¿POR QUÉ CIUDADANOS-PODEMOS QUIEREN ITALIANIZAR ESPAÑA?

El resultado de las elecciones en Italia confirma el avance de las opciones políticas más radicales y la dificultad de formar un gobierno. Por una parte, el Movimiento 5 Estrellas es el partido ganador de las elecciones con más de un 32 por ciento de los votos, pero no llega para formar gobierno en solitario. Por otra, La Liga del xenófobo y euroescéptico Matteo Salvini, obtiene unos resultados históricos y supera a la Forza Italia de Berlusconi. Y, por último, el Partido Democrático se hunde con un 19 por ciento de los votos.

Este panorama abre muchas incertidumbres en un país que ya es conocido por su inestabilidad política crónica. Formar gobierno en estas condiciones va a ser una tarea difícil, aunque la experiencia italiana de 64 gobiernos en 70 años puede llevar a consolidar alianzas de gobiernos entre socios teóricamente antagonistas.

Hablando de acuerdos e intereses mutuos entre formaciones políticas antagonistas, me viene a la cabeza la alianza entre Ciudadanos y Podemos para intentar reformar el sistema electoral. Una alianza jalonada de palabras como “gran sintonía” y “mismos objetivos”.

Ya sabemos que NO tienen los españoles más problemas y necesidades en su vida que esta cuestión. Pero sorprende, o mejor dicho cada día sorprende menos, este acuerdo que pone los intereses particulares de estas formaciones por encima de las necesidades de los españoles.

Que vieja se ha quedado esta autodenominada nueva política, que solo se preocupa por su cuota de poder y no por los ciudadanos. Pero, puesto que quieren debate, lo primero que hay que decirles es que no italianicen España. Y en cuanto a los argumentos, reiterarles los ya muchas veces escritos.

Reformar el sistema electoral para hacerlo más proporcional y cercano a los ciudadanos es necesario, pero para que la democracia funcione es vital que exista un equilibrio entre sus dos objetivos fundamentales: garantizar que el Parlamento sea el reflejo lo más fiel posible de las preferencias de los ciudadanos y facilitar la formación de gobiernos estables. Si una de las dos patas falla, nos podemos encontrar con una profunda crisis que aumente, aún más, el malestar de los ciudadanos hacia la democracia. Vamos, lo que ocurre en Italia.

La otra cuestión que no hay que olvidar es que la reforma del sistema electoral debe de realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente, porque se quiera ver las consecuencias de algunos cambios o porque se presenten dificultades de acuerdo en algunos puntos. Por tanto, y sin sacralizar el consenso, aquí es imprescindible. ¿Qué consenso? El mayor posible para que dure la norma. Pero eso no significa que o todos o no se hace nada.

Frente al ruido que se oye siempre que se habla de sistema electoral, hay que decir que el sistema electoral español ha cumplido su función en estos años de democracia y actualmente la sigue cumpliendo. Fue un acierto y ha cosechado un gran éxito. ¿Por qué? Porque, en un país con la historia constitucional tan explosiva que hemos tenido, logra garantizar la representación que desean los ciudadanos y, a la vez, existen los mecanismos necesarios de estabilidad en la gobernabilidad de España.

De hecho, se han producido distintas mayorías absolutas y también situaciones donde el partido vencedor en las elecciones, sin obtener la mayoría absoluta, ha pactado con otros grupos parlamentarios que han dado estabilidad al gobierno a la hora de poder desarrollar su proyecto político.

A pesar de lo anterior, es decir, del éxito de la ley electoral, se precisa su reforma para corregir los desajustes que hay. Entre ellos, para mejorar la proporcionalidad y la cercanía a los ciudadanos, pero sin exageraciones, ni ocurrencias.

La reforma de la ley electoral tiene que suponer un avance en la participación democrática, porque en las democracias actuales no solo se trata de que el sufragio universal sea real y pueda participar en la elección el mayor número posible de ciudadanos, sino también hacer que el voto de cada persona tenga el mismo valor que el del resto de electores a la hora de traducir los votos en representación, es decir, en escaños.

Una vez que se plantea la reforma, hay que acotarla. Aquí, las cuestiones principales vienen determinadas por: el cambio o no de la provincia como circunscripción electoral; mantener o reducir el número mínimo de dos escaños por circunscripción; aumentar o no el número de diputados del Congreso; la modificación del Senado; y la fórmula electoral y el sistema de voto.

La comunidad autónoma como circunscripción. Bajo la premisa de que a mayor magnitud de la circunscripción se produce una mayor proporcionalidad, con este cambio conseguiríamos este objetivo; es decir, mayor grado de proporcionalidad, fundamentalmente en Andalucía y Castilla León, ya que hay siete comunidades uniprovinciales y otras con dos o tres provincias. La pega es que para cambiar la circunscripción se precisa una reforma de la Constitución y, además, sus bondades se pueden conseguir con otras modificaciones de la ley sin reformas constitucionales.

Reducir el número mínimo de escaños por circunscripción. El número mínimo de dos escaños introduce una gran desproporcionalidad en el sistema. Hasta el punto que el valor del voto de un ciudadano de una provincia con gran número de habitantes, como puede ser Madrid o Barcelona, es mucho menor que el de un ciudadano que tenga su residencia en las provincias con menor densidad de población. Este hecho hace que existan provincias que están sobrerrepresentadas (las de menor población) y otras que están infrarrepresentadas (las de mayor población).

Como parece que no es bueno que se produzca esta disfunción, que llega a que el voto de un ciudadano de Soria tenga un valor de entre 40 o 47 veces mayor al de un madrileño o barcelonés dependiendo de las elecciones, o a lo que hemos visto en las elecciones autonómicas catalanas, lo adecuado para mejorar el sistema sería un escaño mínimo por provincia.

Aumentar el número de diputados. Con el objetivo de acercar más los representantes a sus representados y que el parlamento sea el fiel reflejo de lo que votan los electores, sería una medida positiva aumentar el número de diputados hasta los 400 como permite la Constitución. Este aumento, junto a la reducción del número mínimo de escaños por provincia, aumentaría la proporcionalidad del sistema electoral.

Reforma del Senado. Para convertir el Senado en la cámara territorial que necesita España es preciso realizar, más pronto que tarde, una reforma del Senado que se centre en modificar la elección y selección de los senadores; y también en delimitar las funciones y tareas que debe desarrollar en la España actual.

La fórmula electoral y el sistema de voto. Con el aumento del número de diputados a 400 se puede optar por varias vías: la más fácil puede ser un sistema nacional de restos con una barrera, o establecer un sistema de voto con doble papeleta donde elijes, por una parte, a candidatos individuales y, por otra, a la lista del partido político. Todo ello, sin desdeñar las posibilidades de la formula Sainte- Lagüe primitiva o mejorada.

Hay otras reformas del sistema electoral que se pueden hacer. Pero, como decía al principio, las reformas de la ley deben realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente.

Estos cambios proporcionarán mayor confianza a los ciudadanos en la democracia. Y traerán, como otra de sus consecuencias, la necesidad de repensar la igualdad de oportunidades entre los distintos candidatos y partidos, y la exigencia de modificar el trabajo de los grupos parlamentarios dando más libertad a los diputados. En lo primero, el Estado debe garantizar cierta igualdad, limitando el gasto electoral y cediendo recursos propagandísticos de difusión a los candidatos, para que todos tengan un mínimo de posibilidades. En lo segundo, esta exigencia traerá aparejada cambios en el funcionamiento interno de los partidos políticos.

Entre tanto, a la pareja Ciudadanos-Podemos hay que decirles que NO ITALIANICEN ESPAÑA.