RECUPERAR LA ILUSIÓN, LA CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA

RECUPERAR LA ILUSIÓN, LA CREDIBILIDAD Y LA CONFIANZA

La Unión General de los Trabajadores (UGT) ha clausurado en Madrid los actos conmemorativos del 130 aniversario de su constitución celebrados a lo largo del último año. Paralelamente ha exigido la liberación inmediata de Lula da Silva (preso en Brasil por un “golpe de Estado judicial”) y defendido la Amazonia como patrimonio de toda la humanidad, en un acto de apoyo, particularmente emotivo, que contó con la presencia de Dilma Rousseff (ex presidenta de Brasil). En el acto de clausura, además de recordar su historia, la UGT ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre un asunto que afecta directamente a los sindicatos: el futuro del trabajo, muy condicionado por los efectos de la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial y, como consecuencia, el futuro de las organizaciones sindicales y del movimiento obrero organizado.

Desde su constitución, la UGT se confunde con la historia del movimiento obrero en España, como lo demuestran infinidad de hechos relevantes: la educación y la formación de la clase obrera, la divulgación de las ideas socialistas entre los jóvenes, a los que se pretendía separar de las plazas de toros, de las iglesias, de las juergas y de los abusos alcohólicos. En las Casas del Pueblo se fomentaba el entusiasmo por la organización obrera, la militancia, la austeridad, la ética, la honradez y la solidaridad internacional, en su aspiración por formar un hombre nuevo, distinto, cuando no opuesto al que se suponía que había contribuido a crear la sociedad burguesa y la moral católica: el llamado obrero consciente, que posteriormente se transformaba en el militante organizado; en este caso, primero se afiliaba al sindicato y, más tarde, los más comprometidos al partido, bajo el principio de que la emancipación de los trabajadores debería de ser realizada por ellos mismos.

Lugar destacado ocupa el internacionalismo obrero, participando la UGT, en el año 1919, en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la refundación de la Federación Sindical Internacional (FSI). El protagonismo y la participación de UGT resultó decisiva en la proclamación de la II República y en la modernización del país a través de los logros conseguidos en la enseñanza, en la cultura, en las infraestructuras públicas y, sobre todo, en la promulgación de la legislación social más avanzada de la época, en los años que Largo Caballero fue ministro de trabajo, además de secretario general de UGT. En esta etapa  destaca también la radical actitud de la clase obrera en defensa de la democracia y, particularmente, de la obra social de la República; pero, sobre todo, la lucha de la clase obrera en contra del avance del fascismo internacional, de los intentos de restaurar la monarquía y de abolir la democracia.

En este sentido fue particularmente relevante el apoyo decidido de UGT al triunfo del frente popular en febrero de 1936. Y, desde luego, su oposición frontal al levantamiento militar franquista; así como la presidencia del gobierno de Largo Caballero- además de ministro de la guerra-, desde el 4 de septiembre de 1936 al 19 de mayo de 1937; y el combate decidido contra la dictadura, la represión y la cárcel, que golpeó y desarticuló a las organizaciones obreras que pasaron a la clandestinidad o se vieron obligadas a exilarse.

Posteriormente es destacable la supervivencia del movimiento obrero organizado en la década de los 40 y de los 50, donde destaca la huelga general convocada por el Gobierno Vasco en el exilio en 1947. Finalmente, en la década de los 60 se producen hechos de extremada dureza  (fuerte represión, detenciones, estados de excepción y destierros), que ponen al descubierto las contradicciones del régimen y la capacidad de movilización de las organizaciones antifranquistas, al que se suman por esas fechas CCOO y USO, el movimiento universitario y ciudadano, así como los movimientos obreros católicos en torno a la HOAC y la JOC.

Con la muerte del dictador comienza formalmente la transición política y sindical a la democracia, donde participó de una manera muy decisiva el movimiento obrero organizado, cosa que todavía no se ha reconocido suficientemente, lo que acuñó el dicho de que “los sindicatos fueron los parientes pobres de la transición”. De lo que no cabe la menor duda es que el protagonismo de los sindicatos resultó decisivo en la transición hacia la democracia. Las referencias que justificaron la política sindical eran los trabajadores y, en consecuencia, la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; el movimiento sindical europeo; y, por lo tanto, la solidaridad internacional. También las ideas socialdemócratas (políticas relacionadas con la igualdad y la redistribución de la riqueza), que se seguían con el mayor rigor posible; y, desde luego, la memoria histórica que diferenciaba en positivo a UGT de otros sindicatos.

Desde entonces, los avances producidos han sido notables; sin embargo, también se han   producido severos retrocesos. Por eso, en la actualidad, los sindicatos deben responder a nuevos retos y asumir mayores compromisos con los más desfavorecidos; sobre todo después de la gravísima crisis económica que hemos sufrido en los últimos 10 años. La lucha contra el fuerte desempleo; la altísima precariedad; el déficit en protección social; el aumento de las desigualdades; los intentos de privatización de los servicios públicos; la presencia creciente del capitalismo financiero en las empresas; el cambio climático; el fenómeno de las migraciones; la igualdad de género; el desplome de salarios en la renta nacional; el desarme fiscal; o, si se quiere, el fenómeno de la globalización- el nuevo orden mundial , el pensamiento único-, que se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo para unos pocos.

