SALARIOS Y EMPLEO

SALARIOS Y EMPLEO

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó recientemente el Índice de Precios al Consumo (IPC) del pasado mes de diciembre (aumentó el 0,6%) que, finalmente, situó la inflación del año 2016 en el 1,6%. Este inesperado incremento rompe la senda descendente de los precios en los últimos cuatro años superando claramente la media europea, aleja el riesgo de una caída generalizada de los precios (deflación) y confirma la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionistas, además de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Debemos recordar que el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos -hasta diciembre de 2016- se situó en el 1,06%, lo que significa, según UGT, que los salarios perdieron en concreto medio punto de su poder adquisitivo.

Estos datos y la previsión de inflación del Gobierno para el año 2017 (en torno al 1,5%) descalifican la actitud de la CEOE-CEPYME y, particularmente, su oferta de crecimiento de los salarios para este año: “desde el 0% hasta el 1,5%”. Lo más grave es que los pensionistas también perderán poder adquisitivo en el presente año; en este caso perderán como mínimo el 1,3%, dado que el aumento para este año de las pensiones se ha situado en el 0,25%, así como, previsiblemente, los empleados públicos si no se modifican al alza sus retribuciones en el proyecto en discusión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2017). Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos mantengan con firmeza la defensa de sus reivindicaciones, que contemplan un moderado incremento de los salarios entre el 1,8% y el 3% para el presente año (en Alemania reivindican subidas del 4,5% al 6%) y sigan exigiendo el incremento de la cuantía de las pensiones, así como de las retribuciones de los empleados públicos.

En concreto, los sindicatos no sólo pretenden aumentar el poder adquisitivo de los salarios en este año; también pretenden recuperar la pérdida del poder de compra de los salarios (9,4 puntos entre los años 2008 y 2014), así como recuperar, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por el aumento de la productividad, al margen de su aspiración a converger en salarios con la Unión Europea. Resulta evidente que con estas cifras y porcentajes, el crecimiento y la recuperación económica esgrimida por el Gobierno no llega de ninguna manera a los trabajadores (y menos a los más vulnerables), ni tampoco a los pensionistas y empleados públicos.

Por eso resulta comprensible la actitud sindical y, por el contrario, lamentable y cicatera la actitud de algunos empresarios. La CEOE-CEPYME sigue esperando que el Gobierno resuelva sus problemas y, en coherencia con ello, no tienen ninguna urgencia en defender la autonomía de las partes y el diálogo social con los sindicatos. Eso explica que siga defendiendo que la totalidad de los beneficios obtenidos -por el aumento de la productividad en las empresas- vayan a parar exclusivamente a manos de los empresarios, lo que les permitirá mantener su actual (y favorable) participación en la renta nacional. También explica el retraso de las negociaciones para acordar con los sindicatos una referencia para negociar los convenios colectivos del presente año y su oposición crítica a que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido en los años más duros de la crisis o que aumente el SMI, las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, la prestación por desempleo y la dependencia para nuestros mayores. En este contexto, y si nadie lo remedia, el choque de trenes resultará inevitable y la negociación colectiva en sectores y empresas, muy condicionada por la reforma laboral, se llevará a cabo sin una referencia salarial a nivel del Estado.

En este caso, los sindicatos no lo tendrán nada fácil (aunque se fortalecerá el músculo sindical en las empresas) ante una relación de fuerzas muy desfavorable por la fuerte oposición que ejerce el poder económico y financiero a sus reivindicaciones, así como por los poderes fácticos y el propio Gobierno (la reciente, absurda y exagerada sobreactuación de la policía en Asturias es un ejemplo significativo) y, desde luego, por su propia debilidad orgánica y sus carencias y limitaciones en cuanto a su capacidad para movilizar a los trabajadores en torno a la negociación colectiva.

Como consecuencia, y si esta circunstancia se confirma, la nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pensiones, prestación por desempleo y dependencia tendrán una repercusión muy negativa en la problemática social, pero también en el crecimiento económico, el consumo interno y, lo que es más importante, en el empleo (el incremento salarial que proponen los sindicatos en absoluto es incompatible con el empleo). Efectivamente, el desempleo actual corre el riesgo de que se consolide en los próximos años, sobre todo cuando todo indica que el crecimiento económico en la Unión Europea se ralentizará en 2017 al verse afectado por el Brexit, el precio del petróleo, el tipo de cambio, el estancamiento de la competitividad y el previsible empeoramiento del comercio internacional (efecto Trump y auge de los ultra populismos). No debemos olvidar que en 2015 la UE soportaba 22,9 millones de desempleados, de los cuales 10,9 eran parados de larga duración (al margen del terrible desempleo juvenil) y que, a este ritmo, para volver a las cifras de paro anteriores a la crisis, necesitaríamos nada menos que siete años más, sin mencionar el dramático desempleo y la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa a la cabeza, junto a Grecia, de la UE.

