¿QUÉ HACER?

¿QUÉ HACER?

saracibar130716(2)

Lo más relevante de las pasadas elecciones generales del 26-J no ha sido que el PP haya ganado las elecciones, sino que ha superado, incluso, sus mejores expectativas electorales, beneficiándose, entre otras cosas, de una campaña de muy baja intensidad condicionada por los poderes fácticos entregados a su causa. Los datos son suficientemente esclarecedores: el PP ha mejorado sus resultados, sobre las elecciones del 20-D, en 690.433 votos y 14 escaños. Además, el triunfo del PP se ha producido en todas las CCAA, salvo en el País Vasco y Cataluña.Ciudadanos ha perdido 376.772 votos y 8 escaños. Por lo tanto, el bloque de derechas (PP más Ciudadanos), ha conseguido 169 escaños; 6 más que los que consiguió el 20-D: los 5 escaños del PSOE más 1 del PNV perdidos.

El PSOE pierde 106.070 votos y 5 escaños (su peor resultado en democracia), con el agravante de que pierde en sus feudos tradicionales y particularmente en Andalucía. El atenuante es que se mantiene como segunda fuerza política y conservará su influencia relevante a la hora de formar gobierno, así como en los futuros debates parlamentarios. Unidos Podemos (UP) es el gran perdedor de las elecciones del 26-J. A pesar de que mantiene sus escaños en relación al 20-D, pierde 139.729 votos, a los que hay que añadir los 923.133 que obtuvo Izquierda Unida (IU) el 20-D. Todo ello suma un total de 1.062.862 votos perdidos respecto a la suma de IU y Podemos el 20-D. La ley de D´Hondt ha evitado el desplome de escaños de la coalición de ambas fuerzas políticas; lo contrario que le ocurrió a IU el 20-D, que se vio penalizado por dicha ley al beneficiar ésta a los partidos con más votos y mejor implantados en el territorio y, por otra parte, perjudicar la división y a los partidos con menos votos.

El diagnóstico de lo ocurrido no es compartido por todos; sin embargo, hay algunas cosas que están bastante claras. En primer lugar, debemos manifestar que el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos no ha obtenido ningún rédito en las urnas. Más bien, todo indica que ha sido penalizado y que la mayoría de los electores de izquierda no han compartido suficientemente la versión del PSOE de que Podemos fue el culpable de que no se formalizara un gobierno de izquierdas después del 20-D.

El PP y UP han conseguido polarizar la campaña entre ambos partidos en busca del triunfo electoral. En este contexto, UP ha sufrido un ataque exacerbado -y sin precedentes en democracia- de los poderes fácticos, financieros y mediáticos, así como del PP, PSOE y Ciudadanos.

Las encuestas publicadas (algunas posiblemente manipuladas) han fallado estrepitosamente. Ello ha condicionado la campaña electoral (sobre todo la de UP) que, todo hay que decirlo, ha sido pobre de solemnidad, siguiendo la estrategia del PP (dormir la campaña) y de UP en la última semana de dicha campaña, al interpretar mal las encuestas y aceptar, como un buen resultado, ser el segundo partido por encima del PSOE, encabezando así las opciones de izquierda y, por lo tanto, un hipotético gobierno de cambio. Por eso, a pesar del esfuerzo del PSOE, no se celebraron debates de interés ni se introdujeron propuestas novedosas sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos. Por otra parte, UP también falló en sus mensajes, en ocasiones muy contradictorios para un partido que aspiraba a ser una fuerza transversal (Zapatero fue el mejor presidente, apuesta por la socialdemocracia, encuentro con Anguita…), aunque lo peor es que se vio muy perjudicado por el voto útil y, sobre todo, por el miedo exacerbado y la incertidumbre creada por el PP, a lo que hay que añadir el Brexit y el desplome bursátil al término de la campaña.

Los electores, sin causa que lo justifique, votaron seguridad entre comillas y rechazaron, en tiempos de turbulencia, hacer mudanzas. En este contexto, el PSOE no consiguió mejorar su credibilidad y careció de un relato unívoco, convincente y alternativo. Pedro Sánchez apareció nuevamente como un producto de marketing (sin alma…) y no consiguió introducir en la campaña electoral la necesidad de un cambio radical (compatible con la seguridad) en una sociedad necesitada de una profunda regeneración democrática. Tampoco a nivel orgánico el PSOE fue capaz de movilizar a sus militantes y mucho menos a sus simpatizantes y electores en general. Por último, la pulsión de cambio político no penetró en la ciudadanía y las opciones de Sánchez, Iglesias y Rivera como hipotéticos presidentes de gobierno (alternativos a Rajoy) no se asumieron en absoluto por el electorado.

Ante este breve diagnóstico, la pregunta que se hace todo el mundo en estos momentos es: ¿Qué hacer? El PP, como partido ganador, debe intentar formar gobierno (de hecho ya lo está haciendo). En primer lugar con Ciudadanos y en segundo lugar con otros partidos menores que le garanticen, dentro del bloque de derechas, alcanzar los 176 escaños. El PSOE debe pasar a la oposición renunciando al gobierno de gran coalición y a facilitar la investidura de Rajoy a través de la abstención. El PSOE no puede olvidar los nefastos cuatro años de la pasada legislatura ni los múltiples casos de corrupción, que han generado profundas desigualdades, pobreza y exclusión social. A pesar de estas poderosas razones, sufrirá presiones de los poderes fácticos y mediáticos -con el argumento de evitar unas nuevas elecciones-, incluso desde la UE.

