REFLEXIONES CARTESIANAS SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Cada vez que un político comete algún acto por el que se presume que puede compatibilizar esa condición de político con la de delincuente, tenemos la posibilidad de escuchar el mismo estribillo: se está judicializando la política. Y, además, se hace criticando el hecho, es decir, se considera que es malo hacer eso.

Empecemos por lo último. Sobre todo a los seguidores de Montesquieu, les debe parecer mal que no haya una separación efectiva de poderes entre el judicial y cualquier otro, ya sea legislativo o gubernativo. Y, en esto, parece que hay un consenso bastante generalizado entre los demócratas, por poco, o nada, que se haya leído a Montesquieu. Si se evita la confusión entre esos poderes, nadie se situará por encima de la ley, aunque se dedique a la política. Faltaría más.

Pero, si eso es así, ¿por qué se dice que, en esos casos se trata de judicializar la política? O, admitiendo por un momento que eso es así, ¿quién es el sujeto en la acción de judicializar la política? Tratemos de contestar esta pregunta con las posibles respuestas que puede haber.

La primera posibilidad es que el sujeto de la acción sea, precisamente, el sujeto, o sujeta, es decir el político que haya, presunta o realmente, cometido un delito. Si se tratara de un médico, de un ingeniero o de cualquier otra cosa, nadie hablaría de judicializar la medicina, la ingeniería o cualquier otra cosa, si no de que estaba actuando la justicia investigando unos hechos. Por tanto, hay un hecho diferencial con los políticos que nos podría permitir pensar que, o bien, ellos, no deberían cometer delitos, o bien hay que darles carta blanca para hacerlos, o bien deberíamos considerar que no tiene nada que ver su condición de político con la de delincuente. Dado que las dos primeras opciones no son lógicas, solo queda la tercera, es decir que, así como cada palo ha de aguantar su vela, cada imputado debe arrostrar su investigación y cada delincuente debe aceptar su condena, independientemente de su profesión, color de pelo, estatura o cualquier otra característica que le distinga. Pero, en todo caso, el político delincuente no creo que quiera judicializar nada, ni la política, ni siquiera el delito que haya cometido.

La segunda opción sería que fueran los propios jueces, los encargados de aplicar la justicia, los que judicializan la política. Dado que los jueces no son máquinas sino personas, es lógico pensar que se puedan ver influidos por sus ideas, pero no en forma distinta de cuando tienen que juzgar a un fontanero o un dentista, por ejemplo, después de que un profesional de esas especialidades le haya hecho un mal trabajo en su vida privada. Tampoco hay que excluir la posibilidad de que, en algún caso, puedan sufrir alguna presión, directa o indirecta, precisamente por ese factor humano al que he hecho referencia. Pero pensar que, en todos los casos en que se juzga a un político, los jueces no son imparciales, parece una enmienda a la totalidad del sistema que resulta, francamente, inaceptable. Luego, no deberíamos aceptar que, salvo en algún caso de juez super start, la judicialización de la política venga de la propia administración de justicia.

Es cierto que los oponentes políticos del judicializado no dejan pasar la ocasión de condenar el delito y no compadecer al delincuente, incumpliendo el aforismo biempensante de doña Concepción Arenal, aunque no creo que en esto encuentre nadie una conducta extraña cuando se sabe que no son esperables ni peras del olmo ni lisonjas de la oposición. Pero si, es cierto que si cometes un delito, y te pillan,  lo menos que puedes esperar es que tus opositores traten de afearte el hecho y, a eso, se le puede llamar judicializar la política, aunque no estén dispuestos, obviamente, a reconocer que lo están haciendo.  He aquí una primera respuesta plausible a la pregunta formulada.

Pero no es la única. Con argumentos, o sin ellos, lo que puede asegurase es que, en prácticamente todos los casos de políticos incursos en delitos, alguien enunciará la célebre judicialización de la política con lo que, paradójicamente, se convierte en la profecía que se cumple a si misma: la noticia tiende a influir tanto en el ámbito político como en el judicial produciéndose el doble efecto de judicializar la política y de politizar la justicia. De esta forma, aún en el caso de que el delito sea autónomo respecto de quien lo haya cometido, de que los jueces hayan actuado con arreglo a la Ley, o de que la oposición sea más o menos intensa, la propia denuncia, funcionando como amplificador, afectará al proceso político. En este caso, el responsable de judicializar la justicia será el propio acusador de que se está produciendo.

El asunto es tan obvio que parece mentira que siga prosperando la idea pero, sea la financiación ilegal de un partido, la sedición de un territorio o un simple cohecho, la defensa del delincuente siempre se basará en que se está judicializando la política. Curiosamente, este argumento suele prevalecer sobre el de justificar, o negar, los hechos.

Por ello, al axioma de que las cárceles están llenas de inocentes, habría que añadir el de que la justicia se aplica a los políticos exclusivamente para perjudicarlos. Cosa que está por ver.

Sobre ello, me gustaría aportar algunas pruebas de la inocuidad de la famosa judicialización. Prueba A: El partido español más judicializado gobierna en España con más apoyos que los que serían lógicos si fuera censurable su situación judicial. Prueba B: El partido que gobierna en Andalucía tiene procesados a sus dos últimos Presidentes sin que, eso, parezca influir en su situación política. Y prueba C: Varios dirigentes catalanes, presos o huidos, pretenden volver a gobernar Cataluña protagonizando una campaña electoral con actos masivos aunque con presencia por plasma. No parece que, en todos estos casos, la famosa judicialización haya impedido, ni casi afectado, el normal funcionamiento democrático.

Aunque, si lo hubiera hecho, si la judicialización de la política influyera en esta y fuera capaz de incapacitar a un político que delinque. ¿Qué tendría de malo esto?