MEDIR EL BIENESTAR SOCIAL MÁS ALLÁ DEL PIB. Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

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Reiterada y machaconamente, la sociedad recibe de los medios de comunicación y del Gobierno el mensaje de que el bienestar está asociado al crecimiento del PIB. Porque el crecimiento del PIB genera crecimiento del empleo, de forma que este es el camino para que desaparezca la pobreza y se amortigüe la desigualdad, mejorando el conjunto de la sociedad. Por ello, el que haya crecido el PIB en un 3,2%, en 2015, y se hayan creado 525.100 puestos de trabajo, reduciendo el paro hasta el 22,1% de la población activa en ese año –gracias en parte a la malísima señal de la reducción de la población activa- se consideran grandes logros para el bienestar. Importa mucho menos que la deuda pública española ya se sitúa prácticamente en el 100% del PIB -que tendremos que pagar de ahora en adelante, con sus correspondientes intereses- y que el déficit público se ha situado en el 4,8%, incumpliendo el compromiso asumido por el Gobierno ante la UE; o que existe una correlación positiva entre PIB y el comercio mundial, que implica un sesgo en la distribución de los beneficios del mismo, fundamentalmente hacia los beneficios de las grandes multinacionales.

Pero eso no es lo más grave en la visión “economicista” que ha guiado las políticas del Gobierno del partido popular, en el marco de unas políticas del Consejo Europeo gobernadas por ideologías neoliberales (dirigidas fundamentalmente desde los ordoliberales alemanes) del mismo signo e intereses finales que las del Gobierno español, sino que los datos disponibles permiten estimar que las desigualdades en España siguen creciendo, y que la media y la mediana de las condiciones de vida de las familias españolas cada vez es menos representativa, incrementando sensiblemente las personas en riesgo de pobreza (un tercio de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, con unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de los hogares) a la vez que mejoran muy sustancialmente los patrimonios del reducido estrato de multimillonarios españoles.

Si los últimos datos disponibles señalan que las 400 personas más ricas de EEUU poseen un patrimonio similar a los 150 millones de personas de patrimonio más reducido, y han logrado incrementar ese patrimonio con un 95% de los beneficios derivados de las sucesivas crisis económicas, la situación en España no es muy diferente. Según los datos de Oxfan Intermon, los 20 españoles más ricos tienen tanto como el 30% más pobre, y el patrimonio de las grandes fortunas subió un 15% en 2015 mientras que el del 99% restante cayó un 15%.

No cabe duda que hay una recuperación de datos macroeconómicos y de empleo; pero tampoco hay ninguna duda que ese empleo es cada vez de peor calidad, no sólo por el grave aumento de la temporalidad y precariedad de los empleos, sino también por la fuerte reducción de los ingresos de los trabajadores más desfavorecidos (uno de cada ocho empleados es pobre en España, con un salario igual o inferior al mínimo legal) y que, como recoge Eurostat, España ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis (de 2007 a 2014) casi diez veces más que el promedio europeo.

Las conclusiones son claras: estamos ante una recuperación económica que está lejos de beneficiar a la mayoría de la sociedad española. Y ello es así porque a la confusión “interesada” y no “neutral ideológicamente” entre crecimiento del PIB y bienestar de la población, se une el desmantelamiento del funcionamiento de los servicios públicos garantes del bienestar de los ciudadanos, y la grave afección a muchos de los elementos del patrimonio (recursos naturales y culturales) de este país. Además, nuestro modelo de crecimiento -y el propio cálculo del PIB- se basa en unos precios y en unos valores añadidos que no incorporan externalidades ni el largo plazo; y está llevando a situaciones tan graves como los procesos de calentamiento global y cambio climático asociado, y generando lo que ya se conoce como la sexta gran extinción de especies, cuyas consecuencias sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, y consecuentemente sobre la salud de la población a largo plazo, son tremendamente negativas.

Desde que el PIB per cápita se estableciera como indicador de bienestar social han sido innumerables las críticas a sus deficiencias (empezando por su propio creador: trabajo de Kuznets sobre el Producto Interior Bruto, en los años 30 del siglo pasado). Hoy en día, el reconocimiento del carácter multidimensional del bienestar y el que a partir de un determinado nivel de renta los aspectos no económicos del bienestar (presión sobre los recursos, las desigualdades sociales o un bienestar sostenible a largo plazo) ganen importancia en la medida de éste, han puesto en cuestión la utilización del PIB per cápita como medida básica del mismo; pese a lo cual, su evolución sigue siendo el principal referente para justificar las políticas económicas de la mayoría de los países.