El PSOE no debe caer en esa trampa ni tampoco intentar ser el más responsable de su clase. Ya lo intentó después del 20-D, demostrando, una vez más, que sigue siendo un partido fiable; sin embargo, ahora no toca, como lo han demostrado con claridad las urnas. Además, el PSOE no puede blanquear las políticas y corrupciones del PP y menos dejar sólo a UP encabezando la oposición de izquierdas a lo largo de la legislatura, al margen de que tiene que consolidarse como una alternativa al PP.

Estos argumentos de peso deben prevalecer, a pesar de que el PP haga concesiones de todo tipo al PSOE. En todo caso, el fracaso de Rajoy (ni esperado ni previsible) puede conducirnos, si se produce, a unas nuevas elecciones que nadie desea, lo que generaría un problema que, en ningún caso, conviene dimensionar de manera interesada por encima de lo razonable. Ante este hipotético supuesto, no es extraño que algunos observadores con experiencia política (fundamentalmente de izquierdas) descarten un acuerdo alternativo con la presencia de los independentistas catalanes (derecho a decidir); pero, en cambio, defiendan abrir nuevas conversaciones encaminadas a formalizar un gobierno de cambio en el que participarían el PSOE, Ciudadanos y UP.

Esta alternativa es posible en términos matemáticos (sumarían 188 diputados), pero resulta muy difícil de llevar a la práctica por muchas razones, entre las que se incluyen los rechazos mutuos entre Ciudadanos y Podemos. Tampoco debemos olvidar la pugna entre el PSOE y UP en la campaña electoral por la hegemonía en la izquierda, que todavía no está suficientemente desactivada; por lo tanto, no estamos en estos momentos ante una hegemonía compartida y asumida, ni muchísimo menos, lo que dificulta un acuerdo de investidura, a pesar de que UP ha perdido mucha capacidad de presión, no está para grandes exigencias y menos para celebrar unas nuevas elecciones generales.

Desde luego, estaríamos hablando de un gobierno de emergencia, encabezado por Pedro Sánchez, cuyo denominador común sería evitar, en definitiva, que gobierne la derecha. Este simple y poderoso argumento requiere una fuerte lealtad política; sin embargo, no necesitaría grandes acuerdos programáticos, puesto que éstos se deberían alcanzar a lo largo de la legislatura y hasta cuando fuera posible… En todo caso, un acuerdo de mínimos debería contemplar ocho grandes apartados: la UE (déficit, deuda pública y posibles ajustes), el desempleo (crecimiento del PIB, políticas activas de empleo, oficinas públicas de empleo y nuevos yacimientos de empleo), la protección social (pensiones, desempleo, dependencia y renta mínima garantizada), la legislación laboral (temporalidad, negociación colectiva y SMI), los servicios públicos (sanidad y educación), la fiscalidad, la regeneración democrática y el debate territorial.

Las consideraciones arriba señaladas demuestran que el PSOE, a pesar de sus malos resultados, conserva su capacidad de maniobra y aparece en todas las combinaciones posibles de gobierno, cosa que no sucede con UP ni con Ciudadanos. Por eso, en el supuesto de formalizar algún acuerdo, el PSOE debe consultar a sus bases como ya lo hizo cuando llegó a un compromiso con Ciudadanos después del 20-D. Por otra parte, el PSOE debe reflexionar en primer lugar sobre la convocatoria de su aplazado congreso ordinario, que debe elegir una nueva dirección y aprobar su estrategia política para la próxima legislatura. En segundo lugar, debe abrir un debate en profundidad sobre su política a seguir a medio y largo plazo, que regenere el partido y recupere la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en base a las ideas y fundamentos socialdemócratas. En el plano orgánico se debe hacer un esfuerzo especial de adaptación a la nueva realidad digital (redes sociales) y de apertura del partido (casas del pueblo) a sus afiliados y simpatizantes. Ello requerirá fortalecer la democracia interna y fomentar la participación a todos los niveles de la organización.

Estas medidas no son nada nuevas y se vienen anunciando desde hace tiempo; sin embargo, nunca se ponen en práctica, lo que puede explicar, entre otras razones, el pronunciado declive electoral que se ha producido en los últimos años, agravado porque se produce después de un ejercicio de gobierno del PP que ha causado verdaderos estragos sociales, escándalos de corrupción y abusos de poder intolerables.

Al margen del protagonismo y de la labor encomendada a los partidos políticos, los movimientos sociales emergentes y, sobre todo, los sindicatos, están reflexionando sobre cómo canalizar en los próximos meses las esperadas protestas sociales contra una nueva y previsible política de ajuste, además de contra el desempleo, la precariedad, la desprotección social (pensiones, desempleo y dependencia), el deterioro de los servicios públicos y el desarme fiscal; en definitiva, contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Esas expectativas de lucha, al margen de los resultados, no se pueden defraudar de ninguna manera, y menos desde la izquierda. El objetivo no es otro que defender la centralidad del trabajo y trabajar por un país más justo, más igual y más democrático, que destaque por estos conceptos progresistas en un contexto internacional globalizado.