NUEVAS RAZONES PARA LA INCERTIDUMBRE: TRUMP Y EL ACUERDO DE MARRAKECH SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Septiembre y diciembre de 2015, y el mes de noviembre de 2016 seguramente pasarán a la Historia como fechas relevantes para la comprensión de muchos de los cambios que previsiblemente se producirán en los años inmediatos. Los dos primeros como referentes de actuaciones de Naciones Unidas con implicaciones positivas –Agenda 2030 y COP21 de Paris sobre Cambio Climático-; y el tercero –elección de Donald Trump, con un ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo en manos del Partido Republicano- con previsibles consecuencias no precisamente positivas para el bienestar de la Humanidad.

Bienestar sobre el que, no hay que olvidar, los principales riesgos recogidos en los informes periódicos de Naciones Unidas, la OCDE o distintas Universidades e Instituciones mundiales o regionales se centraban en cuatro grandes grupos de riesgos:

  • Los riesgos ambientales, con muy especial consideración de los riesgos asociados al Calentamiento Global;
  • Los riesgos económicos, con la preocupación centrada en los elevadísimos niveles de deuda de los países desarrollados, la enorme masa monetaria acumulada por las políticas de QE (quantitative easing) de los principales bancos mundiales, y las grandes diferencias económicas en la distribución de la renta y de la riqueza;
  • Los riesgos laborales, con una nueva revolución científica que tras las tres primeras registradas por la Humanidad, con sus avances en la productividad (con la mecanización del trabajo, la primera; la producción en masa, la segunda; y la web e Internet, la tercera), claramente está implicando un cambio cualitativo en base al desarrollo de la I+D+i, y en particular de las TIC, con la incidencia creciente de la conectividad universal, la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas (I d C) y los “Big Data” como grandes motores del cambio, una de cuyas principales consecuencias está siendo una reducción en los niveles de demanda laboral que parece será creciente hacia el futuro;
  • Y, por último, los riesgos geoestratégicos asociados tanto a los intereses de control de las materias primas y los mercados, como a la industria del armamento y a motivaciones político-sociales, o a la insatisfacción de los ciudadanos que se ven obligados a emigrar por la inestabilidad social generada en sus países, o por la ausencia de oportunidades adecuadas en los mismos.

Y sobre todos y cada uno de estos problemas la elección de Trump y su objetivo de “América primero como vía para recuperar su grandeza” implica un significativo incremento de los riesgos asociados.

Empecemos por el capítulo ambiental: ¿cuál puede ser la posición de EEUU sobre el Calentamiento Global a partir del próximo año? Donald Trump, el elegido Presidente de este país el 8 de noviembre de 2016, firmó una carta pública, en 2009, pidiendo recortes a las emisiones de gases de efecto invernadero de EEUU; pero tres años más tarde, en 2012, afirmó que el cambio climático era un engaño inventado por los chinos para dar ventajas comparativas a su industria; en 2016, durante la campaña presidencial, ha prometido retirar a EEUU de los acuerdos de la 21-COP de París para combatir el calentamiento global. Elegido Presidente, a finales de este mes de noviembre ha matizado sus anteriores declaraciones situándose en una posición intermedia, seguramente asesorado por su maquinaria publicitaria: acepta “una cierta relación” entre la actividad humana y el cambio climático, y “matiza” su oposición a los Acuerdos de París, pero ha ordenado a su equipo que busque las maneras más rápidas de desvincularse de los compromisos del Acuerdo de París.

