QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO TRAS LA DISOLUCIÓN DE LAS CORTES GENERALES

Al aprobar el Presidente del Gobierno el Decreto de disolución de las dos Cámaras de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones, ha empezado a comentarse en los medios de comunicación las supuestas limitaciones que tiene el Gobierno para “gobernar por decreto” (sic). También en algunos ámbitos administrativos se evocan estas supuestas limitaciones y no es una rareza oír decir a algún funcionario que tal acto o procedimiento administrativo no se puede realizar porque el Gobierno está en funciones. En esta campaña está ocupando un lugar destacado el Partido Popular que es el grupo político que más denuncia que el Gobierno pretende “gobernar por decreto”. En el caso del partido conservador se actúa con especial ignorancia y tampoco falta cierta desfachatez: por una parte amenaza denunciar a la Junta Electoral los “decretos” (tout court) del Gobierno, sin distinguir siquiera si son Decretos de rango reglamentario o Decretos-Leyes. Por otra parte, no ha faltado desfachatez en unas declaraciones de la Presidenta del Diputación Permanente del Congreso, Ana Pastor, que habla de que el Gobierno está empleando los Decretos con fines electorales (habló, quizá sin mucha precisión terminológica, de “dopaje” del Gobierno). Y eso lo dice la Presidenta del Congreso que, bajo apariencia de buenas formas, ha boicoteado, junto a la mayoría de la Mesa de la Cámara, todas las iniciativas legislativas del Gobierno del Presidente Sánchez. Ha sido una Presidenta militante en favor de su partido, y no ha representado a todo el Congreso. Por eso, ante la confusión deliberada de unos y la ignorancia de otros, conviene recordar qué puede hacer el Gobierno en los próximos meses.

Recordemos, en entrada, que la noción jurídica de “Gobierno en funciones” es una construcción legal, de la Ley y no de la Constitución. El artículo 101 de la Constitución habla de “Gobierno cesante” que es el Gobierno que cesa tras la celebración de las elecciones generales, por pérdida de la confianza del Congreso, por fallecimiento o por dimisión  y que continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Pero de esta expresión no se desprende ningún efecto jurídico especial. Fue la Ley del Gobierno de 1997, en su artículo 21, la que anudó a esa situación algunos efectos, de carácter imperativo (facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, facilitar también el traspaso de poderes y limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos) o prohibitivo (en sentido genérico, abstenerse de adoptar medidas que vayan más allá del despacho ordinario de asuntos y, más particularmente, aprobar proyectos de ley de Presupuestos y presentar proyectos de ley, a lo que se agrega, para el caso singular del Presidente del Gobierno, proponer al Rey la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza en el Congreso, o proponer al Rey la celebración de un referéndum consultivo). Posteriormente, la jurisprudencia, especialmente la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2005, explicó que el Gobierno en funciones tenía vedadas todas las actuaciones que impliquen una nueva orientación política. Por otra parte, ninguna Ley ha regulado el Ministerio en funciones, ni los cargos directivos en funciones, por lo que el Ministerio y sus cargos directivos siguen actuando como lo hacían anteriormente siempre que se actúa en la gestión ordinaria de asuntos.

Quiere ello decir que el Gobierno funciones puede aprobar cuantos Decretos y Acuerdos exija el despacho ordinario de asuntos sin otra prohibición que adoptar medidas que impliquen orientación política. Incluso puede aprobar Decretos-leyes si se diera una situación de extraordinaria y urgente necesidad como, por ejemplo, unas inundaciones, un terremoto o un supuesto similar.

Todos estos mandatos y prohibiciones se dirigen al Gobierno en funciones pero ha de tenerse en cuenta que el Gobierno en funciones, como señala el artículo 101.1 de la Constitución, se constituye el día siguiente de las elecciones (o el día siguiente a las demás causas que dan lugar al cese del Gobierno), lo que se formaliza mediante un Decreto del Presidente del Gobierno que declara cesado al Gobierno que él preside y lo mantiene en funciones. Por ende, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez entrará en funciones el lunes 29 de abril. Hasta entonces es un Gobierno dotado de todos los atributos y competencias y no tiene otros límites jurídicos que aquellos que resultan de la naturaleza de las cosas, como, por ejemplo, aprobar proyectos de ley que no podría remitir al Parlamento porque éste no existe. Y si se da el supuesto de hecho de una extraordinaria y urgente necesidad el actual Gobierno que aún no está en funciones puede aprobar todos los Decretos-Leyes que sean necesarios. Que el Partido Popular amenace ahora con acudir a la Junta Electoral para impedir la aprobación de un Decreto o de un Decreto-Ley es un disparate jurídico porque los Decretos sólo los controla la jurisdicción contencioso-administrativa y los Decretos-Leyes sólo se pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional (amén de su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes desde su aprobación).

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985 sí ha fijado algunas limitaciones a las autoridades públicas a partir de la convocatoria de elecciones pues el artículo 50 de esa Ley prohíbe a los poderes públicos realizar actos que contengan alusiones a las realizaciones o logros obtenidos. Esa prohibición ha sido desarrollada por la Junta Electoral Central por una Instrucción de 2011.

Más allá de esos actos de los poderes públicos, el Gobierno está legitimado para gobernar con todos sus medios porque no está en funciones. Otra cosa es que el Gobierno decida auto-limitarse en algunas medidas pero, en todo caso, son legítimas y adecuadas el ordenamiento vigente.