NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SALARIOS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SALARIOS

La acción sindical tiene como fundamento el diálogo social, la concertación y la negociación colectiva en sectores y empresas. Eso explica que, por estas fechas, los sindicatos se dediquen afanosamente a preparar la negociación colectiva y a explorar la posibilidad de negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuando menos para el próximo año (IV AENC. 2018). Los sindicatos parten de cuatro grandes inconvenientes: la reforma laboral (sobre todo los descuelgues y la prioridad del convenio de empresa sobre el de sector), el muy poco interés de los empresarios (CEOE-CEPYME) por negociar un nuevo Acuerdo de referencia para el año 2018, la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios perdido a lo largo de la crisis y, por último, las serias dificultades actuales para movilizar a los trabajadores en busca de una mejor relación de fuerzas con los empresarios.

En estas circunstancias, el diagnóstico de la situación es muy relevante para comprender mejor las reivindicaciones sindicales. Según UGT, el PIB registra cifras positivas desde el inicio de 2014 y valores por encima del 3% interanual a partir del segundo trimestre de 2015. Desde finales de 2016 el crecimiento se mantiene en torno al 3%, aunque en los últimos trimestres se observa una cierta desaceleración que, según las previsiones, se puede acentuar ligeramente en el año 2018. Sin embargo, otras variables socioeconómicas no discurren por el mismo camino. En los años de recesión aumentó el desempleo, los salarios perdieron poder adquisitivo, se precarizó escandalosamente el mercado de trabajo y se debilitó el sistema de protección social. Todo ello ha venido generando una importante pérdida de peso de las rentas del trabajo frente a las del capital, así como profundas desigualdades económicas y sociales, aumento de la pobreza, exclusión social y, finalmente, deterioro de la calidad de vida de las personas en general. El indicador de población en riesgo de pobreza o exclusión social -contenido en la Estrategia Europa 2020- lo confirma: en España, el 27,9% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,6 puntos por encima del existente en 2007 (23,3%).

A pesar de las triunfalistas declaraciones del Gobierno, no es verdad que los trabajadores hayan recuperado la deuda social contraída a lo largo de la crisis. En España tenemos más de 3,7 millones de parados, según la última EPA, que sitúan el porcentaje de desempleo en el 16,4%. El porcentaje de paro entre los jóvenes menores de 25 años alcanza el 36% y la tasa de desempleo de las personas mayores de 55 años ha pasado del 5,5% en el segundo trimestre de 2007 al 14,3% en el tercer trimestre de 2017. Por otra parte, en 2008, algo más del 20% de las personas en paro llevaban más de un año buscando empleo y en el tercer trimestre de 2017 este porcentaje alcanza nada menos que a la mitad de las personas desempleadas. A ello debemos añadir que un 36,5% de los desempleados llevan buscando empleo más de dos años. En concreto, cerca de 2 millones de personas buscan empleo desde hace más de un año y casi 1,4 millones lo hacen desde hace más de dos años.

A pesar de todo ello, el desempleo está disminuyendo en los últimos años; sin embargo, el empleo que se está creando está muy ligado a la estacionalidad y lo hace en condiciones de extrema precariedad, afectando la temporalidad al 27,4% de los asalariados, a lo que hay que añadir los contratos a tiempo parcial, sobre todo los no deseados (casi 1,6 millones de personas con empleo trabajan a tiempo parcial por no encontrar un empleo a tiempo completo, de los cuales el 70% son mujeres). Los últimos datos registrados en las oficinas de empleo hasta el mes de octubre lo confirman. Según Alberto Pérez, Fundación Altedia Creade, los contratos indefinidos de inicio y a jornada completa representan tan sólo el 3% de los 17,5 millones de contratos firmados. En cambio, los contratos temporales alcanzan nada menos que el 94% (con el agravante de que cerca del 40% tienen una duración inferior al mes) y de ellos el 35% son a tiempo parcial. Por su parte, de los contratos indefinidos el 31% son a tiempo parcial y el 13% fijos discontinuos; por lo tanto, sólo el 56% son contratos a jornada completa.

Precisamente, la contratación a tiempo parcial está facilitando aún más el uso fraudulento e irregular de las horas extraordinarias. Concretamente, según UGT, los casi 16 millones de asalariados realizan cada semana nada menos que 5,2 millones de horas extraordinarias de media y de ellas 2,4 no son remuneradas, lo que significa que el 46% de las horas extraordinarias no se retribuyen, cuando precisamente, en el año 2008, ese porcentaje alcanzaba el 38%, según la EPA del III trimestre de 2017. Este abuso intolerable pone todavía más en evidencia a los empresarios, al gobierno, a la inspección de trabajo e, incluso, a los propios sindicatos. La situación se agrava porque, además, la cobertura de desempleo se ha desplomado. En 2007, el 71,4% de los desempleados registrados tenía una prestación por desempleo e, incluso, en 2010 subió la prestación hasta alcanzar el 78,4%. Sin embargo, en 2016 la cobertura ha descendido por debajo del 55%; o dicho de otra manera, ha descendido casi 20 puntos en relación al comienzo de la crisis.

