¿PARA CUÁNDO UN PACTO POR LA CIENCIA?

España ha perdido históricamente muchos de los trenes que conducían a la modernidad. Cuando, hacia 1800, el Italiano Volta inventaba la pila voltaica y el francés Jacquard el telar programable, aquí se libraba una guerra contra la invasión napoleónica, que a la vez lo era contra el liberalismo europeo. Cuando en 1823 el británico Faraday descubría la inducción electromagnética, que daría lugar a los sistemas de corriente alterna que hoy nos abastecen de electricidad, aquí Fernando VII estaba acabando con la segunda experiencia liberal española (el trienio liberal) y restaurando el absolutismo. Ya se había ocupado de acabar también con la primera, en 1814, al abolir la Constitución de Cádiz. En la segunda mitad del siglo XIX, mientras las potencias europeas desarrollaban su revolución industrial y científica, España libró tres guerras civiles (las llamadas guerras carlistas) donde de nuevo se enfrentaba el absolutismo al tímido liberalismo español, esta vez el de la Reina Cristina.

En el siglo XX no nos fue mejor. En los años 20, cuando en los laboratorios británicos, daneses y alemanes, Rutherford, Bohr y Heisenberg desentrañaban la estructura del átomo y nacía la mecánica cuántica, base de nuestra comprensión actual de la materia, aquí padecíamos la dictadura de Primo de Rivera. Y cuando en 1936 el británico Alan Turing escribía el artículo que dio origen a nuestros computadores actuales, aquí estallaba un sangriento levantamiento militar contra la Segunda República, otra de las escasas experiencias democráticas españolas entre 1800 y 1977, seguido de una guerra civil y una dictadura de 40 años. En definitiva, mientras la ciencia y la industria florecían en Europa, aquí estábamos ocupados en dirimir nuestras esencias patrias, y en saber si éramos portadores o no de valores eternos, o si Dios nos había elegido o no como reducto de la fe, mientras el paganismo se extendía más allá de nuestras fronteras.

Debido quizás a esta triste historia, nuestra clase política no ha alcanzado a valorar la importancia de la ciencia. Los políticos británicos y alemanes, que libraron la Segunda Guerra Mundial, conocen muy bien las aportaciones decisivas que la ciencia hizo a sus respectivas maquinarias bélicas (recuérdese el radar, el sonar, los cohetes V2, etc.) y nunca han descuidado la inversión en ella. Los países europeos saben que su riqueza se debe a su inversión continuada en conocimiento, y por eso la mantienen a pesar de las crisis. En cambio aquí, nuestras apuestas por la ciencia han sido siempre tímidas y poco perdurables en el tiempo. La Junta para Ampliación de Estudios, fue una de las primeras iniciativas. Creada en 1907 por Alfonso XIII, fue liquidada por Franco en 1939. Pero dio lugar a una primera generación de científicos españoles de cierta relevancia. En el periodo democrático hemos tenido la Ley de Reforma Universitaria (1983) y la Ley de La Ciencia (1986) de los gobiernos de Felipe González, que sentaron las bases de nuestro actual sistema de ciencia, y la todavía no aplicada Ley de la Ciencia de 2011, del gobierno de Rodríguez Zapatero. En esos años de Zapatero, la inversión pública y privada en I+D, alcanzó su cota más alta, el 1,45% del PIB, cuando la media europea en esos mismos años estaba por encima del 2%. Los gobiernos conservadores han sido los más desconsiderados con la inversión en I+D. Con Aznar, estábamos en el 0,7%, y con los recortes de Rajoy hemos descendido al 1,2%. Con todo, lo peor de los últimos cinco años ha sido el adelgazamiento continuando de las plantillas de investigadores, tanto en la universidad como en el CSIC, que ha impedido incorporarse al sistema de ciencia a dos generaciones de jóvenes investigadores bien formados.

Tras tres décadas de continuado ascenso, que nos habían situado por primera vez en una posición internacional relevante, estamos de nuevo destruyendo nuestra frágil estructura científica, estructura creada sobre todo gracias al esfuerzo de nuestros investigadores, que han hecho más con menos recursos en estos años de relativa bonanza. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 persisten en ahondar en el suicidio científico al que nos ha abocado el gobierno de Rajoy desde 2012. Se mantiene la tasa de reposición en el 100%, es decir las plantillas seguirán congeladas y seguiremos enviando a nuestros jóvenes investigadores a nutrir los departamentos universitarios alemanes y británicos. Además la inversión pública, lejos de aumentar, como sería de esperar al estar creciendo la economía al 3%, desciende de nuevo. La inversión no financiera del Estado en I+D, pasa de 2.675 millones a 2.604 (71 millones menos). Para maquillar este descenso, la parte de créditos aumenta de 3.754 a 3.896 (142 millones más). El Gobierno sabe muy bien que más de la mitad de esta partida quedará sin ejecutar, por lo que el supuesto aumento es más bien una cortina de humo.

La COSCE (Confederación de Sociedades Científicas Españolas), que representa a todas las áreas de conocimiento, ya ha levantado su voz y ha publicado un nuevo Manifiesto por la Ciencia, llamando una vez más a la clase política a suscribir un Pacto de Estado por la Ciencia que asegure un mínimo de suficiencia y de estabilidad presupuestaria a la ciencia española.

Los científicos españoles han demostrado suficientemente que pueden estar a la altura de los países más desarrollados. Tan solo necesitan tener, como cualquier otro profesional, una cierta seguridad laboral y sobre todo unas políticas científicas claras y estables. Necesitan saber cuándo van a ser cada año las convocatorias de proyectos, cuántos los becarios que serán financiados y a los que podrán formar, y con qué criterios va a ser evaluada su actividad. La ciencia necesita largos periodos de reglas estables para dar fruto. No se puede arrancar y parar la financiación, como es posible hacerlo en otro tipo de inversiones. Por otra parte, las vocaciones científicas no abundan. En todos los países, siempre es una exigua minoría la que quiere dedicar su vida al estudio y a desentrañar problemas complejos. Si se les ponen todo tipo de trabas para alcanzar una mínima estabilidad laboral y para poder vivir de su vocación, como es el caso actualmente, entonces se reorientarán hacia otras actividades. Está en el interés del país tratar de retener el talento que ya tenemos, y si es posible, propiciar además que surjan nuevas vocaciones.

El trámite parlamentario de la Ley de PGE debería reconducir la desidia del actual gobierno conservador y darle a la ciencia la consideración que nuestro país merece. Las actuales mayorías  parlamentarias permitirían suscribir el tantas veces demandado Pacto por la Ciencia que ponga fin de una vez a esta actitud irresponsable y cortoplacista. Los científicos tendrán quizás poco peso electoral, pero no es a ellos a quienes se daña sino al futuro del país. En palabras de la COSCE, “sin ciencia no hay futuro”. Quizás cuando la población sea consciente del daño que se la inflige con los recortes en ciencia, y penalice a los partidos que los provocan, empiecen estos a modificar sus miopes políticas.