¿SERVÍA EL BORRADOR DEL VOLUNTARY NATIONAL REPORT (VNR) PREPARADO POR EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR COMO “PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENDA 2030” DEL GOBIERNO DEL PSOE?

El 18 de julio –fecha significativa de las efemérides españolas- España presentará su VNR o “Plan de Acción para la Agenda 2030” ante Naciones Unidas, consensuado hace unos días durante la última reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN), presidida por el ministro de Exteriores, Joseph Borrell, con la presencia de otros tres ministros, posteriormente aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de junio, bajo la denominación de “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”, señalándose que en su elaboración han participado todos los Departamentos Ministeriales, así como las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y organizaciones representativas de la sociedad civil, en el proceso previo organizado por el Gobierno del partido popular.

Desde que en septiembre de 2015 España, junto a otros 192 países, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –“Transformar el Mundo”-, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 subobjetivos/metas establecidos en desarrollo de los mismos (sobre los que después se han propuesto un total de 232 indicadores, para medir el grado de avance en su cumplimiento, a los que nos hemos referido en artículos anteriores de esta Sección), poco se había hecho por el Gobierno del partido popular en España para caminar de forma real en la asunción de “las preocupaciones mundiales por avanzar en el bienestar, salud, educación, igualdad, la economía y el medio ambiente de todos los países y habitantes del planeta”, tal y como rezaba el propio documento de la ONU.

Un aspecto fundamental de la Agenda 2030 es el mecanismo de seguimiento y revisión del cumplimiento de los ODS, cuyo eje, a nivel global, es el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que se reúne anualmente. En sus dos primeras sesiones desde la adopción de la Agenda, en 2016 y 2017, 65 países se habían presentado a este examen. La Unión Europea, en las conclusiones del Consejo del 20 de junio de 2017, reiteró el firme compromiso de la UE y de sus Estados miembros de aplicar plenamente la Agenda 2030 e instó a la Comisión a establecer, para mediados de 2018, una estrategia de aplicación que incluyera un calendario, objetivos y medidas concretas para aplicar la Agenda 2030 en todas las políticas de la UE. Ante esta tesitura España ¿se vio obligada? a comprometerse ante Naciones Unidas, en julio de 2017, a someterse a examen en julio de 2018.

Pero era difícil saber qué se estaba haciendo hasta que, en septiembre de 2017, dos años después de la firma del compromiso inicial de elaborar una Agenda 2030, se anunciara la constitución del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos responsable de la coordinación y seguimiento de la Agenda 2030. Un mes después –octubre de 2017- se producía la reunión inaugural del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, presidido por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y con las vicepresidencias de la ministra de Agricultura y del ministro de Fomento, en el que se integrarían representantes de varios Ministerios y estaría abierto a la participación de otros actores como sector privado, organizaciones de la sociedad civil, parlamentos, universidades y expertos. Entre sus cometidos figuraban la coordinación de la posición española y las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (sobre la que los Gobiernos anteriores han venido elaborando sucesivos documentos a los que también nos hemos referido en esta Sección), la preparación de las evaluaciones nacionales voluntarias que España debe presentar ante el Foro Político de Alto Nivel, la articulación de la Estrategia de Comunicación, y el establecimiento de mecanismos de interlocución y coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades locales. En esta primera reunión se aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018, cuando sólo quedaban siete meses para el cumplimiento del compromiso adquirido ante Naciones Unidas.

Un mes después, el 20 de diciembre de 2017, ante la constatación de que se echaba encima el mes de julio de 2018, fecha en la que España debía presentar sus deberes ante Naciones Unidas, se celebró la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, con la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la participación de representantes de todos los Ministerios, de Presidencia del Gobierno, de doce Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, en la que se discutieron las aportaciones del Grupo de Trabajo Permanente, creado un mes antes, donde la urgencia para avanzar en contenidos había sido objeto de dos reuniones previas. Con menos de siete meses para su desarrollo, se anunció que se había presentado el señalado Plan de trabajo 2017/2018; que se había debatido el papel de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales en la implementación de la Agenda; anunciándose además la organización de un Foro Global sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a celebrar en España durante el primer cuatrimestre de 2018, con el fin de crear una alianza institucional entre gobiernos nacionales, gobiernos regionales y locales y sus asociaciones, instituciones de la sociedad civil, del sector privado, y académicas; y que se había informado, por parte del Presidente del INE, sobre los trabajos de la entidad en materia de indicadores para valorar los progresos en la implementación de la Agenda 2030.