También los salarios están sufriendo las consecuencias de una persistente política de devaluación, a pesar de que los empresarios obtienen en estos momentos beneficios superiores a los que tuvieron antes de la crisis. De 2009 a 2016 los trabajadores han perdido una media de 5,4 puntos de poder adquisitivo. La pérdida de los salarios más bajos es muchísimo mayor (un 20% en el tramo del 10% con ingresos más bajos). Todo indica, además, que en el presente año se volverá a perder poder adquisitivo (en torno a dos puntos porcentuales), lo que elevaría la pérdida al 7,4%. En todo caso, la situación de los salarios es particularmente preocupante: prácticamente la mitad de los trabajadores empleados tienen salarios por debajo de los 1.000 euros netos al mes (en definitiva, la mitad de España no puede ser considerada ni siquiera mileurista). A lo que hay que añadir la escandalosa e incomprensible brecha salarial de género: según la Comisión Europea, la diferencia en el salario medio bruto por hora para un mismo trabajo en la UE es del 16,3% y de un 14,9% en España.

En respuesta a la actual situación, los sindicatos están elaborando sus plataformas reivindicativas. En primer lugar aspiran a corregir los asuntos más dañinos y regresivos de la reforma laboral, a pesar de que será muy difícil que lo consigan a través de la negociación colectiva, dada la gran intransigencia empresarial en esta materia (la CEOE-CEPYME se siente muy cómoda con la reforma laboral) y del descarado apoyo que reciben del gobierno. En primer lugar defienden el convenio de sector cuyo contenido debe prevalecer, en todo caso, sobre el convenio de empresa. Apuestan por la articulación de la negociación colectiva a todos los niveles (sector y empresa), aspiran a que los convenios cubran a todos los trabajadores (sobre todo de las microempresas) y a enriquecer el contenido de los convenios: empleo; contratación; ultraactividad; descuelgues; jornada de trabajo; horas extraordinarias; formación continua; cualificación profesional; investigación e innovación; salud laboral; absentismo; digitalización; información, consulta y participación de los trabajadores (democracia industrial); planes de igualdad de género; medio ambiente; y comisiones paritarias de seguimiento e interpretación del convenio, entre otras materias.

En segundo lugar, los sindicatos están decididos a recuperar los derechos perdidos y, en particular, a trabajar activamente para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios  en los últimos años. Una reivindicación que, incluso, Bruselas, el BCE y diversos organismos internacionales avalan y recomiendan para reforzar el crecimiento económico y converger con la UE. En las conclusiones de las  Jornadas de Acción Sindical de UGT -celebradas recientemente- se contempla que los salarios deben aumentar su poder de compra, mejorar su presencia en la renta nacional, fomentar el consumo interno y como consecuencia apuntalar el crecimiento de la economía. En este sentido, los incrementos salariales para el próximo año deben ser superiores a la previsión de inflación del gobierno (1,5%). A ello se debe sumar las ganancias de productividad real del trabajo previstas en un 0,3% y, finalmente, el porcentaje necesario para ir recuperando paulatinamente (en cinco o seis años) el poder adquisitivo perdido en los últimos años. En concreto, se propone un incremento medio en torno al 3% (1,5% de inflación, más 0,3% de productividad, a lo que hay que añadir el 1,2% de incremento extraordinario para ir recuperando el poder adquisitivo perdido). Por otra parte, para seguir negociando en base a la previsión de inflación del gobierno es imprescindible incluir en los convenios cláusulas de revisión salarial para garantizar el incremento real pactado ante un previsible incumplimiento de las previsiones del gobierno. Por último, en esta materia se reivindica establecer en los convenios un salario mínimo garantizado de 1.000 euros mensuales con el propósito de incrementar sobre todo los salarios más bajos, que son los que más han sufrido los brutales efectos de la crisis económica.

No será nada fácil el conseguirlo; simplemente porque los empresarios no regalan nada y el Gobierno está dispuesto a seguir ayudando a los empresarios, aunque sea a costa de perjudicar a los trabajadores más vulnerables. A ello hay que añadir las incomprensibles dificultades por las que atraviesa la izquierda para ponerse de acuerdo en relación a las políticas económicas y sociales e, incluso, en las medidas a tomar para  derogar la reforma laboral de la que ya nadie se acuerda. Por eso, los sindicatos deben preparar con inteligencia las movilizaciones (seguramente inevitables) en este contexto económico y social, tanto en empresas como en sectores, para mejorar su relación de fuerzas.

La primera medida a desarrollar será seleccionar las empresas y sectores de referencia donde el movimiento sindical tiene una mayor presencia e implantación y, por lo tanto, una mayor capacidad para firmar acuerdos de entrada que recojan ampliamente las reivindicaciones sindicales. Además, resulta fundamental reflexionar sobre las movilizaciones sectoriales capaces de trasladar a la ciudadanía los argumentos que explican las justas reivindicaciones de los sindicatos. Sólo finalmente se deben plantear movilizaciones más amplias con el propósito de frenar a los empresarios en su alocada carrera hacia una competitividad absurda y basada exclusivamente en el dumping social: alto índice de desempleo y de precariedad, bajos salarios y una escasa protección social. Sin duda, esta política resultará muy negativa para el consumo interno y, por lo tanto, para el crecimiento de la economía, la contratación, el empleo y el cambio de nuestro modelo productivo, sobre todo cuando en estos momentos sólo cabe apostar por una economía sostenible, digital, moderna y competitiva.