Ya en Rio+20, Naciones Unidas presentó el Informe The Inclusive Wealth Report 2012. Measuring progress toward sustainability (UNU-IHDP, 2012) donde, en línea con otras iniciativas de la OCDE (How’s Life?: Measuring well-being. 2011), de la Unión Europea (EUROSTAT) y de algunos países concretos (Francia, Reino Unido,…) se pretendía establecer procedimientos que permitieran tener un conocimiento adecuado de los elementos sustanciales en el desarrollo de la sociedad, corrigiendo las reiteradamente manifestadas insuficiencias de los indicadores económicos tradicionales (PIB, renta per cápita, etc.) pese a las cuales, sin embargo, estos indicadores se siguen manteniendo como paradigma del avance de las sociedades; y, lo que es más grave, como referentes prioritarios para la definición de las políticas públicas de los gobiernos. Con estos nuevos procedimientos e indicadores se intentaba ir más allá de lo que ha significado la publicación y perfeccionamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por parte del PNUD, en el que se mantiene una fuerte correlación entre PIB per cápita e IDH. Y superar indicadores como los de competitividad del WEF_Global Competitiveness Report, cuya correlación con el PIB per cápita también es muy elevada. Se definía así el Inclusive Wealth Index (IWI) como una forma de aproximarse a la sostenibilidad del desarrollo, considerando simultáneamente la medida del patrimonio natural, transformado y humano, y las formas sociales del capital, integrando los diferentes componentes de la riqueza y su relación con el desarrollo económico, el bienestar ciudadano y las políticas basadas en la gestión social de estos elementos. En síntesis, el IWI establecía unos nuevos supuestos en la forma de medir la riqueza y el bienestar de un país: 1) El IWI cambiaba el acento desde los flujos productivos (renta) a los stocks potencialmente productivos (riqueza o patrimonio). 2) Se pretendía valorar la base productiva que se trasmite a las generaciones venideras para su desarrollo y bienestar. 3) Asumía que comprender las interrelaciones entre los ecosistemas y los servicios proporcionados por los mismos a la economía, era fundamental.

De hecho, los datos existentes a nivel global muestran que las desigualdades socioeconómicas y ecológicas han aumentado en los últimos 20 años, a la vez que en el planeta se han superado ya tres de sus nueve principales limites biofísicos: los relativos al equilibrio climático, la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno, acercándonos peligrosamente a puntos de no retorno. Por ello, la hipótesis básica de los cambios en los indicadores es que muchos aspectos del bienestar de la población, actual y futura, se están viendo negativamente afectados por el progresivo proceso de degradación que están experimentando los elementos del patrimonio territorial y, entre otros, los servicios de los ecosistemas. Mientras que algunos aspectos del bienestar han mejorado, muchos otros, a veces más intangibles -como las buenas relaciones sociales o la salud psicológica- se han visto negativamente afectados. La principal consecuencia es que las aproximaciones economicistas al bienestar humano, basadas en el nivel de vida, han inducido estilos de vida poco sostenibles en términos socioecológicos que sobrepasan claramente los límites biofísicos de los ecosistemas.

La preocupación de Naciones Unidas por esta problemática ha sido continua, fundamentalmente desde 1992, aunque el grado de éxito en los avances pretendidos haya de ser discutible. En septiembre de 2015 comentábamos en estas páginas que el optimista Informe de 2015 de Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos del Milenio debía ser matizado, al menos desde dos puntos de vista. El primero, porque los avances logrados en su cumplimiento se había producido de forma territorialmente desigual (en efecto, y aunque no se citaba explícitamente en el citado Informe, había sido el despegue de los países BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica- y de los exportadores de materias primas los que habían permitido avanzar significativamente en los Objetivos, mientras que los avances en los países menos desarrollados había sido efímero); el segundo, porque pese a ese avance, todavía los datos de 2015 mostraban que millones de personas seguían desamparadas, en particular los más pobres y los desfavorecidos debido a su sexo, edad, discapacidad, etnia o ubicación geográfica en los países de menor Índice de Desarrollo Humano. Además, a finales de 2015, los conflictos bélicos habían forzado a más de 60 millones de personas a abandonar sus hogares, cifras que no se alcanzaban desde la Segunda Guerra Mundial, cuadruplicando las cifras registradas en 2010 y generando fuertes tensiones migratorias. Y se podría añadir que siguen siendo muy elevadas las desigualdades en las condiciones de vida, y que han empeorado las condiciones de explotación de la población y de los recursos naturales, por la subordinación de ambos a los intereses de las grandes multinacionales o del capital especulativo, entre los que hay que incluir los fondos soberanos de los países asociados a la explotación de los recursos petrolíferos.