El 9 de abril de 2018, el Gobierno del partido popular promovió un “Acto conjunto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España ¿Qué falta por hacer?”, inaugurado por la ministra de Agricultura, en la Sala Ernest Lluch del Congreso de diputados, con una visión optimista de los avances, que se correspondía escasamente con los resultados de la Primera y Segunda Evaluación de los informes elaborados por la Sustainable Development Solutions Network (SDS) de las Naciones Unidas, a los que también hemos hecho referencia en esta Sección que, en síntesis, señalaban –con una información poco homogénea y discutible en cuanto a sus fechas de referencia y forma de obtención- una posición no precisamente optimista para la situación de España respecto a los correspondientes Indicadores utilizados (en ningún objetivo España se situaba en la posición de cumplimiento –verde- habiendo perdido esa situación en el segundo Informe respecto al primero en lo que hacía referencia a “igualdad de género”).

Afortunadamente la moción de censura y la llegada del nuevo Gobierno del PSOE a la Moncloa, ha significado un cambio radical en el enfoque, compromisos y comportamientos respecto a la Agenda 2030. Ya en el Consejo de Ministros del 19 de junio, el nuevo Gobierno del PSOE ha creado, en el marco de la organización general de la Presidencia de Gobierno, un Alto Comisionado para la Agenda 2030 que coordinará, con rango de subsecretario, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno, las actuaciones del Gobierno para la implementación de los ODS y, en particular, llevará a cabo: el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030; impulsará la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por España de la Agenda 2030; evaluará, verificará y difundirá el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030; colaborará con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en la interlocución internacional de España en materia de implantación global de la Agenda 2030; e impulsará la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Además en el señalado Consejo de Ministros del 29 de junio se aprobó el acuerdo del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 respecto a la elaboración de un Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que se compone de dos partes principales: Un diagnóstico del estado de los ODS en España, la situación de partida, con referencia a indicadores estadísticos y una cartografía de responsabilidades competenciales de todos los departamentos; y las acciones a través de las cuales se impulsará la Agenda en 2018-2020: nuevas políticas y medidas públicas, gobernanza de la Agenda, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de todos los actores, incluyendo los compromisos y avances de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como los del resto de actores, sociedad civil, empresas y universidades.

El Plan recoge las propuestas heredadas, y en algunos casos adaptadas a los objetivos del nuevo Gobierno, de un primer conjunto (no cerrado) de áreas prioritarias de actuación, que incluyen: la prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; la igualdad de oportunidades (PEIO 2018-2021); una nueva agenda urbana española; la economía circular; la ley de cambio climático y transición energética; la investigación científica y técnica; la estrategia de economía social 2017-2020; el plan de gobierno abierto; o los nuevos objetivos para la cooperación española. Adicionalmente incorpora una serie de medidas de carácter transversal, en ocasiones ausentes en los trabajos previos del Gobierno del partido popular: Situar la Agenda 2030 en el centro de la política europea y multilateral; Impulsar las alianzas para los ODS entre todos los actores; Impulsar la educación para el desarrollo sostenible; Un pacto para la comunicación de la Agenda 2030; Impulsar la cultura como elemento clave para la transformación; Impulsar una función pública con los conocimientos y capacidades para implementar los ODS; Alineamiento progresivo de los presupuestos de cada departamento ministerial con los ODS; Alinear la compra pública con los ODS; Establecer una memoria preceptiva de impacto normativo en los ODS en la actividad legislativa; o alinear la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Reformas. Por último, además del antes señalado Alto Comisionado para la Agenda 2030, se crea un Consejo de Desarrollo Sostenible, de carácter consultivo, se adapta el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 (GAN) al nuevo esquema ministerial; se establecen Puntos focales por ODS en la Administración General del Estado; se diseñan mecanismos de articulación entre los tres niveles de las administraciones públicas; y se pone en marcha de una Comisión mixta Congreso-Senado respecto a la Agenda 2030.

La importancia del cambio de rumbo respecto a un Gobierno del Partido Popular una de cuyas primeras medidas fue suprimir el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) creado en la Universidad de Alcalá con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, en cuyo primer Informe, de Primavera de 2005, la propia Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señalaba que respondía a “uno de los compromisos adquiridos en el programa electoral del PSOE: “el avance hacia la sostenibilidad será asumido por el Gobierno en el máximo nivel de decisión político y será evaluable mediante los oportunos indicadores elaborados por instancias independientes del gobierno”.

En 2011 se publicaba el último Informe del OSE y, tras los años de oscuridad del Gobierno del partido popular, nuevamente y con una articulación global, recuperamos información y trasparencia para un cambio que deseamos que la Agenda 2030 “transformar el mundo” pueda hacer realidad. El nuevo Plan ya se distingue del borrador que había elaborado el Gobierno del partido popular en cuanto a discurso y narrativa, aunque recoge los problemas detectados en aquél. Y, como se ha señalado por parte del nuevo Gobierno, será “subsumido en una Estrategia de Desarrollo Sostenible que se elaborará en 2019, conformándose como un programa de Gobierno y un plan de país”.