PUERTAS GIRATORIAS

En los últimos tiempos se han traído a la primera línea del debate político la cuestión de las puertas giratorias, esto es, las situaciones en las que los políticos pasan a desempeñar funciones dentro de las grandes empresas una vez que dejan de serlo.

Un problema que se quiere constitucionalizar mediante su prohibición durante un periodo más o menos grande de tiempo, como vía para garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la acción pública. Un problema actual y perenne, que no es sólo de nuestro país y que está de actualidad por los supuestos de interacción entre lo público y lo privado que se vio en los años anteriores.

Más allá de la primera reacción, el problema de las puertas giratorias, del pantouflage de los franceses, revolving doors de los anglosajones, no es un problema que se pueda despachar de un plumazo. De hecho, cuando abordamos el problema de las puertas giratorias hemos de ser conscientes que no sólo se producen en el momento de dejar el ejercicio de la actividad pública sino que también se puede producir antes y durante su actividad, como se ha demostrado recientemente en España.

Empecemos planteándonos la primera cuestión; de la que no se suele hablar: ¿qué requisitos previos exigimos a un político? No estoy hablando sólo de su cualificación, sino de que puede que existan conflictos de intereses en aquellos casos en los que se va a desarrollar la actividad en el mismo tipo de sector económico: un riesgo que se refiere específicamente a lobbystas y a altos directivos de las empresas. De hecho, el riesgo es tan considerable que constituyó uno de los aspectos regulados por el Presidente Obama en el año 2009.

El fenómeno más comentado de las puertas giratorias se vincula a la pregunta de qué hace un político cuando deja de serlo. Trabajar en lo suyo, parece la primera respuesta y que, desde luego es la situación normal cuando se es funcionario. Para los que no lo son, ¿cómo de estrictos somos limitando el trabajo al que pueden acceder? E inmediatamente después nos tenemos que preguntar: ¿qué indemnización le damos si restringimos de forma estricta su acceso al mercado de trabajo?

Nos encontramos ante muchas situaciones que entran en los problemas de uso de la influencia adquirida en la política para el desempeño a posteriori de la labor privada y en donde, además, aparece la cuestión de que el expolítico debe tener un puesto de trabajo (salvo que asumamos que haya que dar una indemnización). Y no podemos olvidar que, en ocasiones, su nombramiento para un cargo público deriva, precisamente, de esos conocimientos que ahora pretendemos invalidar para el ejercicio profesional.

El problema, se dice, aparece cuando se accede a un Consejo de Administración de una gran empresa, especialmente si es de las denominadas estratégicas. En España siempre sale el mismo caso, a pesar de que lo dejó hace algún tiempo: ¿Consideramos ilógico que Felipe González pudiera estar ahora (lo pongo en condicional, porque dejó de estar hace bastantes meses) en el Consejo de Administración de Gas Natural, cuando hace más de 20 años que dejara la Presidencia del Gobierno? A mí recordar este caso no me parece adecuado. El tiempo transcurrido es demasiado grande.

A partir de aquí, surge la siguiente cuestión: ¿sólo miembros de Consejos de Administración? Esta es la situación en la que estaba Jordi Sevilla (trabajando para una consultora, Price Waterhouse Coopers) ¿Se lo impedimos también? ¿Por cuánto tiempo? ¿Estamos diciendo en consecuencia que sus conocimientos no le permiten para ganarse la vida? O en el caso de Trinidad Jiménez. Dejó de ser Ministra hace cuatro años. Un tiempo más que respetable para que ahora pueda afrontar un cambio en su vida profesional. E incluso podemos plantearnos algo más: ¿para cualquier tipo de empresa? ¿O hacemos distinciones?

Frente a lo estricto que parece que se quiere ser con estas situaciones nada se dice de otras. Para hacer lobby, para desplegar influencias, no hace falta entrar en un Consejo de Administración ni siquiera trabajar para una gran empresa. ¿Hemos pensado en los despachos de abogados o de otros profesionales liberales cuya tarea fundamental es el lobby? ¿No sería mejor la regulación del lobby para saber quiénes se dedican a este tipo de menesteres, tal como ocurre en la Unión Europea? ¿No habría también que mejorar la transparencia de la actuación pública para saber con quién se reúne cada cargo público y cuál es el contenido de la reunión? Yendo más allá, determinar incluso los regalos (supuestamente de cortesía) que se reciben. ¿Tenemos un horizonte de una regulación como la estadounidense?

O incluso, ni siquiera hace falta plantearnos que el cargo público pase al sector privado, cuando es posible hacerlo fichando a su pareja. Es difícil no pensar que el fichaje de Iván Rosa, esposo de la Vicepresidenta Saez de Santamaría, dos meses después de que esta accediera al cargo no está motivado por la posición política de su mujer. Este supuesto: ¿lo consideramos afectado por una situación de incompatibilidad?

La casuística es grande, como se puede ver, y los contornos de la legislación deben contemplarlos todos. Pero no resulta suficiente. Los casos de influencias desarrolladas por algunos diputados del Partido Popular durante esta legislatura han hecho salir a la luz un problema que está bien regulado pero mal aplicado: el otorgamiento de la compatibilidad a los diputados para desarrollar actividades privadas. Cogiendo la letra del artículo 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se recuerda que la actividad de diputado o de senador es con dedicación absoluta no podría pasar. La lectura que se hace de la misma nos conduce a que esté ocurriendo. El problema es también de cómo se aplican los supuestos y sobre todo las excepciones que existen, tal como se vio en la reciente votación de julio de 2017, que mereció el voto negativo del Grupo Parlamentario Socialista.

Las puertas giratorias tienen un campo en el caso de la función pública de lo que no se suele hablar o que, por lo menos no están en el ojo del huracán: el paso de los miembros de los cuerpos de élite de la Administración del sector público al sector privado para litigar contra el Estado. Abogados del Estado e Inspectores de Hacienda son los primeros en esta lista. Aquí habría que ampliar el tiempo en el que deben permanecer obligatoriamente en el sector público (que hoy sólo son 5 años, tras la modificación hecha por el Gobierno Aznar) y endurecer las consecuencias de su salida. De esto, que nos está costando mucho dinero al cabo del año, sin embargo, no se dice absolutamente nada.

Con los ejemplos anteriores he querido destacar un dato: merece una respuesta pensada para incluir todo aquello que merezca la pena y con unas consecuencias proporcionadas. Todo ello, en el empeño de que se reduzca lo más posible una influencia perniciosa a la hora de toma de decisiones públicas. Aunque para esto me parece que la capacidad del político para aguantar las presiones y decidir en función del interés general es lo más relevante.