El citado Informe de 2015 había sido el marco en el que, el 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se habían comprometido a promover el avance hacia 17 nuevos Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 –Agenda 2030- con el fin de erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y frenar el cambio climático, buscando un avance hacia la modificación de “los patrones de producción, de comercialización y de consumo por otros más sostenibles ecológicamente, menos excluyentes en lo social y que por lo tanto permitan equiparar oportunidades para toda la población mundial”. Desde entonces, otro hito –la 21COP de Cambio Climático, celebrada en París en diciembre de 2015, a la que ya nos hemos referido en estas páginas- ha mostrado el aparente cambio formal en los Gobiernos del mundo, ya que 188 países, de 195, habían presentado sus Contribuciones voluntarias para avanzar en la mitigación y adaptación al Cambio Climático, comprometiéndose a la consecución de un Objetivo de interés general común: restringir el calentamiento global a menos de 2ºC para finales de siglo.

Tanto en uno como en otro caso se incidía en la necesidad de establecer unos Indicadores y una forma de medirlos (métrica) para, en primer lugar, contrastar hasta qué punto se producía un avance real en el cumplimiento de los Objetivos definidos y, en segundo lugar, para que una vez los resultados de la medida de esos Indicadores sean públicos y transparentes, la población informada sobre el grado en que sus respectivos Gobiernos cumplen los compromisos asumidos, pudieran, en su caso, forzar a cambios en los mismos si los resultados eran socialmente insatisfactorios.

A este respecto, hay que tener en cuenta algunas denuncias de organizaciones no gubernamentales centradas en objetivos sociales, que han venido señalando una especie de trampa en la definición de algunos de los Objetivos que se definen por las instituciones globales (ONU, OCDE, FMI, UE,…) ya que estos se adecúan a lo previsible en la tendencia del modelo actual, que, sin embargo, es incompatible con el avance significativo en otros Objetivos. De hecho, los datos muestran que la incidencia de Naciones Unidas ha sido muy relativa en la consecución de los pasados Objetivos del Milenio, hasta 2015, salvo cuando definían metas compatibles con la tendencia global de evolución social del siglo XXI. Y, por el mismo motivo, se considera muy cuestionable su capacidad de incidir significativamente en la consecución de unos ODS que, teóricamente, implican cambios muy importantes en esa tendencia global y en los intereses que la sustentan. De hecho, Naciones Unidas es consciente de este hecho, y en la Declaración del 25 de septiembre de 2015 que aprueba la Agenda 2030, señala que “Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”. Y esta visión integral nos lleva a recordar que las tendencias en esas dimensiones en el planeta continúan siendo las derivadas de una sociedad de consumo capitalista en expansión global, que son difícilmente compatibles con muchos de los ODS. Además, el cumplimiento de muchos de los Objetivos establecidos por Naciones Unidas exige acciones colectivas concertadas de distintos Gobiernos, y ello de forma sostenida, sin que varíen las acciones al variar el signo político de los mismos: reducir las emisiones de gases efecto invernadero para frenar el calentamiento global, erradicar los paraísos fiscales, frenar la sobreexplotación de los recursos comunes y la pérdida de biodiversidad, etc. Lo que implica que conseguir avanzar hacia los ODS va a depender de hasta qué punto la población –porque se sientan identificados y comprometidos con ellos- elija, o pueda elegir, a representantes políticos comprometidos con los mismos, y que los Gobiernos resultantes sean capaces de priorizar los intereses generales ligados a la consecución de los mismos, frente a los intereses de muchas multinacionales y fondos financiero-especulativos en los que el mantenimiento de tendencias implícitas al modelo actual de crecimiento, es el marco óptimo para asegurar sus ganancias y objetivos economicistas.

