LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. París: de la esperanza a la solución mediática

serrano111215

Como se ha señalado reiteradamente en esta sección, las Cumbres de las COP de Naciones Unidas son un ámbito óptimo para grandes discursos que los medios de comunicación difunden durante unos días, a los que siguen el olvido y la vuelta a la normalidad. No obstante, a veces ha habido excepciones y se han producido acuerdos que han significado cambios o transformaciones de gran importancia para la humanidad o para el planeta. La Cumbre de Rio de 1992 sobre Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Montreal de lucha contra el deterioro de la Capa de Ozono, o el propio Acuerdo de Kioto sobre Compromiso de Reducción de Emisiones para la lucha contra el Cambio Climático, son buenos ejemplos. Pero en cuestión climática, desde Kioto, tanto la Cumbre de Copenhague (2009) como las posteriores sobre Cambio Climático bien pueden considerarse fallidas, pese a que en aquella se decidiera crear un fondo de ayuda a los países de 100.000 millones de US$/año, a aplicar desde 2020, y en la Cumbre de Doha (2011) hubiera un compromiso de adoptar un marco legal para este fondo no más allá de 2015, cuya alimentación está actualmente en discusión.

En París se pretendía que la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP21) marcara otro hito histórico, no por la mayor inteligencia o sentido común de los líderes de los 196 países del mundo representados, sino por la constatación de que la dinámica de Cambio Climático y Calentamiento Global, demostrada científicamente por distintos organismos sin intereses económicos o de otro tipo asociados a sus investigaciones, implica graves riesgos para la población, la economía y la propia estabilidad de sus países, que exigen actuaciones y compromisos a corto plazo.

Pero poco nos puede sorprender la relativa irrelevancia de esta COP21 de París cuando en plena campaña electoral al Gobierno de España, la presencia de lo que se juega en esta COP21 y las gravísimas consecuencias que ya está teniendo y puede tener de una forma fuertemente amplificada el Calentamiento Global/Cambio Climático sobre España, en las intervenciones de los candidatos a Presidente de Gobierno o en las entrevistas y debates asociados es prácticamente nula.

¿Un Acuerdo vinculante?

En la COP de Doha se pretendía para París un acuerdo legal y vinculante en reducción de emisiones, financiación y transferencia tecnológica, que asegurara un camino progresivo hacia la descarbonización (y en cierto punto desmaterialización) de las economías del planeta, lo que significaba depositar en esta 21COP de Paris unas grandes esperanzas para la iniciación de un cambio de rumbo económico que vendría asociado a un acuerdo vinculante, que con tal carácter aparecía en el documento inicial de negociación de dicho Acuerdo de la 21COP. Aunque el pragmatismo obligado por la posición de países con emisiones mayoritarias –y particularmente EEUU- ya había hecho prever un “inteligente” cambio de dirección que ha terminado de materializarse en el último borrador de acuerdo del miércoles 9 de diciembre de 2015, donde todas las referencias a “vinculación obligatoria” desaparecen.

Ya se había previsto que frente a planes vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con medidas y actuaciones concretas que alcanzaran a la totalidad de los países del planeta, la inmensa mayoría de los Gobiernos del mundo (más de 150 planes afectando a 186 países con del orden del 90% de las emisiones globales) presentaran en París compromisos voluntarios -en la mayoría de los cuales la vinculación legal es discutible- de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), no habiéndolo hecho sólo aquellos países cuyos Gobiernos distan de la sensatez de prevenir posibles graves riesgos para su futuro, o aquellos Gobiernos para los que los intereses propios a corto plazo se ponen muy por encima de la lógica y de los intereses de sus ciudadanos a medio y largo plazo.

Se pretende todavía hoy -día 10 de diciembre de 2015- llegar a un acuerdo que se empiece a aplicar globalmente como muy tarde a partir de 2020, tanto sobre mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- principalmente, de CO2) como sobre adaptación al cambio climático y sobre el establecimiento de mecanismos de transferencia de tecnología y de financiación de políticas de adaptación y mitigación para los países menos desarrollados.