¿Qué puede significar realmente esta evolución? Los analistas estadounidenses lo dejan claro: el escepticismo de muchos de los votantes republicanos hacia la realidad del cambio climático y la defensa de Trump de “América primero” le llevará a asumir los Acuerdos hasta el punto en que no perjudiquen a las industrias energéticas de su país, ya que éstas y éste objetivo han sido los puntos centrales que han guiado y posibilitado su candidatura y su triunfo. Y por si hubiera alguna duda, el 21 de noviembre anunció que su primera medida como Presidente será eliminar las restricciones a la creación de trabajo en la industria de combustibles fósiles estadounidense. Y su segunda medida más probable, será limitar las ayudas a terceros países para la lucha contra el cambio climático. Todo lo cual, en términos prácticos, previsiblemente implicará una ralentización en la marcha hacia una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del segundo generador mundial de las mismas. Y, como efectos secundarios, un acicate al incumplimiento de muchos otros países y un mantenimiento de las cifras de emisión de dichos gases de efecto invernadero (GEI) muy por encima de las necesidades para evitar superar los 3ºC de calentamiento medio global, no ya en 2100, sino para el horizonte del 2050. Y ya sabemos que las consecuencias de este Calentamiento serán tremendamente catastróficas para una parte muy significativa del Planeta y de la Humanidad. Y que para España y la Unión Europea implicarán priorizar urgentemente políticas de adaptación y resiliencia ante un Calentamiento a cuyos graves efectos ya hemos hecho referencia en estas páginas en varias ocasiones.

No obstante, no todo son malas noticias. China, el principal emisor mundial, tiene interés propio en la introducción de medidas que contrarresten sus elevados niveles de contaminación urbana que se estima están incidiendo en la muerte de 1,3 millones de personas al año. Ello implica la sustitución del carbón por nuevas fuentes energéticas, entre las que las renovables no fósiles, con costes por unidad de energía producida decrecientes, tienen en este país una tasa de crecimiento muy significativo. Y si hoy día China ya es el principal país en energía solar instalada, su objetivo es triplicar su potencia instalada para final de esta década. India, tercer país en volumen de emisiones de GEI, necesita frenar un cambio climático que está produciendo un creciente número de catástrofes climáticas sobre su territorio -tormentas, inundaciones, etc.- con fuertísimos costes económicos y sociales. La Unión Europea, aunque con crecientes disensiones entre sus miembros, sigue optando por una posición vanguardista en la lucha y adaptación al Cambio Climático (el compromiso de la Unión Europea es recortar sus emisiones un 40% en 2030 respecto al nivel de 1990). Y otros países relevantes empiezan a considerar que la caída en los costes de las energías limpias empieza a hacer rentable la sustitución del uso de los combustibles fósiles por las mismas (en 2015 por primera vez las energías renovables superaron al carbón en su capacidad de producir electricidad a nivel mundial) a la vez que el aumento de la eficiencia en el consumo energético de los automóviles y en el uso de coches híbridos y eléctricos ha hecho caer el consumo de carburantes (2,3 millones de barriles/día en 2015) incluso con muy bajos precios del petróleo y creciente aumento de la motorización mundial.

Pero existe un amplio grupo de países ligados a los combustibles fósiles (Arabia Saudí y los países del extremo oriente, Rusia, Sudáfrica, Australia, México, Venezuela, EEUU, Canadá, etc.) cuyos intereses –o el de las multinacionales propietarias o dedicadas a la explotación de dichos recursos fósiles- se encuentran ligados al mantenimiento de su uso. Y los científicos se preguntan si será factible y aplicable modificar esta defensa con el imprescindible establecimiento de impuestos al balance de carbón de la producción y de las exportaciones, o si ello llevará a guerras comerciales de resultados imprevisibles para la globalización y la estabilidad mundial.

Y a este respecto, tras las referencias ya realizadas en estas páginas a la Agenda 2030 y a la Cumbre de París y sus Acuerdos, hemos de señalar las parcialmente decepcionantes conclusiones asociadas a la reciente Cumbre de Marrakech (COP-22 del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) destacando, en el aspecto positivo, el desarrollo de un amplio número de reuniones de la sociedad civil y de las empresas con intereses más directos en el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero, sumando buenas intenciones hacia un futuro cada vez más inestable e insuficiente en materias ambientales. También puede considerarse positiva la declaración política voluntarista de que la lucha contra el cambio climático no tiene ni puede tener marcha atrás, y de que hay que avanzar en implementar el Acuerdo de París; pero lo cierto es que las normas necesarias para su desarrollo se aplazan hacia el horizonte del 2018, y el documento final, que especifica los avances en la 22-COP, no deja de ser inconcreto e inespecífico a efectos de la imprescindible y urgente intervención. Señalemos las que consideramos principales aportaciones de esta 22-COP:

1º. Señala el agravamiento del Calentamiento Global y la necesidad de que todas las Naciones del mundo reaccionen de manera más urgente y comprometida para frenar el calentamiento global. A este respecto hay que señalar el Informe presentado en la 22-COP por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se señalaba que 2016 será previsiblemente el año histórico más caluroso, con una temperatura media superior al récord establecido en 2015, y que las temperaturas y sus efectos negativos siguen aumentando en la línea marcada por el hecho de que los últimos cinco años ya han sido los más calurosos jamás registrados en el planeta, o que la extensión de la capa de hielo del Ártico al final del verano de 2016 ha alcanzado uno de sus niveles más bajos, sólo superior a la del registro de 2012(en los últimos cinco años, el hielo marino del Ártico está 28 por ciento por debajo del promedio de los 29 años anteriores) lo que ha venido acompañado de que la pérdida de hielo en los glaciares de Groenlandia ha sido muy acusada; todo lo cual incide sobre un creciente aumento del nivel del mar. La OMM informó además que las temperaturas se aproximan ya peligrosamente a la meta establecida por la COP-21.

2º. Se congratula porque en 2016 haya entrado en vigor el Tratado de París, pero realmente las intervenciones necesarias para su desarrollo se retrasan a 2018, ante lo que demanda que se acabe cuanto antes con las enormes subvenciones a los combustibles fósiles.

3º. Demanda el apoyo genérico a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en pro de un desarrollo sostenible, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a fin de no superar más de dos grados el Calentamiento sobre el nivel preindustrial, pero la demanda queda como aportación inespecífica.

4º. E igual sucede con la demanda de que se intensifique la solidaridad desde los países más desarrollados para mejorar las condiciones de alimentación, sanidad y educación de los que están en vías de desarrollo. O con la demanda de favorecer las transferencias de tecnología Norte/Sur, a efectos de mitigación (recorte de emisiones de GEI) y de adaptación al cambio climático.

5º. Y nuevamente queda como simple manifestación de buena voluntad, la demanda de que los países de más ingreso per cápita instrumenten urgentemente la prometida ayuda de 100.000 millones de dólares anuales para los menos desarrollados.

6º. Reitera la necesidad de adelantar medidas de mitigación de forma urgente, desde ahora y hasta 2020, cuando el Acuerdo de París ya debe estar en pleno vigor, pero sin especificaciones ni compromisos concretos generalizables.

7º. Hace un llamamiento para que todas las ONG, cada una dentro de su especialidad, refuercen la actividad en pro de las aspiraciones del Acuerdo de París.

8º. Enuncia que la verdadera prosperidad económica sólo puede alcanzarse con un desarrollo en el que se incorporen los principios de la lucha contra el cambio climático.

9º. Y para valorar sociopolíticamente el encuentro de Marrakech (COP-22) establece el deseo de que éste sea un verdadero punto de inflexión para aunar los esfuerzos de cara al problema del Calentamiento Global, como uno de los más graves a los que se encuentra la Humanidad cara al futuro.

En conclusión, buenas voluntades pero pocas acciones con capacidad de transformar una dinámica difícilmente considerable positiva. La amplia gama de medidas tecnológicas y cambios de comportamiento necesarios para limitar el aumento de la temperatura media global a 2ºC, con fuertes cambios en la producción y consumo energético (mejora de la eficiencia energética, renovables, captura de emisiones de CO2 de las energías fósiles y de la bioenergía, y uso de la energía nuclear), en el uso del suelo (mayor forestación, usos del suelo propiciatorios a la captura de CO2, planificación territorial y urbana que conlleve fuertes reducciones de consumos energéticos, materiales y emisiones) y en los propios sistemas de producción y consumo, exigen importantes y voluminosas inversiones, además de un cambio institucional y tecnológico muy importante, cuya voluntad práctica de ejecución no se aprecia en la mayoría de los Gobiernos e intereses dominantes actuales.

Lo que lleva a que inevitablemente haya que estar preparados para incrementos de temperatura crecientes, con el fuerte incremento de riesgos que se asocian a progresivos incrementos de temperatura en el Planeta. Riesgos importantes, pero básicamente locales y de afección individualizada a sistemas concretos amenazados (costas, espacios áridos, etc.) si la temperatura no supera los 2ºC; pero asociados a sucesos catastróficos de gran escala global, si la temperatura supera los 4ºC.

