POR UN MODELO MUNICIPALISTA

De las entrañas de toda comunidad humana surge de forma natural el municipio como institución que aspira a ordenar la convivencia y dar respuesta directa a las necesidades de sus miembros. Con independencia del contexto y sus características originales, los municipios son consustanciales a todas las sociedades, lo cual les confiere un carácter global. Los sistemas de organización territorial se instauran, mutan y caducan, pero no el municipio, que aun en constante evolución, perdura como unidad elemental e incuestionable de todo Estado.

Ningún marco normativo de carácter general desdeña la función vertebradora que ejercen los municipios y ningún programa político serio puede subestimar su papel trascendente si pretende ver traducidas en acciones sus aspiraciones de gobierno. En las manos de los actores políticos reside pues la decisión de hacer del municipalismo el eje fundamental de sus planes, debiendo ser esta postura una de sus más reconocibles señas de identidad a ojos de la ciudadanía.

Este es el caso del partido socialista, que siempre ha procurado hacer del municipalismo bandera. Si las diferencias en el nivel de calidad de vida entre quienes viven hoy en un contexto urbano y uno rural son menores que nunca en nuestro país, se debe fundamentalmente a la ambiciosa apuesta municipalista realizada por los gobiernos de Felipe González. Fruto de ella es la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, a cuyo amparo fue creada la Federación Española de Municipios y Provincias, que es al mismo tiempo sección del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sede de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.

Durante estos últimos años, marcados por una profunda crisis económica, las corporaciones locales han demostrado que son las instituciones más eficaces y eficientes del Estado. A pesar de las desproporcionadas e injustas restricciones con que han sido castigadas, derivadas entre otras de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los municipios no sólo han sido capaces de hacer frente a más y mayores competencias, ajenas o atribuidas por delegación, sin recursos, sino que además han logrado cumplir con sus obligaciones respecto a todas aquellas de las que son titulares y lo han hecho manteniendo altos niveles de calidad en sus servicios, sin generar déficit y reduciendo deuda. De hecho los Ayuntamientos hoy tienen un superávit equivalente a medio punto de PIB, circunstancia de la que se está sirviendo el gobierno de España para maquillar en parte el déficit del resto de niveles de la administración.

Esta solidaria lección de responsabilidad representa toda una exhibición de capacidad en circunstancias adversas y viene a confirmar que las posibilidades de mejora de gestión de lo público en España pasan forzosamente por satisfacer las necesidades de financiación de las corporaciones locales. Porque a pesar de los esfuerzos realizados por los Ayuntamientos los requerimientos de la ciudadanía hacia ellos llevan demasiado tiempo superando su capacidad para atenderlos con plena satisfacción, resultando lógico que la Administración sea la que se adapte y dé respuesta a las demandas ciudadanas y no a la inversa.

Las garantías efectivas de una adecuada financiación local representan el principal objetivo por el que debe trabajar el PSOE, necesariamente dentro del proceso de reformas y puesta al día de nuestra Constitución, habida cuenta de la demostrada falta de voluntad política de las autonomías de delegar y financiar, y de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 57 bis de la Ley 27/2013, que ha arruinado la esperanza de disponer de un sistema fiable de delegaciones competenciales.

De hecho, tanto el artículo 142 de nuestra carta magna como el artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local, podemos decir que resultan, en la práctica, papel mojado en estos momentos, ya que en la medida en que la suficiencia financiera no está garantizada de facto no puede hablarse de una verdadera autonomía de los gobiernos locales. Una autonomía local que, paradójicamente, no es en ningún caso de segundo rango respecto a las Comunidades Autónomas.

Para alcanzar esa suficiencia de recursos, la tarea del PSOE debe orientarse nítidamente a que todos los municipios de España, con independencia del territorio en que se encuentren, tengan la potestad de garantizar los mismos servicios y en las mismas condiciones a todos sus habitantes. El debate territorial, enfrascado a nivel de Comunidades Autónomas, debe ser redirigido, redefinido y articulado en torno a las Entidades Locales, dando salida así a la hasta ahora inexplorada capacidad de reparación que los gobiernos locales tienen respecto a los desencajes endémicos del conjunto de nuestro sistema.

En otras palabras: el frustrante empeño histórico por cuadrar un “pacto territorial”, condenado necesariamente a la asunción temporal de eufemísticas formas de descompensación, ha de ser sustituido por un contundente pacto local entre Estado y municipios. Un pacto de lealtad, que garantice un mismo saldo en cuanto a derechos, obligaciones y oportunidades a todos los ciudadanos.

Un pacto asistido por las Comunidades Autónomas en el plano de la coordinación y la intermediación sobre materias, mediante fórmulas que pueden ser diferentes ante la consideración formal de hechos diferenciales que, pudiendo variar la proporción y el orden de los factores de la ecuación, en ningún caso altere su producto.

En consonancia con este nuevo enfoque, el partido socialista ha de defender el fortalecimiento de la dimensión política de unos gobiernos locales unidos, que cuenten con representación en las cámaras autonómicas y en un nuevo Senado. La participación real que a los municipios corresponde en la toma de decisiones del conjunto del Estado está hoy casi totalmente ausente y sin embargo no puede esperar más.