RTVE: UNA EXPLICACIÓN

Dicen los manuales tácticos de la política que cuando una apuesta necesita explicación es que se está perdiendo. No es este el caso, como lo prueban las últimas votaciones en el Congreso. Sin embargo, el proceso de renovación de RTVE está resultando tan complejo que resulta muy importante informar a la ciudadanía con mucha transparencia sobre intenciones y decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la regeneración democrática como primera prioridad. Y unos medios públicos de comunicación independientes y plurales forman parte fundamental de todo programa de cualificación de la democracia.

El propósito clave de todas las decisiones que se están adoptando respecto a RTVE es, por tanto, el de ofrecer a la sociedad española una radio televisión pública objetiva, veraz, autónoma y respetuosa con sus propios profesionales. Es decir, todo lo contrario de lo que RTVE ha sido durante los seis últimos años de gobierno del PP.

Se trataba y se trata de poner fin cuanto antes a la gestión de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. Porque las constantes de esta gestión han sido el control político de la información a favor de los intereses del PP, la contratación de afines y la dilapidación de los recursos públicos. Las denuncias de los propios profesionales de la casa y sus apariciones “en negro” viernes tras viernes son buena muestra de lo insostenible de la situación.

¿Se podía haber logrado este objetivo de otra manera? Ojalá, pero no.

Para entender este momento hace falta un poco de historia. El gobierno socialista estableció la obligación legal del consenso y la independencia de RTVE en el año 2006, mediante la elección de su dirección con una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes. Aquel fue el tiempo de la radio y la televisión públicas con éxito de credibilidad, de audiencia y de premios internacionales.

El gobierno del PP recuperó la RTVE sometida al poder político con el cambio legal de 2012. La dirección volvía a elegirse con una mayoría a absoluta, a la medida del número de diputados del PP por aquel entonces. En el mes de septiembre del año 2017, perdida ya la mayoría absoluta del PP, los tres principales partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- impulsan una ley que vuelve a reclamar la elección consensuada de los regidores de RTVE.

Sin embargo, la aplicación de esta última ley, aún en vigor, requería la celebración de un concurso público para asegurar la elección de perfiles meritorios en el consejo de administración. El reglamento que habría de regular tal concurso contaba con una fecha límite en la propia ley: el 31 de diciembre de 2017. No obstante, la mayoría con que cuentan PP y Ciudadanos en las Mesas del Congreso y el Senado ha logrado que siete meses después del cumplimiento del plazo legal, aquel concurso siga sin celebrarse.

Apenas tres semanas después de la investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno se encuentra ante la situación siguiente: el día 22 de junio culmina su mandato legal el presidente y los consejeros de la RTVE dominada por el PP; el presidente saliente ha asegurado el control sin plazo temporal de la radio y la televisión pública firmando unos poderes legalmente cuestionables a favor de los directivos de su confianza; y el concurso que debiera elegir al nuevo consejo de administración se encuentra bloqueado y sujeto a la mayoría de control que forman PP y Ciudadanos.

El Gobierno socialista solo tenía dos opciones. O se cruzaba de brazos permitiendo que la RTVE que pagamos todos los españoles siguiera manipulando la información y acosando a sus profesionales independientes, sin un horizonte temporal claro. O adoptaba las decisiones precisas para reestablecer una radio televisión pública al servicio de toda la sociedad. Se decidió por la segunda opción, que no era la más fácil ni la más cómoda.

En consecuencia, el mismo día 22 de junio el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley con el objetivo de que, en solo 15 días, las Cortes Generales eligieran un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente de RTVE, que ejercería sus funciones de forma provisional hasta que se celebrara con éxito el concurso público previsto en la ley vigente de 2017.

El decreto podría haber establecido cualquier fórmula de elección para estos cargos, pero el Gobierno optó acertadamente por plantear la misma exigencia democrática prevista en la ley de 2017 para el consejo definitivo: dos tercios de diputados en primera votación, y mayoría absoluta con apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios en segunda votación.

Poner de acuerdo a la mayoría de los representantes de la ciudadanía no ha sido fácil. En el acuerdo votado con éxito el día 4 de julio participaron hasta cinco grupos parlamentarios y más de una decena de partidos políticos: PSOE, Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDCat, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria… Entre fuerza tan dispares, llegar a una decisión conjunta es difícil, pero acordar nombres para cargos concretos resulta extraordinariamente complejo. De ahí lo accidentado del proceso durante los últimos días.

No obstante, el buen hacer negociador de la portavoz socialista Adriana Lastra, la disposición positiva y comprometida de Podemos, y la colaboración de todos los demás grupos en beneficio del objetivo común, han dado como resultado el primer paso para el fin de la época más negra en la historia reciente de RTVE. Es una lástima que PP y Ciudadanos se hayan negado a participar en este consejo provisional. Se les ofreció proponer hasta un 40% de su composición, pero exigían una mayoría que no tienen en el Congreso que representa a los españoles.

¿Y ahora qué? El Congreso ya ha elegido seis consejeros. Entre el 8 y el 18 de julio se elegirá a los cuatro consejeros restantes y a un presidente realmente independiente. A partir de entonces procuraremos que el concurso público previsto en le ley vigente se desarrolle con rapidez, transparencia y eficacia, para que RTVE disponga enseguida de la dirección profesional, autónoma y decente que están esperando la gran mayoría de los españoles.

Esta es la explicación, compleja, sí, pero diáfana y honesta.