Y, como sucede en todas las Cumbres, mientras las palabras de buena voluntad o las recomendaciones tienen fácil reflejo en las respectivas resoluciones o acuerdos, los compromisos con consecuencias económicas para cada país son de mucha más difícil negociación y plasmación. Y así, no se ha conseguido todavía una hoja de ruta creíble para garantizar los 100.000 millones de dólares comprometidos en la Cumbre de Copenhague (2009) para crear un Fondo de ayuda a los países menos desarrollados, a aplicar desde 2020, situándose en poco más de la mitad de dicha cantidad los fondos por ahora comprometidos (la OCDE los estima en unos 62.000 millones/año) aunque un amplio grupo de países (incluidos China, India, Brasil o Sudáfrica, que habla en nombre del Grupo G77, que agrupa a cerca de 130 de los 196 países presentes en la Cumbre) sitúan esta cifra en cantidades muy inferiores.

Y queda por definir no sólo la cantidad sino la propia forma y naturaleza de dichos fondos: si los que deben aportarlos son sólo los “países desarrollados” considerados en la cláusula de la Convención de 1992 que hace referencia a “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, a lo que se oponen los países entonces desarrollados porque señalan que hay muchos más países desarrollados en la actualidad y que no tiene sentido que China o India, dos de los mayores emisores de GEI no colaboren activamente al proceso de reducción de emisiones, o a que, a partir de 2020 no se considere una ampliación progresiva de los países que deben ser “contribuyentes netos al proceso”; si las nuevas aportaciones a la lucha contra el cambio climático han de ser “adicionales” y no transferencias de las ya existentes en capítulos de ayuda al desarrollo o sanidad, educación, …; o si van a ser subvenciones o préstamos, etcétera. Y los intereses de unos países u otros son distintos. Los desarrollados que aportan los recursos prefieren préstamos o ayudas centradas en actividades (renovables, tecnología, etc.) que signifiquen retornos para su propio país. Los receptores menos desarrollados prefieren subvenciones que les permitan políticas autónomas, alegando que ya tienen que aceptar el contribuir a solucionar un problema creado fundamentalmente por los países desarrollados, limitando el uso de sus recursos propios como los combustibles fósiles o la madera de sus bosques.

En todo caso, hay que reconocer que los Acuerdos de París pueden llegar a marcar un hito en los logros de Naciones Unidas no ya por los resultados derivados, que desgraciadamente se vislumbran muy inferiores a los necesarios, sino por el tipo de proceso negociador introducido, que ha sabido conjugar las iniciativas de abajo-arriba (planes propuestos de reducción de emisiones y medidas contra el cambio climático de cada país, o INCD por sus siglas en inglés) con la adopción de medidas de arriba abajo (mecanismos de seguimiento y verificación, entre otros, aunque su naturaleza y características están todavía, a dos días del final de la 21COP, en discusión y “matización”) y una saludable e imprescindible atmósfera de información y trasparencia que está permitiendo un seguimiento puntual y directo de todo el proceso por parte de la sociedad civil mundial. No obstante, y en el mejor de los casos, ya ha quedado claro que la COP21 de París sólo puede llegar a un acuerdo legalmente no vinculante basado en objetivos de mitigación a su vez no vinculantes, específicos para cada país, y donde el contenido concreto del Acuerdo final todavía está sujeto a fuertes procesos de discusión.

Objetivos y compromisos globales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI)

Centrándonos en los contenidos, lo primero que hay que señalar es que, desde la perspectiva de la mitigación, la 21COP pretendía aprobar un nuevo protocolo que permitiera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40% y un 70% de aquí a 2050,y llegar a un nivel cero de emisiones de GEI a final de este siglo, para que el calentamiento global no superara los 2˚C, y lograra evitarse el Escenario más probable -con la dinámica tendencial actual- de llegar a una media de entre 3,7 y 4,8˚C de calentamiento medio global a finales del presente siglo, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para la humanidad. Porque no conviene olvidar que las emisiones de GEI crecieron en un 58% entre 1990 y 2012, y que la concentración atmosférica de CO2 ha pasado de 340 ppm, en 1980 a superar las 400 ppm en la actualidad, todo lo cual ha llevado a que el mundo presente en la actualidad una temperatura del orden de 0,75ºC más elevada que en el inicio de la Revolución Industrial.

