MI PATRIA

Aunque Habermas lo ha reformulado muchos siglos más tarde, ya decía Cicerón que “Ubi Bene Ibi Patria” y, hace ahora cuarenta años, decidí lo que entendía como el bien para definir lo que consideraba mi patria.

Porque, hace ahora cuarenta años decidí, junto con las personas que viven en mi entorno, cómo queríamos que fueran nuestras relaciones colectivas. Al conjunto de esos acuerdos se le llamó, como suele ser costumbre, Constitución y las habían redactado un grupo de nuestros representantes a los que habíamos elegido para ello. Nosotros las refrendamos el 6 de diciembre de 1978 y lo hicimos por una amplísima mayoría de españoles.

La verdad es que decidimos una serie de cosas que, tiempo después, fueron contestadas por sectores de la población. Por ejemplo, decidimos no tener que elegir a nuestro Jefe de Estado porque sería una persona determinada de una sola familia que, a su muerte, lo transmitiría a otra persona de su misma familia.

Decidimos tener una democracia representativa, es decir, un sistema político en que los ciudadanos elegiríamos a una serie de representantes quienes, en nuestro nombre, aprobarían nuestras normas de convivencia y adoptarían cuantas decisiones fueran necesarias para aplicarlas. Y, decidimos también que esos representantes formaran dos cámaras legislativas distintas pero complementarias.

Decidimos también no elegir a nuestros gobernantes porque serían nuestros representantes, los diputados, quienes les elegirían a través del nombramiento de un Presidente del Gobierno quien, a su vez, designaría a sus Ministros y, estos, a los siguientes cargos, hasta un determinado nivel. Y, de manera similar, ocurriría en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Decidimos que ningún poder del estado fuera autónomo respecto de la voluntad popular, por lo que el gobierno del poder judicial tenía que ser designado por los representantes de los ciudadanos.

Decidimos también que, en determinados aspectos, pudiera haber normas distintas en diversas partes de España y que, en ellas, para regular esas normas y hacerlas aplicar, sus ciudadanos pudieran elegir a sus representantes en modo análogo a como se eligen a los representantes de todos los españoles en el parlamento nacional.

También aprobamos el que en el sistema político cupieran, incluso, los que están en contra del mismo, con el único requisito de que se sometieran a las normas del mismo. Por eso son tan legítimos los votos de los independentistas en el Congreso de los Diputados como los de la extrema derecha en el Parlamento Andaluz.

Todo ello, que ahora puede parecer discutible y, por tanto, digno de ser replanteado, lo decidimos como contraprestación, o al menos en el mismo paquete de decisiones, de constituir un estado de derechos donde se reconoce a todos los ciudadanos una serie de facultades y obligaciones colectivas cuya cantidad y calidad es equiparable a la de las más avanzadas sociedades del mundo.  Y, además, se obliga se obliga a nuestros representantes y gobernantes a que actúen de acuerdo con la Constitución y con las normas que derivan de ella.

Parece que es reciente, pero desde no mucho tiempo después de eso, empezaron a hacerse oír voces discrepantes de esas decisiones. Desde declaraciones de fervor republicano hasta quejas por tener que respetar normas distintas dentro del territorio español. Pasando por el reproche, aunque solo a algún gobernante, de “no haber pasado por las urnas”, como si eso fuera algo singular. Es decir, algunas de todas esas cosas llevan tiempo sometidas a crítica porque se les imputa ser causa de algunos problemas que, se dice, quedarían resueltos con ciertas modificaciones de la Constitución. Es posible, aunque no parece, a tenor de las primeras declaraciones de nuestros representantes, que haya un consenso claro sobre el sentido de esas reformas.

Mientras, por ejemplo, hay quien solo ve en nuestra monarquía un problema de desigualdad de género, hay otra tendencia que propone una enmienda a la totalidad para adoptar un sistema republicano. Aunque, por cierto, si hablamos de problemas a resolver con una reforma constitucional sería necesario definir primero qué problema resolveríamos con esta reforma. Cosas parecidas ocurren con el mapa competencial del estado, donde confluyen tensiones enfrentadas sobre la posibilidad de ampliar o reducir las competencias de algunas comunidades. O con el modo de representación democrática sobre el que se barajan opciones encontradas.

Las dos únicas modificaciones, hasta ahora, de la Constitución han estado motivadas por el hecho de que España no es una isla en el mundo. La primera, en el artículo 13, y como consecuencia del Tratado de Maastricht, para permitir a los ciudadanos europeos ser elegibles en unas elecciones municipales. Y la segunda, en el artículo 135, en plena crisis económica, para asegurar a los mercados internacionales que la devolución de lo que nos prestaran iba a ser prioritaria. Es evidente que ambas modificaciones que, por cierto, no llegaron a ser refrendadas por la población, afectaban a derechos de parte de esa población que podían verse perjudicados con las mismas. Pero es también un hecho que, ambas, tuvieron el apoyo de una amplia mayoría de nuestros representantes parlamentarios y se hicieron después de un escrupuloso cumplimiento de las normas constitucionales.

Por ello, las modificaciones, seguro que necesarias, a la Constitución Española, conviene hacerlas con cuidado y, sobre todo, con consenso, tanto, al menos, como el que tuvimos en 1978. Si en algún sitio es válido el principio de que mas vale malo conocido que bueno por conocer, es este, sobre todo si tenemos en cuenta que las definiciones de malo y bueno, son tan relativas como lo que opina cada cual de ello.

Lo que no invalida la necesidad de actualizar nuestra Constitución, pero si el hacerlo al hilo de esos problemas que se pretende pueden resolverse con una modificación puntual y, mucho menos, con una revisión tal como ha planteado algún aventurero. No rompamos uno de los pocos consensos que nos quedan, el de 1978.