SÍMBOLOS POLÍTICOS, SÍMBOLOS DEL ESTADO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

gfdez270516

El incidente político-judicial de la prohibición de banderas independentistas catalanas en el Estadio del Manzanares por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid obliga a efectuar una reflexión sobre algunas cuestiones que no siempre se tratan adecuadamente. Estas cuestiones son: I) el fin que perseguía el Gobierno de Rajoy (o su Delegada en Madrid) al acordar la prohibición; II) el significado político y jurídico de la bandera independentista; III) unas consideraciones de legeferenda que se desprenden de este incidente.

En primer lugar, ¿qué pretendía el Gobierno de Rajoy o su Delegada en la Comunidad de Madrid al provocar este incidente? Lanzar un mensaje de firmeza a sus electores. Poco importa que esa dureza pudiera abrir una costura en el tejido de Cataluña, costura que de inmediato ensanchan los independentistas, que son maestros en inventar agravios. Ha sido un gesto imprudente, porque ha jugado con temas polémicos que se deben tratar con prudencia para no dar más pretextos a los independentistas. Pero Rajoy (y sí no Rajoy, Dancausa en un exceso de oficiosidad) ha preferido provocar un incendio para asegurarse unos votos más. Ha sido una operación poco honesta o poco perspicaz, enmascarada, además como si tuviera carácter “técnico”, como hizo la Vicepresidenta del Gobierno.

La decisión no tenía carácter técnico. En primer lugar, porque a la hora de prever la conducta de los independentistas era previsible que no iba a haber el mismo despliegue de banderas de hace un año en el Camp Nou, porque no era su terreno y no sabían cómo podían responder otros espectadores. En segundo lugar, porque la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que es la disposición que quiso aplicar la Delegación del Gobierno, no está pensada para combatir la utilización del deporte con fines políticos ilegítimos (pues ilegítimo es romper el Estado democrático español mediante la segregación de una o varias Provincias). Como la Ley de 2007 está pensada para las conductas que se describen en su título, era difícil aplicar la tipología de conductas prohibidas, especialmente a priori.

Dicho esto, también es discutible que exhibir la misma bandera política por parte de un grupo numeroso de personas, que se han puesto de acuerdo previamente en un acto deportivo, se incardine en la libertad de expresión pues no se trata de expresar ideas ni opiniones ni tampoco de comunicar información, como protege el artículo 20.1 de la Constitución. La exhibición masiva de la bandera independentista en un acto deportivo no está probablemente amparada por la libertad de expresión, a pesar de las disquisiciones del Magistrado de lo Contencioso-Administrativode Madrid, pues si lo vemos desde un punto de vista teleológico, la exhibición masiva de esta bandera no pretende difundir pensamientos, ideas, opiniones, creencias o juicios de valor (Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1998, de 21 de enero) sino hacer un acto político de afirmación independentista frente al Estado democrático, camuflado, eso sí, dentro de un acto deportivo. No parece que los independentistas hayan notificado su voluntad de efectuar ese acto político, que podría ser lícito si no se celebrara en medio de un partido de fútbol. Es más, no toda conducta pública está amparada por la libertad de expresión y el Tribunal Constitucional afirmó en su Sentencia 241/1999, de 20 de diciembre, que el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado y debe coordinarse con otros valores constitucionales, como es, por ejemplo, la unidad de España recogida en el artículo 2 de la Constitución.

Pasando a la segunda cuestión, la bandera independentista no es una bandera democrática, como afirman los independentistas, empezando por el Presidente Puigdemont. Puestos a tener alguna cualidad política, la bandera independentista es una bandera anti-democrática porque es utilizada por quienes quieren destruir el Estado democrático en España. Es una bandera, como escribió Xavier Vidal-Folch en El País, de división de los ciudadanos catalanes, que se ha convertido en un símbolo privado (no público) de una operación destructiva del Estado español y que, además, se utiliza con fines electorales, como recientemente ha señalado el Tribunal Supremo. Llama mucho la atención que los catalanistas de todo tipo que tanta lágrima de cocodrilo han vertido por el Estatuto de Autonomía de 2006 no salgan en defensa de la bandera desplazada por la estrellada, la cuatribarrada que ese Estatuto califica como símbolo nacional de Cataluña en su artículo 8, símbolo que incluso debe protegerse jurídicamente según el mismo precepto. En todo caso, que el Presidente de la Generalidad y la Alcaldesa de Barcelona se comprometan con una bandera alegal hasta el extremo de amenazar con no asistir al partido de fútbol es un indicio de cómo están desafiando al Estado democrático. Y la Alcaldesa de Barcelona no se diferencia en esta materia del Presidente Puigdemenont, aunque dice no ser independentista.

Todo esto nos conduce a unas consideraciones de legeferenda. Con el antecedente del Código Penal, que contiene un artículo, el 543, que tipifica los ultrajes a España y a Comunidades Autónomas realizados con publicidad, habría que pensar si no va siendo necesario reformar la legislación deportiva de modo que los acontecimientos deportivos no se utilicen para operaciones de propaganda política. La citada Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, no contempla la utilización política pero aparentemente pacífica del deporte contra las instituciones del Estado y habría que estudiarlo, con las especialidades de una conducta masiva que, sin embargo, debería imputarse también a personas jurídicas concretas como son los clubs deportivos.

Dicho esto, y para acabar, ¿por qué Podemos ha guardado silencio y no hemos podido conocer su opinión sobre la utilización de banderas independentistas en Madrid?