleo y poner remedio a la falta de alternativas del actual Gobierno para resolver este problema, sobre todo sabiendo que se ha dedicado exclusivamente a facilitar la capitalización de las empresas a costa de los trabajadores más vulnerables, lo que ha generado un serio y grave problema social en nuestro país.

Otras alternativas de los sindicatos pasan por el cambio de nuestro modelo productivo que dote a las empresas pequeñas de una mayor dimensión y a todas ellas en general de más valor añadido para que sean competitivas y capaces de adaptarse a la digitalización en un mundo globalizado en cambios constantes hacia una nueva revolución industrial y tecnológica (revolución 4.0). Exigen, además, frenar la brutal subcontratación no justificada, revisar las políticas activas de empleo (innovación, formación y conocimiento), explorar nuevos yacimientos de empleo y revisar la escasa eficacia que tienen las oficinas públicas de empleo en la recolocación de trabajadores desempleados, a ser posible sumando sinergias y fomentando la colaboración de las empresas privadas de recolocación de los trabajadores en paro.

Otros asuntos a tener en cuenta tienen relación con la necesidad de desarrollar políticas expansivas y redistributivas que aumenten la demanda interna, sobre todo en un contexto económico global previsiblemente menos favorable y cargado de incertidumbres políticas y económicas. Ello exigirá una profunda reforma fiscal capaz de aumentar los ingresos y redistribuir la renta y, como consecuencia, la recaudación de los ingresos fiscales debe aspirar a situarse en la media de la eurozona (8 puntos más del PIB) y la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el control de gastos del Estado deben estar presididas por las prácticas existentes en los países más avanzados de la UE, que cuentan con mayores plantillas (y más apoyo técnico) dedicadas a la inspección fiscal. También hay que superar la falta de ingresos de los desempleados recuperando la protección anterior a la crisis y explorar a fondo la aplicación de la renta mínima garantizada y el establecimiento de un puente hacia la jubilación para los mayores de 55 años que evite que sean condenados a una pensión de mínimos y, por lo tanto, a la indigencia. Por último, los sindicatos exigen que el gobierno encabece un debate en la UE relacionado con el reparto del trabajo y la reducción de la jornada como una solución alternativa a la pérdida de empleos en el futuro ante el avance imparable de la robótica y de las comunicaciones en tiempo real.

Desde luego, estas políticas necesitan la complicidad de los partidos progresistas en el parlamento y deberían ser suficientes para movilizar al conjunto de la ciudadanía en torno a unos problemas cuya solución no puede demorarse más: el desempleo, la intolerable precariedad de nuestro mercado de trabajo, el desplome de las rentas salariales y el desarme fiscal. En todo caso, ello requiere poner en marcha una fuerte Campaña sostenida en el tiempo donde participen los sindicatos, la oposición política, la universidad, el mundo de la cultura, los medios de comunicación progresistas… El propósito es hacer pedagogía, concienciar y movilizar a una sociedad que convive anestesiada con graves e intolerables problemas sociales impropios de un país de la UE que se considera moderno y desarrollado. Rajoy no puede hacer oídos sordos al llamamiento generalizado de los sindicatos y de la ciudadanía. Manos a la obra; los jóvenes, sin futuro aparente, tienen derecho a emanciparse y a vivir dignamente…