POLÍTICA GALLINÁCEA

Desde que Pedro Sánchez triunfó en su arriesgada moción de censura y fue investido Presidente del Gobierno, los partidos de la derecha se han instalado en una política de bajos vuelos, en una autentica política gallinácea, que no hace sino degradar nuestro sistema democrático e impedir que se avance en la solución de los problemas.

Desde el minuto uno de la investidura, tanto el Partido Popular como Ciudadanos trataron de deslegitimar al nuevo Gobierno bajo el peregrino argumento de que Sánchez no había sido votado por los ciudadanos. Simulaban desconocer que el nuestro no es un régimen presidencialista sino parlamentario, y que el Presidente del Gobierno es aquél que consiga la mayoría de los votos del Congreso de los Diputados. El segundo frente de ataque fue que los votos recibidos en el Congreso eran de menor calidad que otros y que lo fueron a cambio de pagar un peaje a los grupos independentistas, con lo que las decisiones que fue tomando el Gobierno fueron interpretadas en sus declaraciones a la luz de esta premisa: así, reunirse con el Presidente de la Generalitat, o acercar los políticos encarcelados a Cataluña, una vez acabada la fase de instrucción, no eran –en su interesada y deformada visión de la realidad– el normal funcionamiento de las instituciones, sino parte de ese peaje.

Los problemas que centran actualmente sus críticas al Gobierno son el tema catalán y el de la inmigración irregular. Se trata en ambos casos de problemas complejos, de muy difícil solución, y gestados a lo largo de muchos años. En ningún caso creados por el actual gobierno, sino que también afectaron a gobiernos anteriores y previsiblemente lo harán a los siguientes. Son lo que se suele llamar problemas de Estado, como lo fue el terrorismo de ETA, y lo son el terrorismo yihadista o la política exterior. El partido Socialista nunca hizo política de oposición con esos problemas y ningún partido político debería hacerla. No criticó las conversaciones con ETA propiciadas por Aznar en 1999, ni la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Constitución decidida por Rajoy en 2017. Por el contrario, apoyó al gobierno en los dos casos. En cambio, el Gobierno de Zapatero fue duramente criticado por Rajoy cuando este inició conversaciones similares con ETA en 2005, y en la actualidad el gobierno de Sánchez está siendo continuamente cuestionado en su política hacia Cataluña.

Apoyar al Gobierno de turno en los problemas de Estado, lejos de ser un signo de debilidad, significa reconocer que por encima de la lucha partidista está la lealtad a algo superior, que es el espacio democrático que todos compartimos; que los otros partidos son adversarios políticos y no enemigos, puesto que todos coincidimos en el marco legal que nos hemos dado; que por encima de discrepancias profundas en otros temas, hay una amplia base común en aquellos que afectan a la esencia del sistema. A la inversa, usar la lucha partidista en estos problemas supone no reconocer ese espacio común y admitir en cambio que todo está permitido, si con ello se consigue desgastar al contrario. Supone degradar el espacio democrático y retrasar la solución de los problemas al impedir formar un frente común ante ellos. Han quedado para la historia aquellas palabras de Cristóbal Montoro a propósito de la posición del Partido Popular de no apoyar los recortes de Zapatero de 2010 para evitar que España fuera intervenida por la UE: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”.

Al parecer, la tentación de hacer política con las emociones de los ciudadanos es demasiado fuerte para los partidos de la derecha. Explotar el miedo a una supuesta invasión migratoria, y explotar el malestar que despiertan los independentistas en el resto de España, son bocados demasiado apetecibles para dejarlos escapar. Es, sin embargo, la misma táctica de los partidos populistas a los que tanto critican. Si al hacerlo se alienta la polarización de la sociedad, o las pulsiones xenófobas de la misma, o se hace más difícil el debate sosegado de los problemas, ello da igual. Donde estén un puñado de votos, o se pueda dificultar la acción de un gobierno en su opinión ilegítimo, que se quiten todas las demás consideraciones.

Hace demasiado tiempo que en nuestro país no se producen verdaderos debates sobre los problemas importantes. La política se ha convertido en una interminable secuencia de descalificaciones, da igual del problema que se trate, y da igual lo que decida el Gobierno. Tomando el tema migratorio, sabemos que lo que hace el Gobierno, bien sea acoger a un barco en peligro, o bien sea rechazar inmigrantes violentos en la valla de Ceuta, está muy mal según el PP y Cs, aunque se trate de acciones de diferente signo. No sabemos en cambio cuáles serían sus políticas sobre la inmigración irregular, ni qué soluciones proponen al problema.