Además del actual desempleo, preocupa mucho la grave crisis estructural relacionada con el incierto futuro del empleo. Según un estudio de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT), los procesos ya comenzados de automatización destruirán millones de empleos en el mundo en los próximos años. España es uno de los países peor parados en las proyecciones de la UE, junto a Austria y Alemania, y afectará a más de dos millones de puestos de trabajo de los existentes en la actualidad (12%). Esto se producirá no sólo en el sector industrial (el grado de robotización alcanza el 100% en algunas áreas de fábrica y sectores: por ejemplo el automóvil) sino también en el sector servicios y, en concreto, en tareas administrativas e, incluso, en el sector financiero. A pesar de estas cifras negativas, no faltan informes que hablan del potencial de la Revolución 4.0 en la creación de empleo. Según Randstad Research, la digitalización y la robotización crearán 1.250.000 empleos netos en los próximos cinco años de los que 390.000 serán puramente STEM, término en inglés que hace referencia a las especialidades que tienen relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En concreto, serán beneficiados los trabajadores del Big Data (almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos); Cloud Computing (información en la nube); seguridad informática; mantenimiento de redes; diseño de aplicación de móviles; e ingeniería robótica inteligente con tasas de paro Cero y que seguirán siendo los más demandados. En relación con este asunto es muy ilustrativo que la Asociación Española de Robótica (AER) haya llegado a incorporar a su imagen pública el lema por demás positivo: Robots, ¡Create Jobs! (Robots, ¡cread empleo!). En resumen, y examinando la velocidad de estos cambios, resulta relevante que el Instituto McKinsey haya llegado a la conclusión de que la revolución de la información de hoy es 10 veces más rápida que la primera revolución industrial.

 Ello nos lleva a la conclusión de que la rápida transformación de nuestras economías desafiará también el futuro del trabajo, lo que obligará a los interlocutores sociales a repensar su actividad y a los sindicatos en particular a examinar su relación con unos trabajadores -dentro y fuera de los centros de trabajo- más flexibles, dispersos, digitalizados y sobre todo muy cualificados, al margen de que el 45% de los asalariados en la UE (en España el 35%) responden al perfil de técnicos, cuadros, mandos intermedios y directivos. Es comprensible que la UTC-UGT insista en que debemos responder a estos múltiples desafíos y amenazas, algunas ya presentes en la actualidad: destrucción de empleos debido a la robotización; aumento del trabajo sin horas fijas (contrato a cero horas); pérdida del control por parte de los trabajadores al convertirse en simples herramientas de una máquina; alta precarización de los trabajos; dependencia de los servidores informáticos y proveedores de datos; debilitamiento del derecho del trabajo y de los sindicatos; combate a la centralidad del trabajo; incremento del autoempleo; aumento de las desigualdades; estancamiento de los salarios… Esta nueva realidad terminará también por abrir un debate (inevitable) sobre la reducción del tiempo de trabajo, el ocio y la cultura en un mundo nuevo y apasionante que, por sí solo, merece un comentario monográfico aparte.

En todo caso, para responder a estos retos en un mundo globalizado es necesario recuperar el internacionalismo sindical en contraposición con el capital globalizado, transformar a fondo nuestro modelo productivo y avanzar hacia la transformación de la industria, los procesos formativos y la cultura, con el propósito de que los trabajadores estén preparados para afrontar los cambios que se avecinan. Debemos recordar que el 16,1% del PIB que representa la industria en España está muy por debajo del 40% alcanzado en la década de los ochenta y lejos también del 20% fijado por la Comisión Europea para el año 2020.

Ofrecer alternativas a estos fenómenos inexorables requerirá el concurso de todos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, universidad y expertos de todo tipo. El objetivo no puede ser otro que situar a España a la cabeza de la UE, de acuerdo con su PIB, lo que sólo será posible compitiendo a base de inversión tecnológica, conocimiento, cualificación, innovación y empleos de calidad contrastada y con derechos. En este papel resultan decisivos para bien y para mal los empresarios (consolidar el tejido empresarial); por lo tanto deben trabajar con altura de miras y abandonar la tentación de obtener beneficios a corto plazo a base de practicar el dumping social: bajos salarios, baja protección social y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. Además deben asumir con todas las consecuencias el concepto de responsabilidad social en las empresas.

Por su parte, y en este escenario, el Gobierno debe poner en marcha un Plan de Choque por el Empleo (jóvenes y parados de larga duración), fomentar el cambio y la inversión productiva y apostar por el conocimiento y el diálogo con los interlocutores sociales, dando por hecho que en esta tarea tendrá el apoyo y el compromiso ilusionante de todos. Estas consideraciones desbordan el marco mediocre y sin alternativas que nos ofrece en estos momentos el Gobierno Rajoy, incapaz de encabezar en la UE la lucha contra el desempleo. Tampoco la oposición política está a la altura de las circunstancias, al estar muy condicionada por una discusión agotadora sobre sus problemas internos y de liderazgo -que nadie sigue ni a nadie importa-, al margen de una realidad social tozuda y muy marcada por el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Incluso, el Banco de España reconoce esta intolerable y grave situación sin respuesta conocida y creíble…