PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA

tezanos191016

Después del Comité Federal del 1 de octubre, el PSOE tiene una situación bastante complicada, de la que será difícil salir sin sufrir algunos quebrantos.

La percepción de muchos afiliados es que las cosas no se han hecho bien, ni se han respetado las reglas del juego, ni la legalidad interna del propio partido, y que casi desde el primer momento de su elección por sufragio universal Pedro Sánchez fue objeto de una contestación interna organizada por parte de líderes regionales que no dejaron de conspirar contra él y de desafiar abiertamente su autoridad política y su libertad de movimientos para desplegar una estrategia política adecuada. Lo cual ha sido un factor importante de desgaste electoral.

A su vez, las percepciones de la opinión pública son muy similares. Por ello, en estos momentos, es muy importante pensar en las opiniones de la población española, no solamente de los dos tercios de electores que no apoyaron al PP en los comicios del 26 de junio, sino también en muchos de los que ni siquiera votaron entonces. Tales estados de opinión y los efectos que están causando los procesos judiciales en curso –a los que va a seguir una larga ristra de causas penales− deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar los efectos de las decisiones políticas que puedan tomarse en el PSOE. Decisiones que, en sí mismas, podrían producir más consecuencias electorales erosivas que la bochornosa reunión del Comité Federal. Reunión que ha dejado al PSOE en una situación virtual de “estado de excepción”, con una dirección política que no cuenta –no se olvide− con la misma legitimidad de origen y de ejercicio con la que cuenta un Secretario General elegido por los votos de los afiliados, ni una Comisión Ejecutiva elegida por la representación –también democrática− de los delegados de un Congreso.

Por eso, las Comisiones Gestoras en el PSOE siempre han sido órganos muy excepcionales, con mandatos acotados temporalmente y poco legitimados para adoptar o proponer decisiones estratégicas de gran calado y alcance. Algo que indica su propia denominación, que las atribuye un mero papel de “gestión” hasta que se celebre un Congreso que ponga fin a un período transitorio.

De ahí que, si la actual Comisión Gestora se mete en cuestiones que desborden sus competencias podría aumentar el grado de desconfianza y malestar que existe en las filas del PSOE y en una parte apreciable de la opinión pública.

El problema de fondo y de forma es que aquellos que se oponían de manera coordinada y sistemática a Pedro Sánchez han hecho las cosas muy mal. Si tenían una propuesta táctica o estratégica, diferente a la aprobada unánimemente en los últimos dos Comités Federales del PSOE, tenían que haberla propuesto de una manera clara y abierta, con todos los argumentos y explicaciones pertinentes –que sin duda los hay−, en el marco de un debate ordenado y tranquilo, como los muchos que han tenido lugar en la larga historia del PSOE. Aunque también los ha habido bastante broncos. Y, así las cosas, la valoración final no habría podido ser objetada por nadie.

Pero, como es evidente, casi todo se ha hecho de la peor manera posible, por lo que la impresión es que en vez de un debate riguroso, lo que ha habido en el PSOE es una bronca caótica y el triunfo final de uno de los dos sectores en liza, con práctica exclusión de los que no estaban en esa línea política. Hay que esperar que el prestigio y la seriedad de Javier Fernández, en particular, y del socialismo asturiano en general, permitan abrigar esperanzas de que la Comisión Gestora no se meta en jardines políticos impropios. Y peligrosos.

La papeleta que tiene el PSOE y su órgano máximo entre Congresos es peliaguda, en la medida que el PSOE en el estado actual no puede ofrecer alternativas verosímiles. Y tal como está la situación parece que no quedará otro remedio que aguantarse con un gobierno del PP.

Pero, aún así, todo está planteado de manera bastante confusa. Si en la reunión del Comité Federal del 1 de octubre se hubiera producido una votación y una nueva toma de postura sobre asuntos estratégicos de fondo, ahora todo el mundo sabría a qué atenerse, y la gobernabilidad de España tendría abierta una perspectiva clara. Sin embargo, lo que allí se sustanció fue una cuestión de poder interno, dejando abierto un panorama de divisiones y de desgastes electorales, que pueden ser incluso mayores que los ya causados hasta ahora.

