Rafael Simancas

¿QUIÉN PAGA IMPUESTOS EN EUROPA?

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La credibilidad del proyecto europeo se está jugando en buena medida en la gestión del escándalo fiscal que afecta a la multinacional Apple.

Para los liberales, Europa es ante todo un mercado libre para la competencia. Pero esta dimensión europea queda desmentida con la proliferación de las “ayudas de Estado” anti-competitivas. Para los federalistas, Europa es un proyecto de desarrollo en común. Sin embargo, las prácticas del dumping fiscal a la irlandesa ponen en crisis la mínima solidaridad que requiere tal propósito. Y para los progresistas, Europa es un espacio de justicia social. No obstante, sin una política fiscal suficiente y justa no habrá recursos con los que financiar adecuadamente este objetivo.

La Comisión Europea está tramitando una sanción extraordinaria de más de 13.000 millones de euros, con motivo de las ayudas de Estado ilegales proporcionadas por Irlanda a la multinacional Apple entre 2003 y 2011. Este episodio pone sobre la mesa un grave déficit y un reto ambicioso para las instituciones europeas. El déficit está en la permisividad con que hasta ahora han funcionado los paraísos fiscales de facto, las llamadas taxruling o regímenes fiscales a la carta, y el “dumping” puro y duro de atraer empresas prometiéndoles bajadas de impuestos. El reto es el de la armonización fiscal en Europa, tan imprescindible como inexistente a día de hoy.

Los números del “caso Apple” marean tanto como indignan. En el año 2011 Apple declaró ingresos por 16.000 millones de euros en Irlanda. Su taxruling permitió gravar tan solo 50 de esos 16.000 millones. El pago fiscal fue finalmente de 10 millones, un 0,05%. Tres años después, en 2014, la cosa fue aún peor: el tipo fiscal efectivo satisfecho descendió hasta el 0,0005%.

Mal por la multinacional, porque nos descubre una imagen de egoísmo e insolidaridad muy negativa, que debiera tener costes en su prestigio social. Mal por el estado irlandés, porque se muestra capaz de las maniobras más arteras para obtener un pequeño beneficio propio, a costa de un perjuicio grande para el conjunto de Europa. Y mal por la propia Europa, porque se demuestra su incapacidad manifiesta para asegurar una fiscalidad común mínimamente justa y coherente.

Pero lo peor es la conciencia de que el “caso Apple” y la culpa irlandesa son solo la punta de un iceberg de la que forman parte muchas más empresas, algunos Estados más, y una infinidad de escándalos por descubrir.

Europa no tendrá un presente aceptable ni un futuro creíble hasta que se muestre capaz de aplicar una mínima armonización fiscal en todo su territorio. Una fiscalidad suficiente, progresiva, justa y, ante todo, común. Para salvaguardar la competencia auténtica, las empresas no han de competir en recortes salariales y en elusiones fiscales, como en buena medida se hace ahora, sino en calidad e innovación. Y para hacer realidad el modelo social europeo al que aspiramos, los actores que más beneficios obtienen del mercado europeo abierto han de ser también los que más recursos aporten para la consecución del bien común. Por las buenas, o por las malas, con la ley en la mano.

Por cierto, ¿qué fue de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras que el Parlamento Europeo ha aprobado de manera reiterada durante los últimos diez años? Sorprende la celeridad con que se articulan las decisiones relativas al rescate público de las entidades financieras en apuros, mientras se eterniza la burocracia para implementar las decisiones que urgen a estas mismas entidades para contribuir fiscalmente al desarrollo colectivo. O quizás ya no sorprende tanto…