POLITICA Y DERECHO. ANTE EL DESPROPÓSITO INDEPENDENTISTA

frutos120116

El Estado de Derecho es lo que permite a la comunidad vivir en orden y convivencia, resolver los conflictos de forma pacífica y asegurar en libertad, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. La ley fija los procedimientos que han de ser cumplidos para poder llevar a cabo todo ello. La ley puede ser legítima, es decir, elaborada, promulgada y hecha cumplir conforme a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos expresada en elecciones libres y plurales con respeto a la institucionalidad; o no legítima. Son principios básicos de nuestra conformación social y que deben de ser conocidos por todos los ciudadanos, más por los políticos.

La política orienta ideológicamente la ley, las instituciones y la propia sociedad. El Derecho y la Política confluyen íntimamente en muchos escenarios por no decir en todos. El primero hace que la segunda tenga validez y efectos en todos los ciudadanos. Si la política no es legal sigue siendo política, pero deja de estar en el marco del Estado de Derecho y por tanto pierde su legitimidad y consideración cívica. Esto no es un galimatías es el dos más dos de la vida en comunidad.

La elección del Presidente de la Generalidad y el espectáculo vivido hasta su votación por el Parlamento de Cataluña se ha producido conforme a la ley, y nada hay que decir al respecto. Ahora bien, lo manifestado en el debate de investidura por Puigdemont, reproduciendo de forma literal lo ya dicho en el anterior debate de investidura por el President, non nato Mas, y que su vez fue vertido en la declaración del Parlament anulada por el Tribunal Constitucional, es ni más ni menos que hacer un canto a la ilegalidad. Por más que perseveren en decir que la misión del futuro Gobierno Catalán es “negociar con el Estado español” y con las autoridades europeas, la constitución de un Estado en Cataluña no es posible por ilegal e ilegitimo. Por ello, su política está viciada de raíz y lo único que hace es alejar, cada vez más, la posibilidad de encontrar solución y encaje a los problemas territoriales de España y Cataluña. Está claro que el pacto de Gobierno catalán ha sido un fórceps para el nacimiento de un feto muerto evitando nuevas elecciones. Ahora lo que queda saber es cuál es la actuación a seguir por los diferentes operadores políticos cuando se está en el complejo minuto de conformar un Gobierno para España.

Frente a ello sólo cabe responder desde el Derecho y desde la Política, pero en este caso legal y legítima. Además añadiría que inteligente y contundente pero no inmovilista. Poner al frente del Gobierno de España a quien durante estos años no ha movido pieza en esta carrera de despropósitos sería tanto como cavar un agujero más profundo. En todo caso, el PP tiene que replantearse seriamente cómo ha venido concibiendo su visión España y su desarrollo territorial, apoyando la cada vez más necesaria reforma constitucional. Un reseteo que tiene que ser objeto de un amplio y difícil debate interno.

“Podemos” tiene que aclarar su posición y si quiere jugar en el futuro en la política española tendrá que dilucidar qué pone antes, el carro o los bueyes. Estar a favor de la legalidad constitucional vigente y desde ahí trabajar, o mantener un discurso principista que solo conduce a que cada día España sea más ingobernable y pierda la oportunidad de rehacer su futuro por una senda de progreso después de la severa crisis política, económica y social sufrida.

Ello convierte al PSOE en el verdadero artífice para poder intentar conducir este endiablado proceso, buscando los acuerdos necesarios entre todas las fuerzas políticas que realmente tengan la voluntad de postergar sus intereses partidarios cortoplacistas, por un proyecto real de cambio para que la sociedad española tenga tranquilidad política y el país empiece a funcionar.