PREVENIR, MEJOR QUE CURAR

Caso a):

El 7 de agosto de 1998, a medianoche, el alcalde de Marbella, Jesús Gil, aprobó definitivamente un Plan General de Urbanismo por silencio positivo de la Junta de Andalucía, que era quien debiera de haberse pronunciado sobre ello. Cuando la Junta pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía la anulación de esa aprobación y de las licencias de obra que se dieran de acuerdo con ese Plan, el TSJ dictó una sentencia jurídicamente correcta.

El TSJ anuló (además, cautelarmente) la aprobación definitiva del Plan General, porque el Ayuntamiento de Marbella no era competente para ello (lo era la Junta de Andalucía), pero no anuló, preventivamente, las licencias de obra que se pudieran otorgar con cargo al mismo porque el Ayuntamiento era, precisamente, la Administración competente en esta materia. El resultado es que el Ayuntamiento de Marbella concedió, a partir de ese momento, licencias para miles de viviendas que, posteriormente la Junta tuvo que pedir su anulación y el TSJ concederla. Las viviendas, con su licencia anulada, siguen construidas. Pero las decisiones judiciales fueron impecables.

Caso b):

Ahora, en una decisión no tan impecable al decir de algunos juristas, el Tribunal Constitucional ha dicho que el Parlament no puede investir President a una persona si no se presenta ante sus señorías para pedirles su voto. La decisión, además, tiene en cuenta que el candidato está huido de la justicia española y, previamente a esa presentación, debe hacerlo ante el Juez que le reclama para tomarle declaración. Ambas medidas parecen, al menos a ojos de profano, de sentido común por mucho que las ciencias adelanten que es una barbaridad o por poco que se respete la citación de un Juez del Tribunal Supremo.

Sin embargo, esa decisión ha podido ser calificada por algún eminente jurista como de prestidigitación jurídica ya que ha entrado en un recurso presentado por el Gobierno que, sin embargo, no ha admitido a trámite. A pesar de que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido adoptada por unanimidad y de que, por encima del mismo, no hay ningún otro en España, no me atrevo yo a opinar sobre donde está radicada la verdad, a pesar de la superioridad del órgano que la ha adoptado y de que conecta con el sentir de una mayoría de la población española y, posiblemente, con el propio sentido común.

Permitir que un ciudadano que no se somete a la justicia en España pueda llegar a ser el Presidente de una de las Comunidades Autónomas del país no parece lo más razonable y, sin embargo, es lo que parecía que podía ocurrir si se hacía caso al dictamen del Consejo de Estado, a la opinión de varios letrados del Tribunal Constitucional y a una buena parte de los magistrados del mismo, por lo que tiene pinta de que podría haberse ajustado a Ley si nos atenemos al estricto análisis de lo que el Gobierno presentó al Tribunal Constitucional.

Ambos casos citados, el a) y el b) contienen un elemento común y es el de que, de la resolución adoptada pueden derivarse actos que terminen siendo ilegales y haya, después, que ocuparse de ellos judicialmente, cuando se produzcan. Alguien, yo mismo, podría pensar: ¿Y no se pueden prever esos efectos cuando es notoria la posibilidad de que se produzcan? Si aceptásemos que la decisión jurídica en el Caso a) fue impecable pero se derivaron de ella resultados perjudiciales mientras, que la del Caso b) no lo ha sido tanto aunque va a producir un resultado razonable, podríamos preguntarnos: ¿Por qué no modificar las normas para procurar que en ambos casos se hubieran producido sentencias impecables con resultados razonables?, ¿Por qué no hacer oficial lo que es real, en frase famosa de Adolfo Suarez? Si esa decisión del TC fuera dudosa con la actual legislación, siendo razonable su adopción, ¿Por qué no hacer los cambios legislativos necesarios para que la prevención pueda impedir la comisión de nuevos delitos?

Penalizar la posibilidad de cometer un delito para evitarlo está ya regulado en varias modalidades de este pero, probablemente, falte en otros campos donde, además, suele anunciarse. El de la sedición, rebelión o desobediencia a los tribunales es uno de ellos.

Personas muy innovadoras invocan también esa norma de “todo lo que no está expresamente prohibido está permitido” para proponer cosas que, efectivamente, por no estar concretamente previstas, pueden producir efectos no deseados si se permiten. ¿Cuántos diputados del Parlament sería necesario que acudieran al mismo para celebrar una sesión si se aceptara su presencia holográfica en el mismo?

Creo que este episodio, ya que no lo hizo el de Marbella, debería servir para incorporar alguna modificación en las reglas, que permiten la comisión futura de delitos, cuando la probabilidad de que se produzcan no solo es alta sino que está anunciada, cuando no comprometida políticamente.