SOSPECHOSOS HABITUALES

El Gobierno de España se ha convertido en un sospechoso habitual. Si tenemos en cuenta que su origen se debe a populistas, independentistas y todo tipo de enemigos de España, las sospechas alimentadas en la derecha tienen toda la lógica de los que han perdido una moción de censura.

Así, la primera sospecha, o lo que podría llamarse la madre de todas las sospechas, es la deuda que tiene el Gobierno con los grupos que le apoyaron y que deriva de unos sospechosos pactos secretos. El mundo de los pactos secretos es infinito y cualquiera puede imaginarse los que su imaginación le permita. Y, en especial, con los independentistas catalanes.

Por eso, las primeras conjeturas consistieron en una supuesta actitud gubernamental favorable a los políticos independentistas procesados o fugados. El hecho de que la instrucción prosiguiera bajo el exclusivo control del Juez y de que, incluso, se detuviera a Puigdemont en Alemania, se vio contrarrestado por el traslado de los presos a cárceles catalanas. Es verdad que eso respondió al cumplimiento de normativa penitenciaria, pero no deja de ser sospechoso que no se les trasladara a las islas Alhucemas, por ejemplo.

Pero lo que iba a ocurrir, ya que se trataba de una suposición muy extendida, era que el Gobierno iba a dar instrucciones a los servicios a su cargo, Fiscalía y Abogacía del Estado, para que, haciendo el paso de la oca, sus juristas hicieran sendos informes favorables a los independentistas procesados. Bueno, pues ambos servicios no han llevado bien el paso y, lejos de demostrar su independencia con su diferencia, el hecho ha servido para unas nuevas, dobles y opuestas sospechas.

Por una parte, el informe de la Abogacía del Estado se ha hecho sospechoso de injerencias en el poder judicial, como hemos podido escuchar en cuanto se hizo público su contenido. El procedimiento de la instrucción prevé solicitar, dado que los delitos son contra el Estado, un informe de la Abogacía del Estado además del preceptivo del Ministerio Fiscal. Por tanto, la “injerencia” no se puede deber al mero hecho de haber emitido un informe, ya que este le ha sido, conviene volver a repetirlo, por el propio Juez Instructor.

Por tanto, la injerencia debe venir del contenido. Al parecer, un informe “no intrusivo” debería haber sido del tipo de “Señoría, cualquier cosa que usted diga nos parecerá bien“, pero esto no creo que sea lo que ha solicitado su Señoría porque, si fuera así, no habría pedido un informe, si no que habría enviado un impreso ya relleno para recabar la firma. Pero, cuando el río suena es que lleva injerencia, por lo que las sospechas son razonables.

Pero, por otra parte, el informe de la Fiscalía ha servido para que el Govern acuse al Gobierno de España de complicidad en la represión judicial. No le vale el de la Abogacía del Estado, sospechoso desde la otra trinchera, porque el Govern solo admite la libre absolución de sus predecesores en los cargos. La verdad es que el Gobierno debe estar pensando eso de que “ni contigo, ni sin ti, tienen mis males remedio” aunque tampoco me extrañaría, es más, lo sospecho, que se sintieran cómodos ocupando una posición tan centrada entre tanto exaltado.

Porque, me voy a permitir, yo también, sospechar alguna otra cosa. Por ejemplo, que en realidad el Gobierno no quiere aprobar su presupuesto para 2019 si no que prefiere prorrogar el de 2018 aprobado por el Gobierno de Rajoy un par de días antes de que pasara a su registro de Santa Pola. El Gobierno ya ha mostrado sus pretensiones de subir el salario mínimo, de relacionar las pensiones con el IPC y otras ventajas sociales. Si, ahora, no puede aprobarlo porque los independentistas catalanes prefieren mejorar la suerte de unos cuantos políticos antes que la de millones de ciudadanos, no es culpa suya. Se evita pasar por la prueba de tener que ejecutarlo y demuestra que no está dispuesto a sacrificar la unidad de España bajo ningún concepto.

Claro que, eso llevaría a otra sospecha: la de la complicidad con los independentistas catalanes en su indiferencia con los perceptores de salario mínimo, pensionistas, etc, porque, en realidad, el Gobierno no tendría ninguna inquietud social y solo le mueve el deseo de perpetuarse en el poder.

Por eso, tampoco quiere convocar elecciones y es sospechoso que, a pesar de que “el CIS de Tezanos” le da una amplia ventaja al PSOE, Sánchez no dé por terminada la legislatura. Al parecer, respecto de la utilización partidista del CIS, sería menos sospechoso que el Presidente del Gobierno convocara elecciones cada vez que este centro le diera una ventaja suficiente aunque tuviera que hacerlo mes si, mes no.

Añádanle a ello la presunción de que, en realidad, Sánchez no quiere volver a convocar nunca unas elecciones y se acercará, aun mínimamente, a lo que es posible imaginar. No se extrañe nadie de lo que pueda pasar en el futuro en materia de sospechas. Los mismos que estaban dispuestos a señalar los autores intelectuales de las bombas de Atocha en las cercanías de la calle Ferraz no creo que pongan ahora ningún límite a su imaginación. Estamos en el siglo de oro de la literatura de conspiración y, ahora, como en 2.004, se ha dado el mismo cambio de signo político en el Gobierno de España.

Esto solo se arregla con una nueva crisis económica. Pongámonos a la tarea.