PRIORIDADES DE GOBIERNO: DESEMPLEO, PRECARIEDAD Y PENSIONES

PRIORIDADES DE GOBIERNO: DESEMPLEO, PRECARIEDAD Y PENSIONES

El pasado día 15 se han constituidos los nuevos Ayuntamientos respetando escrupulosamente los resultados de las elecciones del 26 de mayo. La política de alianzas de la derecha ha cumplido con todos los pronósticos anunciados (incluido el blanqueo de la corrupción y el aval a la extrema derecha) y las tres formaciones han sido fieles a sus intereses (cambio vergonzoso y opaco de cromos), sobre todo en Madrid, recuperando el Ayuntamiento y, previsiblemente, conservando la Comunidad. En definitiva, han terminado por ganar la “Batalla de Madrid”, a pesar de los serios esfuerzos de las formaciones de izquierda por evitarlo. No es extraño, por lo tanto, que se alcen voces pidiendo una profunda reflexión sobre lo ocurrido, particularmente en Unidas Podemos, pero también en el PSOE, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento (campaña electoral, candidatos, celebración de Primarias, implicación de La Moncloa, gestión de la Agrupación Socialista Madrileña…).

Paralelamente, el Rey Felipe VI culminó las consultas para nombrar al candidato y  encargó a Pedro Sánchez formar gobierno, lo que está dando paso a conversaciones entre el PSOE y un debilitado (pero imprescindible) Unidas Podemos, ante las exigencias extravagantes y desorbitadas de Ciudadanos en su particular pugna por superar al PP. Si bien los medios de comunicación se están haciendo eco, sobre todo, de la posible participación de Pablo Iglesias en el gobierno, no debemos olvidar nunca la importancia  del contenido y las prioridades del Pacto Programático de Legislatura, así como los términos de la Agenda social encaminada a superar las profundas desigualdades  generadas por la crisis. En este contexto, los amagos del PSOE relacionados con la repetición de elecciones han tenido muy poco recorrido y han resultado incomprensibles para un gran número de los ciudadanos, al margen de las tácticas a corto plazo que imperan en todos los partidos políticos en la actualidad.

El previsible y esperado Pacto deberá contemplar medidas relacionadas con el protagonismo de España en la UE, el desempleo y la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, la protección social (pensiones, desempleo y dependencia), la mejora de los servicios públicos y sociales (educación, sanidad, vivienda…) y la política fiscal (mayores ingresos y financiación territorial, partiendo de que España recauda 7 puntos del PIB por debajo de la media europea). También deberá abordar el laberinto catalán, el cambio de nuestro modelo productivo (generando empleos de calidad y con derechos y apostando por la digitalización y la investigación a todos los niveles), además de consolidar las libertades (respeto a las minorías), apostar por la igualdad de género sin ambigüedades y luchar decididamente contra la contaminación y el cambio climático.

Precisamente, en relación con nuestro mercado de trabajo se han publicado recientemente los datos del paro registrado, en el mes de mayo, en las oficinas públicas de empleo. Los datos han sido valorados positivamente; sin embargo, han confirmado una vez más el grave problema que afecta a nuestra economía y, sobre todo, a un considerable número de jóvenes y trabajadores mayores de 52 años: el desempleo y, lo que es particularmente relevante, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo.

El desempleo ha bajado en 84.075 personas en relación con el mes anterior, lo que representa una caída del 2,66% y sitúa el total de personas en paro registrado en 3.079.491. Los datos analizados constatan el carácter estacional de las cifras (en el sector de hostelería la afiliación a la Seguridad Social ha crecido el 5,72%), la alta temporalidad, el persistente paro de larga duración, la falta de seguridad en el trabajo (la muerte reciente de un “raider” sin licencia resulta escandalosa e intolerable), la elevadísima rotación en la contratación y una muy baja protección por desempleo: la cobertura de desempleo alcanzó el 59,12% en abril, muy por debajo del 70,6% alcanzado en el año 2.011. Otro dato a tener en cuenta es que resultan muy elevadas las jornadas a tiempo parcial no deseadas (de 3 ó 4 horas) con salarios por debajo de los 500 euros y que los contratos indefinidos representan el 8,87% del total de los firmados, con el agravante de que sólo el 5% han sido indefinidos a tiempo completo.

Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos insistan en denunciar estos problemas y exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después de las desafortunadas y contradictorias declaraciones de la ministra de economía en funciones, Nadia Calviño, sobre la negociación de un hipotético nuevo Estatuto de los Trabajadores, como si eso fuera fácil y sencillo con la actual relación de fuerzas entre los interlocutores sociales. Ello puede abrir un nuevo frente entre el PSOE y Unidas Podemos e, incluso, se pueden producir serias diferencias entre las áreas de Trabajo y Economía del próximo gobierno, además de consolidar la actual relación de fuerzas claramente favorable a los empresarios. Los sindicatos han recordado también la obligación imperiosa de aplicar la subida del SMI, ante los incumplimientos y la actitud imprudente y provocativa de algunos empresarios, controlar las horas extraordinarias no pagadas y luchar contra el escandaloso fraude fiscal y la explotación y el abuso que representa la economía sumergida.

En todo caso, la aplicación de estas medidas sólo será posible si se ven acompañadas de movilizaciones ciudadanas, de la presión de los sindicatos y de las fuerzas emergentes. Al margen de que se recuerde al próximo gobierno sus compromisos y se exija que las ideas socialdemócratas sigan siendo una referencia política obligada a lo largo de la presente legislatura, sobre todo cuando en esta tarea tendrán el apoyo de los sindicatos y de las fuerzas progresistas. A pesar de ello, la gestión del gobierno se verá dificultada por la fuerte presión de las instituciones de la UE, del sector financiero, de los empresarios y por el radicalismo extremo de las fuerzas de oposición política. En este sentido, debemos recordar nuevamente las lamentables declaraciones (de marcado carácter ideológico) del gobernador del Banco de España sobre el incremento del SMI y su repercusión directa en la destrucción de 125.000 empleos (en la práctica ocurre todo lo contrario, al incrementarse el consumo interno y el PIB), además de la exigencia de la UE al gobierno  de ajustar los presupuestos en 15.000 millones de euros en dos años, de acuerdo con la vigencia del artículo 135-CE, que antepone el pago de la deuda a gastos sociales o de inversión.

En el camino emprendido hacia la investidura y la estabilidad gubernamental se vienen alzando voces contrarias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno, incluso dentro de este partido, al considerar que esa participación hipoteca la defensa de una nítida política de izquierdas. Debemos reiterar que esta participación directa no es lo más importante en estos momentos, a pesar de que esta formación política tiene derecho a exigirlo; simplemente porque resulta fundamental su apoyo para que Pedro Sánchez sea presidente y gobierne con la estabilidad necesaria. Por eso, Unidas Podemos debe centrarse en los asuntos más importantes del acuerdo programático. Por ejemplo, reducir la jornada de trabajo a 34 horas e incrementar el SMI (después del último y notable incremento), aún siendo dos exigencias importantes de dicho partido político, no son medidas imprescindibles en la actualidad. Eso ya lo vienen reivindicando los sindicatos en las conversaciones con el gobierno y en la negociación con los empresarios, al margen de que estos puntos forman parte de sus competencias relacionadas con la acción sindical.

En cambio, hay tres asuntos de enorme trascendencia que Unidas Podemos debe apoyar con especial énfasis: un Plan de Choque por el Empleo  (evaluar las políticas activas de empleo, potenciar la intermediación de las oficinas públicas de empleo, buscar nuevos yacimientos de empleo, activar y reformular la formación profesional…). En segundo lugar, la derogación de las reformas laborales, con el propósito de eliminar la ultra actividad, reducir la escandalosa precariedad, combatir la fuerte devaluación salarial, impulsar el protagonismo de los interlocutores sociales y potenciar la negociación colectiva, primando los convenios sectoriales sobre los de empresa. Y, en tercer lugar, activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: racionalizar el gasto y recurrir a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la Seguridad Social. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen y los sindicatos lo vienen reivindicando con insistencia, para eliminar incertidumbres, a través de sistemáticas movilizaciones.

Finalmente, el PSOE tiene pendiente impulsar la participación de sus afiliados en la toma de decisiones, así como la democracia interna y el fortalecimiento de las estructuras y organizaciones de base. En los meses transcurridos desde la moción de censura hasta nuestros días el Aparato partidario ha estado dedicado exclusivamente a tareas de gobierno, cosa comprensible en semejantes circunstancias. Sin embargo, en estos momentos eso debe cambiar; por lo tanto, la política organizativa debe tener un mayor protagonismo y, en este sentido, se deben abrir las Casas del Pueblo y propiciar la participación activa de los militantes en el tejido social, además de potenciar la comunicación directa y virtual con los ciudadanos a todos los niveles. El PSOE no sólo debe comunicar y explicar las decisiones que tome el gobierno (con plena autonomía); también debe trasladar al gobierno el sentir de los sindicatos y las exigencias de todas las organizaciones sociales representativas. Los ciudadanos lo exigen y la eficacia en la consecución de un país moderno, más justo, más igualatorio y preocupado por las personas lo justifica plenamente.