Desde una lógica política estricta y rigurosa, parece evidente que un partido como el PSOE debería adoptar una posición común –si es por consenso, mucho mejor− y mantener dicha posición en público de una manera unánime y clara. Esto es lo propio de un partido serio, como ha sido el PSOE a lo largo de la mayor parte de su historia. Pero, tal como han discurrido los acontecimientos, sinceramente no se sabe si va a resultar factible adoptar una postura común de tanto alcance de una manera clara y aceptable por los afiliados, sobre todo teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que ha quedado el PSOE, hasta que se celebre un Congreso que restablezca la normalidad interna y vuelvan las aguas al cauce de la funcionalidad propia de una organización que no es, ni nunca ha sido, un “partido de notables”, en el que las grandes decisiones se toman desde arriba.

Si a esto se une la excepcionalidad que supone apoyar –por activa o por pasiva− a un gobierno de un partido que, precisamente en estos momentos, está siendo sometido a un escrutinio judicial público terrorífico, se entiende que ninguna de las alternativas que se plantean pueda considerarse como una buena opción. Consecuentemente, la cuestión estriba en adoptar la solución, o salida, menos mala posible, asumiendo que sea cual sea esta va a tener un coste importante. Por eso, hay que encontrar una salida que no sea vergonzante, que no cree una mayor división interna, y que no “obligue” a determinados líderes o diputados a tener que tragarse un “sapo” tan indigerible. De ahí, precisamente, que algunos postulen soluciones “técnicas” al problema de la gobernabilidad. Soluciones que, desde luego, no podrán reputarse como las más propias de un partido serio y coherente, pero que pueden tener menos costes y pueden evitar fracturas y divisiones más graves y difíciles de reparar.

Quizás, lo que algunos debieran entender es que el comportamiento del PSOE desde hace algunos meses ha dejado de ser todo lo serio que debiera, debido a un cúmulo de comportamientos inapropiados, en cuya valoración los socialistas no debiéramos dejarnos atrapar durante mucho más tiempo. Por eso, hay que ser conscientes de que la senda de la seriedad y de la normalización no empezará a recuperarse hasta que se celebre un Congreso con todas las garantías. Mientras tanto, lo primordial es que el PSOE deje de ser visto –interesada y parcialmente− como un factor primordial del actual bloqueo político, y pensar en el “paisaje que nos vamos a encontrar después de la batalla”. Sobre todo, si la batalla continúa abierta durante más tiempo.

Para intentar salir de una encrucijada tan difícil la solución no es evitar que haya elecciones durante mucho tiempo, para que no se note en las urnas la erosión de imagen que está sufriendo el PSOE. Eso no se puede argumentar ni esgrimir como una razón política importante. ¿Están seguros los que así piensan que “el tiempo lo cura todo” y que los electores socialistas acabarán olvidando lo que ha ocurrido en las filas socialistas y todo lo que aún puede ocurrir –y se puede hacer− si no se entiende que las cosas tienen que hacerse bien?

Los dilemas –o trilemas− que el PSOE tiene por delante son realmente infernales. Si el PSOE decidiera ahora facilitar, expresamente y por sí solo, que continúe gobernando Mariano Rajoy –tal como están las cosas− lo más plausible es que caiga sobre sus espaldas una ola de malestar y descrédito entre muchos de sus antiguos votantes. No hace falta ser un lince del análisis político ni de la prospectiva para entender que muy pocos votantes socialistas del 20 de diciembre y del 26 de junio dieron su voto al PSOE para que facilitara un nuevo período de gobierno de Mariano Rajoy, con sus modos y sus formas, y, sobre todo, con la misma política que ha causado tantos problemas y dificultades a sectores tan amplios y diversos de la sociedad española. Y eso por no mencionar los problemas sistémicos de corrupción que conciernen al actual núcleo dirigente de ese partido, y que durante varios meses van a estar martilleando en la conciencia de muchos antiguos votantes del PSOE, que no entenderán qué es lo que se ha hecho con sus votos, si sucede lo que en estos momentos parece más verosímil. Y quizás inevitable.

Si discurren así las cosas, el PSOE no se podrá hacer perdonar su abstención general facilitadora, si inmediatamente después se dedica a torpedear sistemáticamente los proyectos legislativos que presente el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. ¿Qué tipo de tarea de gobierno puede hacer un equipo ministerial si su labor es sistemáticamente torpedeada en el Parlamento? ¿Qué se ganaría por esa vía como país, si solo se facilita que haya gobierno –sin el añadido de “en funciones”− y este no puede gobernar lo más mínimo? ¿Qué seriedad es esa?

