PENSIONES Y MENTIRAS

Con carácter periódico, determinados actores políticos y económicos del país emprenden una campaña pública destinada a convencer a los españoles de que nuestro sistema de pensiones es “insostenible”. Algunos argumentos son permanentes, como el aumento de la esperanza de vida. Otros, sin embargo, se van actualizando. En estos días se aduce el elevado déficit en las cuentas de la Seguridad Social y el vaciamiento del Fondo de Reserva. No se reconoce, sin embargo, que estos últimos factores son responsabilidad directa de aquellos mismos actores, precisamente.

El último actor en participar de estas campañas ha sido el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Tras pintar un panorama muy oscuro sobre el futuro de nuestras pensiones públicas, ha apuntado algunas de las recetas más clásicas, como el retraso en la edad de jubilación, la rebaja de las prestaciones y el estímulo de los planes privados. Curiosamente, el recetario habitual de estos actores incide casi siempre sobre la disminución del gasto, cuando todo el mundo sabe que para cuadrar cuentas descuadradas hay una segunda opción elemental: la de aumentar los ingresos.

El propósito de estas campañas recurrentes suele ser doble. Por una parte se pretende reducir el gasto público para rebajar la presión fiscal a los impositores más pudientes. Y, por otra, se busca mejorar el gran negocio del aseguramiento privado, en manos de la gran banca del país.

La trampa del argumentario de los recortadores de pensiones reside en la pregunta que logran instalar en la opinión pública: ¿qué reformas hemos de hacer para que las pensiones sigan siendo sostenibles en el futuro? Pero, en realidad, la pregunta pertinente es otra: ¿de dónde hemos de obtener los recursos necesarios para cumplir con el mandato constitucional de “garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”?

Es rigurosamente cierto que el déficit de la Seguridad Social ha crecido de manera desmesurada durante los últimos años, como también lo es que tal crecimiento es debido a la precarización de los empleos que ha posibilitado la reforma laboral del PP, y la multiplicación de reducciones en las cotizaciones sociales con las que el mismo PP ha regalado a muchos empresarios.

También es cierto, y de esto no habló el gobernador del Banco de España, que las pensiones mínimas en nuestro país son aún tan exiguas que condenan a muchos sus perceptores a vivir bajo el umbral de la pobreza: las contributivas, por debajo de 500 euros; las de viudedad, por debajo de 500, las no contributivas, por debajo de 400; y las de orfandad, por debajo de 200. Olvidó, igualmente, reseñar que el mísero índice de revalorización impuesto por el PP condenó a los pensionistas a perder poder adquisitivo en 2016 y que volverán a perderlo en 2017.

Las medidas que se plantean para reducir gastos son contraproducentes, injustas e, incluso, ofensivas. Porque contraproducente es elevar la edad de jubilación cuando tenemos una tasa de paro juvenil cercana al 50%, y más de medio millón de jóvenes españoles han salido de nuestro país a buscar trabajo. Arriesgado en sacar las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo, porque desaparecerían probablemente durante la próxima oleada de recortes presupuestarios. Injusto es recortar las prestaciones al ritmo de crecimiento de la esperanza de vida, porque recortar lo mínimo es condenar a la indignidad. Y ofensivo es invitar al ahorro para suscribir un plan privado de pensiones a quienes logran apenas sobrevivir mes a mes.

La solución al déficit y la respuesta a la pregunta pertinente sobre pensiones están en el aumento de los ingresos del sistema. Porque hay margen. Pese a lo que se dice, España gasta en torno al 11% de su PIB en pensiones, mientras que otros país gastan mucho más en proporción: Francia el 14% e Italia el 16%, por poner dos ejemplos cercanos.

¿Cómo aumentar ingresos? Con impuestos, claro. Suficientes, progresivos y justos. Sobre quienes más ganan, más tienen y más esconden. Elevando los topes superiores en las cotizaciones a pagar por grandes salarios. Derivando los gastos administrativos del sistema a los presupuestos estatales, como en todos los países de nuestro entorno. Recortando tanta reducción en cotizaciones empresariales a cuenta de la Seguridad Social. Elevando la cobertura a parados con prestaciones contributivas. Y, sobre todo, derogando la reforma laboral que precariza los empleos, tira los salarios y empobrece a los trabajadores.

Un último aviso a quienes insisten en la “insostenibilidad” de las pensiones públicas. Cuando los niveles de desigualdad y de injusticia social sean insoportables, quizás lo que comience a ser “insostenible” sea el propio sistema económico vigente.