Razones poderosas para manifestar que, 130 años después, los principios que inspiraron la constitución de la UGT siguen vigentes. En todo caso, hay que seguir apostando por un sindicalismo renovado y en permanente contacto con la realidad social: más democrático, más participativo, más autónomo, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de ilusionar, sobre todo a los más jóvenes. No podemos perder de vista que nada será posible si los sindicatos no inspiran respeto y mejoran sustancialmente su relación de fuerzas (amenaza creíble), única manera de acrecentar su capacidad de negociación y de movilización social. Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático, institucional y administrativo; o, si se quiere, una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo está condenada al fracaso.

Paralelamente a todo ello, y en el plano político, es el momento de recuperar las ideas socialdemócratas con audacia, convicción y entusiasmo. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales y comprometer y movilizar a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro siempre acomodaticias y nada ilusionantes (tercera vía). Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social. Y, además, son las ideas más apropiadas para responder a los efectos de la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo. Y, por supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos.

Lo más grave de esta situación es que no estamos ante una crisis coyuntural. Se trata de una crisis de valores, de una crisis medioambiental y de una crisis política que nos está conduciendo a un auténtico desmantelamiento de la democracia. No es extraño que su solución requiera un cambio radical en los modos de producir, de consumir, de vivir y de asumir los costes que implica nuestra vida personal, familiar y de relación con los demás seres humanos y con la naturaleza.

En este contexto, es comprensible que las bases sindicales muestren su preocupación y alarma por la repetición de elecciones, la parálisis política y la tardanza en abordar los problemas más urgentes que afectan a los trabajadores desempleados (jóvenes y mayores de 52 años), precarios, con bajos salarios y escasa protección social, lo que está asociado directamente al aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Todo ello al margen de la difícil coyuntura política, económica y social: proteccionismo y guerra comercial, Brexit, sentencia del Procés, desaceleración económica, déficit y deuda pública, deterioro de los servicios públicos,  financiación autonómica y, por último, el intolerable desarme fiscal.

Por eso, en vísperas de la campaña electoral, es comprensible que los sindicatos exigen a los partidos políticos, que contesten a tres preguntas muy concretas: ¿Qué programa proponen a los ciudadanos?, ¿Con quién van a desarrollar su programa? y, finalmente, ¿Qué garantías ofrecen para su aplicación (memoria económica) en el supuesto de gobernar? Los ciudadanos exigen respuestas convincentes y no vagas o generalistas sobre asuntos que están en el ánimo de todos: desempleo (políticas activas, cambio de modelo productivo, política industrial, atomización empresarial, cualificación profesional…), mercado de trabajo (derogar la reforma laboral, temporalidad, falsos autónomos, SMI…), protección social (pensiones, desempleo y dependencia), servicios públicos (inversión en sanidad, educación y servicios sociales), fiscalidad (progresividad, nuevos impuestos, lucha contra el fraude, evasión fiscal…), cambio climático (contaminación de las grandes ciudades, sequía, guerra a los plásticos…) y especulación inmobiliaria (vivienda social, precios de alquiler, desahucios, pisos turísticos…).

En todo caso, los partidos de izquierda deben ser conscientes del gran descontento e indignación de sus votantes y, por lo tanto, deberían obrar en consecuencia para que los electores recobren la ilusión, la credibilidad, la confianza y no se refugien en la fácil y cómoda abstención, a la que pueden contribuir de manera notable el marketing electoral, las políticas de cartón piedra (vacías de contenido) y las llamadas patéticas a frenar a la derecha, después de que ésta haya  perdido las elecciones. Por eso, desde el punto de vista electoral- si bien es imprescindible ocupar la centralidad del espacio político-, se debe apostar siempre por políticas progresistas en defensa de la justicia social, la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades. También buscar alianzas de progreso  ante la imposibilidad de obtener mayorías absolutas- en un mapa político con seis partidos políticos-, que eviten que los de siempre consoliden sus espacios de poder apoyados por unas derechas unidas y sin fisuras en defensa de sus propios intereses. Sobre todo cuando se ha demostrado sobradamente que los acuerdos entre partidos de bloques antagónicos no garantizan la aplicación de medidas progresistas; por el contrario, se han limitado a no poner en riesgo los intereses de los más poderosos.

No nos debe extrañar que, ante esta insólita situación, las derechas estén sorprendidas porque no esperaban tan pronto tener una nueva oportunidad de recuperar el poder político en el conjunto del Estado, a pesar de la fuerte crisis de identidad y de las contradicciones que les afectan (PP y Ciudadanos). Esperemos todos que la sangre no llegue al río y termine por imponerse el sentido común evitando con ello que se malogren de nuevo las aspiraciones encaminadas a hacer de nuestro país un país moderno, a la cabeza de las libertades y del progreso social. Para ello resulta imprescindible contar con las organizaciones progresistas y, sobre todo, con los sindicatos; simplemente porque no es posible una socialdemocracia sin sindicatos como se ha demostrado reiteradamente en los últimos años. Todo ello a la espera de que la irrupción de Íñigo Errejón, en el proceso electoral, no sea un  inconveniente añadido de división en la izquierda y que el previsible aumento de la abstención tampoco impida un gobierno de progreso.  El ejemplo de Portugal es esperanzador e ilusionante…