Lo que exige que España afronte con urgencia medidas de adaptación –además de cumplir con los compromisos que la Unión Europea propone para la mitigación- a las consecuencias del Calentamiento Global, que se irán registrando de forma creciente a medida que la temperatura media global se vaya incrementando: medidas que deben incidir sobre los sistemas hídricos –sequías y áreas de inundación fluvial-, sobre la productividad agraria, la sostenibilidad del medio rural y la de los ecosistemas naturales, sobre la afección al litoral –regresión de playas e incremento de los efectos de los temporales-, al turismo, a la salud –expansión de enfermedades tropicales y afecciones respiratorias en ciudades- y al confort ciudadano, sobre todo en áreas urbanas.

El Gobierno español ha estado presente en la COP-22 y ha reafirmado su “¿compromiso?” de lucha contra el cambio climático al firmar –muy tarde- el Acuerdo de París. Y no le ha enviado hasta el 11 de noviembre al Parlamento para su ratificación, habiéndolo mantenido durante casi un año “invernado”, mientras que las emisiones de GEI en España crecían en 2014 y en un 3,5%, en 2015 (lo que choca con su compromiso de reducir dichas emisiones en un 26% antes de 2030), y continuaban las nefastas políticas ambientales mantenidas desde 2012 en contra de las energías renovables y el autoconsumo energético, la subvención a las energías fósiles, la promoción de la motorización individual, la privatización y ocupación de la costa, o la ausencia de una política hídrica y sobre el medio rural, por citar sólo algunas de las más relevantes.

No obstante, ha reiterado el compromiso anunciado en París, de que impulsará una Ley de Cambio Climático que, en palabras del actual presiente de Gobierno, recoja “los compromisos e instrumentos necesarios para que la economía española pase a ser una economía baja en carbono, que crezca y cree empleo”. En el CONAMA-2016 celebrado en la semana pasada ha habido ocasión de discutir sobre lo que sería –o debería ser- ese proyecto legislativo, debiéndose señalar que han sido más los claroscuros y la desconfianza generalizada sobre sus previsibles contenidos, que la confianza en que el actual Gobierno sea capaz de proponer un cambio sustancial en sus políticas globales y en la huella de carbono derivadas de las mismas.

Cada uno de los ámbitos en los que inciden los efectos del Calentamiento Global en España exige medidas específicas, y las vías de actuación prioritarias son claras y se vienen reiterando desde distintos foros científicos nacionales e internacionales. Son prioritarias una Estrategia y Objetivos cuantificados y medibles, con una planificación (Hoja de ruta continuada y adaptativa que permita “premiar” a los cumplidores e internalizar –castigar- los efectos negativos generados por los incumplidores) ligada a la adaptación y resiliencia que, entre otros aspectos, signifiquen una modificación sustancial de la huella de carbono de la producción y consumo del país, una ordenación del territorio que aumente la resiliencia del medio rural y de los ecosistemas naturales, potencie la producción y mercados locales frente a lo global, y un modelo territorial de ciudades medias resilientes, con un urbanismo que potencie ciudades de mínimo metabolismo, compactas, diversificadas y complejas, eficientes energéticamente, de movilidad obligada minimizada, sin uso de combustibles fósiles, con transporte público eficiente, y con dotaciones y condiciones ambientales y paisajistas que posibiliten el bienestar/buen vivir de los ciudadanos; lo que exige adecuar la expansión urbanística a las necesidades, potencialidades y biocapacidad/sostenibilidad ambiental local.

Hasta aquí nos hemos referido con exclusividad a la dimensión ambiental asociada al Calentamiento Global y a la 22-COP de Marrakech. Pero, como hemos señalado al inicio de este artículo, también la situación geopolítica y económica internacional, la elección de Trump y la debilidad de la gobernanza global hacen que sea difícil avanzar hacia el bienestar ciudadano, o hacia los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para “Transformar el Mundo”. En los próximos artículos incidiremos sobre estas materias y su repercusión para el bienestar de los españoles.