¿QUÉ HABRÍA QUE HACER SI EL REY VOLVIERA A PROPONER A PEDRO SÁNCHEZ COMO CANDIDATO?

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La dificultad de formar Gobierno tras las elecciones el pasado diciembre está haciendo aflorar problemas, dudas y opciones que desde 1978 no se habían suscitado. Una de las cuestiones que estos días está provocando alguna controversia es el procedimiento a seguir en el supuesto de que el Rey, tras recibir la información pertinente, propusiera nuevamente a Pedro Sánchez como candidato. No entro en la viabilidad práctica de esa eventual iniciativa sino exclusivamente en las dudas procedimentales que emergen.

Las dudas vienen provocadas por un razonamiento bastante sólido. Si Pedro Sánchez ya expuso ante la Cámara un programa de gobierno y esa Cámara tuvo ocasión de debatirlo, ¿qué necesidad habría de reiterar el mismo debate si no han cambiado el candidato ni la Cámara?

Empecemos por examinar las previsiones normativas. El artículo 99.2 de la Constitución establece que el candidato propuesto por el Rey expondrá ante el Congreso de los Diputados “el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. La Constitución, por ende, no exige debate en torno al programa del candidato, pero sí que el programa gubernamental sea expuesto ante la Cámara.

Por su parte, el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 171, sí ha previsto un debate subsiguiente a la presentación del programa del candidato. Concretamente, el apartado 3 de ese artículo 171 ha establecido que tras la exposición del candidato intervendrá un representante de cada Grupo Parlamentario que lo solicite por treinta minutos. Esta exigencia de dar la palabra a cada Grupo que lo solicite (no de que intervenga) proviene del escándalo que fue el primer debate constitucional de investidura, en abril de 1979, cuando el Presidente Suárez no quiso que se debatiera (y, por ende, se criticara) su programa de gobierno unas pocas horas antes de celebrarse las primeras elecciones municipales de la democracia. Aquella negativa de Suárez, que mostró las primeras debilidades e inseguridades que condujeron a su dimisión menos de dos años después, determinaron que al aprobarse el Reglamento definitivo del Congreso (en 1979 estaba vigente el Reglamento provisional de 19 de octubre de 1977), se regulara de derecho necesario la celebración de un debate a continuación de la presentación del programa de gobierno, debate, lógicamente, potestativo para los Grupos Parlamentarios.

A partir de esas previsiones normativas, ¿se podría considerar que las exigencias del artículo 99.2 de la Constitución y del artículo 171.3 del Reglamento del Congreso se han cumplido porque, días o semanas atrás, el mismo candidato presentó su programa de gobierno y fue debatido por todos los Grupos Parlamentarios?

Empecemos por verificar el supuesto de hecho desencadenante del debate. Como ha habido ya dos votaciones fracasadas y, sobre todo, ha habido un debate dividido en dos días distintos, cabe entender que si el Rey vuelve a proponer como candidato al mismo que ha fracasado es porque posee información suficiente que le induce a pensar que uno o varios Grupos Parlamentarios que votaron en su contra en las dos primeras están dispuestos a votar a favor o a abstenerse. Y si ha ocurrido ese giro se deberá, probablemente, a algún tipo de negociación entre el candidato otrora fracasado y ese Grupo o Grupos que están dispuestos a variar el sentido de su votación. Todo ello lleva a pensar que desde el punto de vista de las exigencias del artículo 99.2 de la Constitución, el programa de gobierno contendrá probablemente los suficientes contenidos nuevos para hacer pensar que se trata de un programa de gobierno nuevo pues no se pasa del voto negativo al positivo o a la abstención si el cambio de programa ha sido mínimo. Luego, por exigencias constitucionales, parece obligado que el candidato presente al Congreso de los Diputados el programa de gobierno.

Y si pasamos de las exigencias constitucionales a las previsiones reglamentarias, la conclusión concuerda en el mismo sentido. Si hay presentación de programa de gobernó y votación de investidura, el Reglamento del Congreso exige debate con intervención de todos los Grupos Parlamentarios que lo soliciten. Si el Presidente de la Cámara, como hizo Landelino Lavilla en abril de 1979, impidiera el debate no sólo provocaría un gran escándalo parlamentario sino que su decisión podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por aquellos Grupos que hubieran deseada participar en el debate.

La conclusión a la que se puede llegar es que si Pedro Sánchez volviera a ser candidato, habría que celebrar un debate similar al que hemos visto la semana pasada, lo que conlleva, desde el punto de visto del calendario, que tanto en la Zarzuela como en la Presidencia del Congreso habrán de calcular muy bien los tiempos, pues un debate de investidura comporta una duración de casi una semana.