MANIFESTARSE CONTRA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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El domingo 29 de mayo se celebró en Barcelona una manifestación contra el Tribunal Constitucional convocada por los dos sindicatos mayoritarios, Omnium Cultural, asociaciones de vecinos y la Asamblea Nacional Catalana. Asistió el Primer Secretario del PSC, Miquel Iceta.

Antes de examinar los argumentos de la manifestación no es inoportuno recordar la función de los Tribunales Constitucionales en los Estados democráticos. Hasta los años veinte del siglo XX, las Constituciones, excepto en Estados Unidos, eran declaraciones políticas que nadie consideraba normas jurídicas con vigencia en el Estado. Como carecían de valor jurídico, cualquier Ley del Parlamento podía estar en contradicción con la Constitución. Fue uno de los grandes genios del pensamiento jurídico, el austriaco Hans Kelsen, el que explicó el valor normativo de las Constituciones, situadas en la cúspide del ordenamiento otorgando así validez al resto de las normas que han de estar infra-ordenadas al texto constitucional (Hans Kelsen: Teoría General del Estado, Granada, 2002, págs. 414-425).

Consecuencia lógica de la primacía normativa de la Constitución era para Kelsen la necesidad de establecer un sistema de control de constitucionalidad de las Leyes, tal como ya hacían los Jueces en Estados Unidos (control difuso de constitucionalidad). Pero Kelsen, de pensamiento socialdemócrata, no confiaba en los Jueces austríacos para defender la nueva Constitución democrática y concibió u órgano ad hoc para asumir esa función (control concentrado de constitucionalidad). Así llevó a la Constitución austríaca de 1920 un Tribunal Constitucional, que luego imitó la Constitución española republicana de 1931. Por eso Kelsen, en polémica con Carl Schmitt, concibió el Tribunal Constitucional como el defensor de la Constitución (Hans Kelsen: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Madrid, 1995).

Por eso, en el Estado democrático, el órgano encargado de mantener el pacto constituyente, el órgano que impide que cualquier mayoría parlamentaria venga a quebrar el acuerdo político que permitió aprobar una Constitución, es el Tribunal Constitucional. Se ha visto recientemente en Hungría y en Polonia, donde mayorías ultraconservadoras quieren impedir que el Tribunal Constitucional defienda a la Constitución. Lo vivió en su persona el propio Kelsen cuando en 1931 la presión conservadora-clerical de Austria modificó la composición del Tribunal Constitucional como paso previo a la instauración de un régimen autoritario que acabó en una dictadura fascista. Exactamente igual que en Polonia, donde la respuesta tibia de la Unión Europea no logra parar la ofensiva del Gobierno de extrema derecha.

Por eso, el Tribunal Constitucional es el defensor de la Constitución española y el enemigo a batir por los independentistas. ¿Por qué se han manifestado el día 29 de mayo en Barcelona? Contra la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional de una Ley del Parlamento catalán recurrida por el Presidente del Gobierno. Este punto merece algunas acotaciones para entender las falacias de los independentistas.

Los manifestantes se manifestaban porque el Tribunal Constitucional ha suspendido varias Leyes del Parlamento, que han sido recurridas por el Presidente del Gobierno. El Tribunal no las ha declarado inconstitucionales sino que, en aplicación de la Constitución (artículo 161.2), las ha suspendido aunque en el plazo de cinco meses tendrá que decidir si mantiene esa suspensión o la levanta. El Tribunal estaba obligado a cumplir lo que ordena la Constitución, por lo que no se sabe por qué, puestos a protestar, la manifestación no se dirigió contra el Presidente del Gobierno cuyos recursos obligaron al Tribunal a acordar la suspensión de las Leyes.

Si pasamos de lo procesal a lo sustantivo, ¿es cierto que los catalanes han adquirido unos derechos por la mera aprobación de Leyes, como dijo la Presidenta del Parlamento de Cataluña en la manifestación? El tema no deja de tener complejidad constitucional, porque los últimos Estatutos de Autonomía o las últimas reformas estatutarias de algunas Comunidades Autónomas (Cataluña de 2006, Andalucía de 2007, Comunidad Valenciana e Islas Baleares de 2010, Aragón y Extremadura de 2011) han creado unos supuestos derechos de los ciudadanos de esas Comunidades que no son auténticos derechos, pero hacen creer que lo son. Al amparo de estos pseudo-derechos, en estas Comunidades Autónomas los partidos más nacionalistas hacen creer que poseen derechos que la Constitución no reconoce o, al menos, no reconoce con alcance territorial limitado.

En todo caso, más allá de un nuevo ataque al defensor de la Constitución española, lo que subyace en esta manifestación, como señalaba muy bien El País de 30 de mayo, es la idea que expresaba la pancarta que encabezaba la manifestación: “Adiós TC. Desobediencia”. Los independentistas quieren la desobediencia del ordenamiento español y para ello el primer enemigo es el Tribunal Constitucional. No deja de ser una paradoja que el Tribunal Constitucional, que fue el órgano constitucional que más ha contribuido a fijar la descentralización del Estado a través de su doctrina y que lo ha hecho con una visión a veces discutible, que concebía la centralización como algo negativo, se vea atacado por los enemigos del Estado democrático.

En este contexto, el PSC e Iceta han arriesgado mucho al acudir a esa manifestación. Ya había un antecedente desgraciado, que fue la manifestación que encabezó el Presidente Montilla contra la Sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía (y que tan escasos beneficios electorales otorgó al PSC) pero no estoy seguro de que la presencia en una manifestación que se sabía era independentista, vaya a reportar muchos votos a los socialistas catalanes. Porque al final, siempre queda la sensación de que el PSC siempre tira al monte de los nacionalistas y desconoce los intereses de los trabajadores no nacionalistas.

Manifestarse contra el Tribunal Constitucional es manifestarse contra la Constitución. No deberían olvidarlo los partidos que tienen vocación de gobierno, porque antes o después ese Tribunal ha de acudir a salvar el Estado democrático.