SEGURIDAD, MULTIRREINCIDENCIA Y “3 STRIKES”

La sensación de inseguridad es creciente en España, y hay que combatirla ya, para garantizar la convivencia y la libertad. En las sociedades democráticas, la seguridad es un derecho de los ciudadanos, que además éstos reclaman de forma permanente y efectiva a sus gobiernos. Por ese motivo, las políticas que se llevan a cabo en materia de seguridad ciudadana tienen que estar planteadas, diseñadas, desarrolladas y evaluadas desde la óptica del respeto y las garantías de los derechos humanos. Pero, también, adaptadas constantemente a una realidad que es cambiante.

La libertad y la seguridad son dos apartados centrales del modelo de sociedad en el que queremos vivir. Como señalaba anteriormente son dos pilares esenciales que aparecen recogidos en el contrato social que tenemos como sociedad en forma de derechos ciudadanos. Por poner algunos ejemplos, aparece en:

  • La Declaración Universal de Derechos Humanos, concretamente en su artículo tercero, donde señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 9.1 establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
  • En la Constitución española, en su artículo 17.1, donde afirma que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.

Los ideólogos neoliberales llevan décadas promoviendo un discurso del miedo en las sociedades democráticas que, bajo el paraguas de la supuesta garantía de la libertad de los ciudadanos, está ampliando la impunidad y el negocio al servicio de una seguridad que cada vez más se quita al Estado, para dársela a empresas privadas a cambio de ingentes cantidades de dinero que provienen de los contribuyentes.

El arma del miedo, no solo es un negocio económico, sino también electoral, como está intentando hacer la derecha en España. Por este motivo, desde la izquierda, y más si se está en el gobierno, hay que prestar atención a los miedos, las inquietudes y los temores subjetivos, pero reales, de amplias capas de la población. Y actuar para calmarlos.

Es cierto que España es uno de los países más seguros del mundo gracias al esfuerzo que la sociedad española ha realizado y al trabajo de los policías de todos los ámbitos.

Pero, también es cierto, que se están incrementando los delitos más violentos; muchas personas mayores se sienten inseguras cuando diariamente van a andar o a la compra; hay zonas del espacio público, como parques y portales,“ okupados” por pandillas que roban e intimidan con la ayuda de sus perros peligrosos; muchas mujeres, y también hombres, tienen miedo a sufrir agresiones o robos cuando van a practicar running en las calles de sus ciudades; la propia policía, en algunas ciudades, recomienda no transitar por determinadas zonas a horas concretas; los carteristas hacen su agosto todos los días del año en las zonas céntricas de las ciudades; pararse en un semáforo, en cada vez más zonas, es un ejercicio peligroso, porque hay grupos que aprovechan para intentar abrirte el coche, especialmente si está ocupado solo por una conductora; la delincuencia se adueña de los pueblos pequeños, y roba casas sistemáticamente ante la falta de efectivo policiales;  los robos de móviles, tirones de bolso y tirones de cadenas de oro se intensifican, etc, etc, etc.

Todo ello, en uno de los países más seguros, e intensificada su magnitud por el tratamiento en los medios de comunicación y en unas redes sociales, que además utilizan las noticias falsas para que el miedo y el resentimiento aumenten en la sociedad.

Lo cierto es que hay un problema, que debe resolverse pronto si no se quiere dar rienda suelta al odio y la persecución. Debe resolverse pronto, porque si no se provocará una ruptura del vínculo permanente que es obligado que exista entre la seguridad de las personas y la convivencia democrática.

Lo cierto es que hay un problema de multirreincidencia, que genera impotencia en lo ciudadanos y en la policía. Unos ven como les roban, los policías los detienen, y al rato salen de las comisarias para volver a robar. Además de ser un caldo de cultivo fácil para los populismos.

Una democracia no puede permitir el robo como modo de vida o profesión, sea quien sea quien lo haga. Una democracia debe contar con elementos legislativos para acabar con la multirreincidencia. Es decir, el Estado debe garantizar los derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana.

Cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. Pero poner mayor énfasis, no significa descuidar las segundas. Ya que la actividad de la fuerza pública legítimamente orientada a la protección de la seguridad ciudadana es esencial en la consecución del bien común en una sociedad democrática.

Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al esclarecimiento judicial de los hechos, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. En este sentido, durante la Presidencia de Bill Clinton, en EE.UU, y posteriormente en algunos Estados, se aprobaron las denominadas “ley de los tres strikes”, cuyo propósito era reducir la reincidencia delictiva aumentando drásticamente el castigo a las personas que hubieran sido condenadas por un delito mayor y previamente hubieran cometido uno o dos delitos mayores serios o violentos (“strike”). En este caso, se les aumentaba las penas significativamente.

Es cierto que la realidad americana no tiene que ver con lo que está pasando en España en estos momentos, pero si no se actúa contra la reincidencia y la multireincidencia, se estará dejando el camino libre para que el populismo de extrema derecha, y la derecha por arrastre, utilice la creciente sensación de inseguridad, que la población percibe en sus vidas diarias, primero como arma electoral y de división social. Y posteriormente, como excusa para la reducción de derechos democráticos.

En España, con las modificaciones del Código Penal, se introdujeron agravantes de pena por reincidencia y multirreincidencia. Pero, el Tribunal Supremo ha cuestionado estas medidas señalando que la habitualidad en la comisión de delitos y la peligrosidad criminal que tales conductas revelan, han de solventarse con medidas de seguridad y de terapia social orientadas a la rehabilitación y reinserción del delincuente habitual, en lugar de acudir a la severidad punitiva.

Eso está muy bien, y más cuando los que dicen esto no viven en las zonas donde actúan habitualmente los multirreincidentes. Potenciar las políticas de reinserción es imprescindible en una sociedad democrática. Pero hay que actuar ya contra la multirreincidencia en España, sabiendo que estamos en uno de los países más seguros del mundo. Pero, siendo conscientes que de no hacerse algo pronto le estallará a la sociedad española en la cara en los próximos meses.