Francamente –y siento mucho, de verdad, tener que decirlo− no entiendo qué tipo de soluciones están pensando –o planteando− algunos, y no sé si están evaluando realmente con qué “panorama se van a encontrar después de la batalla”, ni si han calculado los desgastes que le van a caer al PSOE encima, ni las críticas que le van a continuar lloviendo desde los medios de comunicación social por no avenirse a aprobar “también” las leyes y propuestas del nuevo gobierno de Rajoy. Todo sea –se dirá − por sentido de la responsabilidad y por el bien de España.

Si en el PSOE no nos aplicamos prioritariamente a intentar cerrar las heridas internas y a pensar en soluciones que eviten males mayores, así como divisiones internas –que aún no sabemos hasta dónde pueden llegar− y los peligros de una crispación creciente del clima social y político desde posiciones extremistas, con un creciente protagonismo de ese Podemos “asustador” que postula Iglesias Turrión, si no hacemos esto y el PSOE se mete en una vía simplista y poco meditada, es evidente que se hará un mayor daño a España y a los españoles, que el derivado de la situación actual de estancamiento institucional. Y eso es algo que en política siempre hay que tener muy presente. Las cosas pueden ir a peor.

Por eso, habría que esforzarse –no solo en el PSOE− en intentar resolver los problemas en su raíz, con soluciones que atajen estructuralmente los riesgos de bloqueo institucional sin necesidad de causar graves problemas o crisis a unos u otros partidos. Y en esto tenemos mucho que aprender de las experiencias de otros países que se han encontrado con fragmentaciones electorales similares, y que en vez de lanzarse a degüello unos contra otros han buscado alternativas permanentes y asumibles. En Alemania, por ejemplo, cuando los socialdemócratas entendieron que no había más remedio que llegar a alianzas con la democracia-cristiana –que no es el PP actual−, o con los antes satanizados “verdes” (en su momento, casi más indigeribles que Podemos), lo hicieron con claridad, intentando incorporar a las propuestas de gobierno de coalición ventajas sociales y laborales que pudieran ser entendidas como positivas por sus afiliados y sus electores; como ha ocurrido con el salario mínimo y otras conquistas en la coalición actual de gobierno. Y, por supuesto, sometiendo a la votación de los afiliados las propuestas. Y no creo que en este caso se pueda sostener que el SPD también se está “podemizando”.

Otra forma –más definitiva y con menos costes− de resolver los riesgos de bloqueo de gobierno es optar por un procedimiento de voto mayoritario a dos vueltas, similar al que tienen otros países y al que existe en Asturias y el País Vasco. Así, la investidura se puede resolver con un procedimiento de presentación de candidatos en el que cuentan los votos finales positivos (en primera o segunda vuelta). De manera que se constituye un gobierno automáticamente, sin mayores retrasos ni dilaciones. Para ello bastaría que el PP, el PSOE y Ciudadanos (y se implican más, mucho mejor) se pusieran de acuerdo como se hizo en su día con la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución.

Y, una vez resuelta la primera fase del problema de la gobernabilidad, solo queda esperar que el nuevo Presidente que surja por esta vía, si no tiene apoyos suficientes para aprobar “sus” leyes, sea lo suficientemente inteligente como para seleccionar ministros con capacidad para sintonizar y pactar con otras fuerzas y, sobre todo, para llevar a cabo un programa de gobierno con capacidad de síntesis y visión general del interés común. Es decir, comprendiendo que si tu propuesta programática específica no ha tenido suficiente respaldo en las urnas no tienes más remedio que complementarla, asumiendo compromisos y facilitando acuerdos con otros partidos. Esto es realmente lo que necesitamos en España. Algo para lo que se requieren políticos dialogantes, inteligentes y con voluntad de acuerdo. Y limpios.

Lo peor es que apenas estamos hablando de los grandes –y graves− problemas que tenemos, de las opciones y alternativas que existen, y de las posibilidades de encontrar terrenos tangentes. Es decir, la política con p minúscula, por mucho que se intente adornar con ropajes de altura de miras, está predominando de manera recurrente sobre la Política con P mayúscula. Y eso nos puede acabar conduciendo a un “paisaje desastroso después de la batalla”.