¿REFORMA ELECTORAL? ¿PARA QUÉ Y PARA QUIÉN?

Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, enfrentados en otras lides, han logrado ponerse rápidamente de acuerdo para proponer una reforma express del régimen electoral español que beneficia a sus dos formaciones de manera casi exclusiva.

En estos días se han dirigido a otros grupos y han hecho público un documento de “simulaciones”, en el que denuncian el régimen electoral vigente por “falsear” la voluntad de la ciudadanía, y reivindican cambios rápidos en el sentido de la “igualdad” y la “proporcionalidad”.

En realidad tan solo concretan una reforma: abandonar el sistema D’Hont y aplicar el sistema Sainte-Lague en el reparto matemático de los escaños. Y no esconden la justificación: con los votos de 2016 el nuevo sistema suma 12 escaños más para Ciudadanos y 6 escaños más para Podemos.

Desde el Grupo Socialista hemos escuchado atentamente las explicaciones y hemos leído con detenimiento esas simulaciones en las que algunos partidos perdemos escaños, otros se mantienen igual, y tan solo los dos firmantes salen beneficiados. Al parecer, les ha extrañado nuestro escaso entusiasmo con la idea, y a nosotros nos ha extrañado su extrañeza, claro está.

La regulación del régimen electoral forma parte de las reglas del juego democrático y, en consecuencia, cualquier reforma debe plantearse al margen de intereses partidarios y coyunturales. Precisamente esta fue la razón del reproche generalizado que sufrió el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha tras la reforma unilateral de 2012 y 2014. Porque los cambios en las reglas del juego han de hacerse desde el rigor, atendiendo a criterios de interés general y buscando siempre el máximo consenso.

El PSOE se ha manifestado partidario de impulsar reformas para mejorar nuestro régimen electoral. Ahora bien, se trata de mejorar, no de empeorar, y se trata de mejorar para el interés de la sociedad española y no para el interés de uno o dos partidos.

Podemos modificar la legislación electoral, por ejemplo, para asegurar la representación de las mujeres con listas cremallera; para facilitar el voto a los españoles residentes en el exterior; para reforzar el derecho al sufragio activo y pasivo de la ciudadanía del resto de Europa en las elecciones municipales; para eliminar trabas en el voto de las personas con discapacidad… También podemos reforzar los derechos democráticos de ciudadanía mediante el desbloqueo de las listas electorales o introduciendo el voto electrónico con las debidas garantías.

Se puede mejorar el procedimiento electoral vigente obligando a los partidos a elegir candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas,  estableciendo debates obligatorios, intensificando los controles de los gastos electorales, o eliminando la prohibición absurda de publicar encuestas en la última semana de campaña.

Se pueden y se deben afrontar otras reformas en clave de regeneración democrática, para asegurar que los parlamentarios y las parlamentarias se dedican a sus actividades en régimen de dedicación absoluta, excluyendo las actividades privadas que puedan generar conflictos de intereses. Se puede evitar el uso abusivo del veto presupuestario del Gobierno a las iniciativas legales de la oposición. Y se puede facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, tramitar los Decretos-Leyes como Proyectos de Ley mediante la solicitud de dos grupos parlamentarios, y reeditar el pacto anti-transfuguismo tumbado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Estas sí que son reformas de interés para todos.

Y puede estudiarse una mejora en la representatividad del sistema electoral. Pero habrá que hacerlo reconociendo primero que el sistema de reparto de escaños en vigor, el famoso D’Hont, siendo perfectible, ha proporcionado servicios estimables a la democracia española: posibilitando la alternancia en el poder, facilitando la representación de fuerzas mayoritarias y minoritarias, con Gobiernos de mayoría absoluta y mayoría relativa, beneficiando y perjudicando alternativamente a todos los actores políticos, en función de los votos obtenidos por cada cual.

Por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña (2017) Ciudadanos obtuvo un 26,7% de los escaños en el Parlament con solo el 25,3% de los votos, mientras el PSC obtenía el 12,6% de los escaños con el 13,9% de los votos. Por su parte, Podemos obtuvo el 21% de los escaños en la Asamblea de Madrid con solo el 18,6% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015.

En el propósito de mejorar nuestro sistema electoral cabe hablar de representatividad y de proporcionalidad, desde luego, pero hay que contemplar también otros principios, como el de estabilidad y gobernabilidad. La aprobación de los presupuestos generales de 2017 requirió el acuerdo entre cinco partidos. Dada la fragmentación de la representación electoral, en muchos países de Europa se están estudiando fórmulas en el sentido de reforzar mayorías, no de debilitarlas. También hay que contar con estos argumentos.

Pero es que la propuesta de Podemos y Ciudadanos no mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, sino que tan solo mejora su representación particular, la de ellos dos. Desde luego reduce la representación de PSOE y, sobre todo, de PP. Prácticamente no afecta a los partidos nacionalistas. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros partidos más pequeños? En 2015, UPyD obtuvo cerca de 150.000 votos, que en un sistema proporcional puro equivaldrían a 2 escaños. En 2016, PACMA recogió cerca de 300.000 votos, que podrían haber supuesto al menos 3 escaños puramente proporcionales. Pero ni UPyD ni PACMA aparecen con representación en las “simulaciones” de Podemos y Ciudadanos.

Las alternativas al sistema D’Hont son muchas y diversas. Podemos y Ciudadanos proponen ahora el sistema Saint-Lague, pero hace tan solo un año Podemos proponía públicamente la aplicación del sistema Cociente Hare, y en otras ocasiones unos y otros se han referido al Cociente Droop y al sistema Hagenbach-Bischoff. ¿Por qué razón han ido variando? Según encontraban fórmulas mejores para sus propios intereses electorales.

Además, ellos y nosotros sabemos que la forma realmente efectiva de introducir más proporcionalidad en el sistema electoral pasa por modificar las circunscripciones, y esta es una Reforma con letras mayúsculas, porque requiere tocar la Constitución.

En definitiva, estudiemos las distintas opciones para mejorar el sistema electoral. Pero hagámoslo pensando en el interés general y no en el interés coyuntural de uno u otro partido. Hagámoslo con rigor, sin improvisaciones, en el seno de la comisión parlamentaria que se creó para tal fin. Y hagámoslo sin perder de vista el consenso necesario y conveniente para todo lo que afecta a las reglas del juego democrático.