LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

Cada vez que se celebran elecciones y se vislumbra la llegada de un nuevo Gobierno la reforma de la Administración aparece como una referencia obligada para incorporar a la agenda gubernamental. Aunque este debate suele ser ajeno a una ciudadanía, que nunca ha considerado tal reforma como uno de los problemas más importantes del país. Por ello, tras la presión correspondiente de los promotores, entre los que suelen estar casi siempre los mismos académicos, expertos y cuerpos de funcionarios, el Gobierno de turno suele preparar un paquete de medidas que a lo largo de la legislatura se intentan aprobar. A veces, cuando se intenta poner en marcha la reforma, el Gobierno que las aprobó ya está de salida, y no digamos el equipo ministerial que puso empeño en sacarlas adelante. Con ello, se produce a menudo el hecho de que las medidas, una vez aprobadas, se quedan sin implantar o se implantan a medias. El resultado final suele ser la decepción generalizada tanto entre los promotores de la reforma, que suelen criticar duramente el “proceso interruptus”, como entre los propios políticos implicados, que ven que tanto esfuerzo al final no tiene traducción institucional.

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