Ámbitos como el G7 y el G20, donde la capacidad de influencia de las señaladas multinacionales y fondos ha quedado claramente probada, serán el campo de juego donde se medirá la capacidad de la población para que sus representantes defiendan e impongan sus intereses generales a largo plazo, condicionando el posible éxito o fracaso de estos ODS para el 2030. Porque lo que es evidente, es que alcanzar las metas más representativas de los 17 ODS establecidos, exigen –en mayor o menor medida- cambios en las políticas y tendencias actuales.

Pero nuevamente la problemática señalada obliga a plantear dos cuestiones. La primera, es la de si el bienestar o la conciencia y compromiso individual mayoritario coincide con los Objetivos establecidos y, por lo tanto, cabe esperar una respuesta social si los mismos no se alcanzan. La segunda es la de si los Indicadores y métricas son los más adecuados para informar, concienciar y comprometer a la población de la evolución de los correspondientes procesos.

El poder contestar positivamente a la primera cuestión exigiría que la población, en primer lugar, conociera esos Objetivos y los asumiera como propios, cosa que está lejos de suceder, tanto con respecto a los17 ODS como respecto a los 169 subobjetivos establecidos en desarrollo de los mismos. Para subsanar esta carencia Naciones Unidas ha promovido el establecimiento de Redes de Soluciones de Desarrollo Sostenible -de la que ya disponemos del borrador de sus primeros trabajos- en el intento de establecer, calcular y difundir indicadores y valores para los distintos países, que puedan servir a esa toma de conciencia social sobre los mismos.

Es un primer paso, por ahora, claramente insuficiente si los medios de comunicación no adoptan una posición muy fuerte en la difusión y discusión de los resultados y de los componentes implícitos a cada Indicador. Porque, ¿son los indicadores que se recogen en este primer borrador para consultas los que definen las preocupaciones y objetivos prioritarios que animarán a las votaciones o presión política de los ciudadanos para su cumplimiento? La tabla siguiente que los recoge nos permite ser escépticos al respecto, no sólo por las variables elegidas –algunas de ellas claramente correlacionadas entre sí y, por lo tanto redundantes en sus resultados-, sino también por las fuentes utilizadas y por la metodología de definición que realizan esas fuentes para los correspondientes indicadores, que en algunos casos recogen, implícitamente, valoraciones positivas del actual modelo de crecimiento que, en teoría, sería contradictorio con muchos de los ODS pretendidos.

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Pero, en todo caso, hay que felicitarse y valorar el trabajo realizado todavía en borrador para consultas, y el avance que significa respecto a la utilización ideológica del PIB como patrón de bienestar, aunque es discutible que muchos españoles lleguen a considerar estos Objetivos, y la lucha por la mejora en los indicadores correspondientes, como su prioridad a la hora de votar a unos partidos u otros, o como motivo de movilización social el que el mundo no avance hacia la consecución de los mismos.

Como curiosidad, en este primer borrador para consultas, el equipo de trabajo ha hecho el encomiable esfuerzo de realizar una valoración provisional del Índice Global de Desarrollo Sostenible para distintos países con distintas metodologías y datos. Y en esta valoración, al igual que en lo que sucede en la de la OCDE, destaca la negativa situación relativa de España –muy condicionada por la fecha a que se refiere la información de base y al carácter de ésta- en lo que se refiere a los ODS 6º (agua limpia y saneamiento), 8º (trabajo decente y crecimiento económico), 9º (industria, innovación e infraestructura) y 17º (alianzas para lograr los objetivos); y una situación intermedia en todos los demás, salvo en lo que se refiere al 3º (salud y bienestar) y 5º (igualdad de género), en la que la valoración es positiva.

En todo caso, las distintas metodologías de evaluación de la situación relativa española en el concierto mundial respecto a indicadores complejos de bienestar y nivel de desarrollo sostenible, siempre le sitúan entre la posición decimoctava y vigesimoquinta, lo que permite lecturas a gusto de todos, y nos llevan a preguntas cómo si ¿es previsible que en la España de 2016 se vea la puesta en marcha del cada vez más imprescindible cambio de rumbo en políticas públicas que piensen más allá del PIB, se centren en los intereses generales de las personas y en el patrimonio de este país a largo plazo, y subordinen a estos a los dominantes intereses a corto plazo del capital, incorporando las graves consecuencias esperables sobre el cambio climático o sobre la destrucción de muchos de los recursos disponibles en este país?