Convendría sosegarse un poco y poner el problema en sus justos términos. Para empezar, la inmigración irregular que llega por mar no llega al 10% de la inmigración regular. Llegaron 25.000 inmigrantes por esa vía en 2017 (fuente: Ministerio del Interior), y han llegado 33.000 en lo que va de 2018. La inmigración regular de 2017 fue de 500.000 personas. Por otra parte, fueron repatriados en 2017 unos 19.000 inmigrantes irregulares, por lo que el saldo neto ese año fue de 6.000 personas. Si se mantuvieran las repatriaciones en 2018, estaríamos hablando de un saldo neto este año de 14.000 personas, lejos de los millones que proclama el señor Casado. Para una población de 45 millones, estas cifras son perfectamente asumibles. Convendría, por otra parte, que los medios de comunicación informaran puntualmente de las dimensiones del problema, en lugar de dedicarse a explotar el morbo de las imágenes de las pateras rescatadas con las que llenan los telediarios. Con ello producen una sensación de estar siendo invadidos que no se corresponde con la realidad, y alientan los temores de muchas personas de buena fe. Mucho me temo que este efecto está siendo buscado conscientemente por algunos medios. También una información rigurosa, que huya del sensacionalismo, debería formar parte de nuestro marco democrático.

Mirando el problema en un ámbito temporal mayor, es evidente que la causa última de la inmigración es la violencia y la pobreza extremas en la que viven la mayoría de los habitantes de África y de algunas regiones de Asia. Europa representa para ellos un paraíso de estabilidad política y de oportunidades económicas, al igual que Estados Unidos representa eso mismo para muchos países latinoamericanos y Australia para el sudeste asiático. Es también evidente que la solución a sus problemas no puede ser que los 1.200 millones de africanos vengan a vivir a Europa, que cuenta con 700 millones de habitantes. Tampoco se compadece con los valores europeos que se les deje morir en el mar, como algunos radicales de la ultraderecha defienden. El problema no se puede afrontar, pues solo con el buenismo humanitarista de algunos, que invitaría a acoger a todos los inmigrantes que vengan, ni con una deshumanización total, que propugnaría un cierre radical de fronteras y dejar abandonados a su suerte a quienes se aventuren a venir.

Además, las soluciones no pueden venir de un solo país, dado que el problema es de todos, sino que ha de involucrar a Europa en su conjunto. Las acciones del Gobierno han ido en ese sentido: en tratar de responsabilizar a Europa de la gestión de los flujos de la frontera sur, en tratar de repartir a las personas entre todos los países, en establecer convenios de colaboración y de financiación con los países por los que pasan las rutas migratorias, y en tratar de que Europa aumente su contribución al desarrollo de África. Seguramente no es suficiente y se podrían hacer más cosas, pero quienes tanto critican harían quizás un mejor servicio al país aportando algunas ideas.

En el tema catalán el despropósito de la derecha ha alcanzado límites de irresponsabilidad insospechados. Estábamos acostumbrados a que el partido popular atizara la confrontación en Cataluña para obtener votos en el resto de España, pero, yo al menos, no esperaba lo mismo de Ciudadanos. Ambos compiten sin disimulo por ver quién es más duro ante el desafío independentista, seguramente porque se disputan los mismos votos. Mientras Casado pide la aplicación del 155 ya, Rivera y Arrimadas se fotografían quitando lazos amarillos. Ambos acusan al Gobierno de haberse vendido a los nacionalistas a cambio de que estos le mantengan en La Moncloa. Nada de esto ayuda a rebajar la tensión en Cataluña. Los independentistas son en cambio un poco más felices, porque se alimentan de la confrontación con el Estado y crecen con ella. La estrategia de cara de perro y de fiarlo todo a la Justicia ya fue ensayada por Rajoy, con el resultado conocido de que el número de votantes independentistas se multiplicó por cuatro desde 2005. Cabe concluir entonces que la derecha no desea ninguna solución para Cataluña, sino tan solo cultivar y engrosar su parcela de votantes.

La solución política no puede venir tampoco de ceder a los deseos de los partidos independentistas de romper España, sino más bien de tratar de convencer a muchos de sus votantes actuales de que existe una vía para que todos podamos convivir en paz sin renunciar a nuestras respectivas y variadas identidades. Esa vía política hemos de descubrirla entre todos mediante la negociación y la inteligencia, al igual que hicieron los artífices de la Transición ante el problema mucho más difícil de pasar de una dictadura a una democracia sin derramamiento de sangre. La gesticulación mediática, y la intolerancia de unos y de otros, son los mejores caminos para bloquear cualquier solución. Si triunfa la polarización que buscan con ahínco tanto los independentistas como la derecha, el problema será muy difícil de resolver, sobre todo dentro de Cataluña, cuya población está dividida a partes iguales.

Se avecinan elecciones y no parece que esta forma de hacer política vaya a cambiar en los próximos meses. Tal vez el Gobierno de Sánchez debiera esforzarse más en su política de explicación y de comunicación para que las deformaciones de la realidad, los exabruptos y las descalificaciones no sean la única información que reciban los ciudadanos.