Pero en el borrador de Acuerdo del 9 de diciembre ya hay que señalar una primera y sustancial modificación. El objetivo de unas emisiones de GEI cero para 2050 se ha “matizado” introduciendo la palabra “netas”. Es decir, se abre la puerta a seguir emitiendo y no tener así que dejar sin explotar del orden de dos terceras partes de las reservas de combustibles fósiles registradas -con su inmenso coste para las multinacionales y países que las controlan- siempre que se apliquen mecanismo que “compensen” o “neutralicen” dichas emisiones. Para que se produzca esa compensación y el saldo neto global sea nulo, los Informes del IPCC ya recogen las vías posibles: sumidero natural de los bosques, lo que exigiría revertir radicalmente los actuales procesos de deforestación; o la captura de CO2, por ahora excesivamente cara y sin resultados satisfactorios en las pruebas realizadas; o innovaciones científicas que permitan la integración del CO2 emitido en procesos industriales o de otro tipo, evitando su propagación a la atmósfera.

Una segunda matización al borrador de acuerdo, con una importante trascendencia para “propiciar” el logro del cumplimiento de los Objetivos propuestos es la matización del año a usar como nivel base para medir las reducciones de emisiones de GEI. Frente a los diferentes horizontes utilizados -1990 en Kioto; 2000, 2005 o 2010 en diferentes planes (o INDC) de los distintos países que los han presentado- se opta por el año 2010, que se caracteriza por ser un año de emisiones muy altas en países especialmente contaminantes como China o India.

En segundo lugar, el 93% del total de los países presentes, responsables de prácticamente el 100% de las emisiones emitidas, han presentado antes del inicio de la COP21 los compromisos asumidos en los planes (contribuciones nacionales, o INDC por sus siglas en inglés)que incluyen las medidas asumidas contra el cambio climático que pretenden aplicar a partir del 2020. Pero en el supuesto de que se aplicaran estrictamente estas INDC, el calentamiento global seguiría superando de forma significativa los 2ºC, marcados como el límite para evitar las más desastrosas consecuencias del cambio climático, y probablemente llegaría a superar los 3ºC.

Paradójicamente, sin cambiar los compromisos y con una referencia genérica a que estos se revisarán periódicamente cada 5 años, mejorándose en sus objetivos de emisiones “neutrales” (lo que deja entrada al mantenimiento de la explotación y consumo de combustibles fósiles si éste viene compensado por captura de CO2, ampliación de los sumideros de CO2, el comercio de bonos de emisión, o cualquier otra manera científica -geoingeniería, ingeniería climática, etc.- de evitar el efecto invernadero que provoca el calentamiento de la Tierra) se pretende que el compromiso de mitigación se lleve en el texto a limitar el calentamiento Global a 1,5ºC; y, además, que ello se produzca en el marco del “desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza”.

Bellas palabras de repercusión mediática clara para salvaguardar la “buena voluntad” de nuestros gobernantes y propagar el “éxito” de la COP21, pero irresponsables y tramposas por definir objetivos erradicando los medios que permiten su consecución. Lo cual viene claramente reflejado en el hecho de la desaparición en el borrador del 9 de diciembre del artículo 17 que pretendía conseguir emisiones cero globales de gases de efecto invernadero para el periodo 2060-2080, quedando el borrador de acuerdo finalmente reducido, por ahora, a 25 artículos.

Posiciones, compromisos e intereses de los bloques de países responsables del Calentamiento Global/Cambio Climático.

Veamos la naturaleza de los compromisos más significativos y sus previsibles consecuencias para los principales países emisores y, sinérgicamente para el conjunto del planeta. En ese sentido hay que tener en cuenta que, según la Agencia Internacional de la Energía, China fue en 2014 responsable del 27% de las emisiones de todo el planeta, siguiéndole EE UU (18%) y la UE (10%), que junto a la India (10%) y Rusia (5%)constituyen del orden del 70% del conjunto de las emisiones mundiales.

China es el actual principal emisor del mundo de GEI en cantidades absolutas, aunque se encuentra muy lejos de esa posición en las emisiones per cápita (unas 8 toneladas CO2 por persona, frente a una media mundial inferior a 6 toneladas CO2/persona). El uso energético del carbón propio (primer productor mundial de carbón en 2014) y las grandes cantidades de carbón importado son parte importante de la explicación de este comportamiento, que también está en la base de los muy elevados niveles de contaminación del aire que soportan muchas de las principales ciudades del país (la concentración de pequeñas partículas en suspensión en Pekín fue 26 veces más alta del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud)siendo una de las mayores fuentes de descontento popular en el país. Ello explica la prioridad dada a su política energética y climática, que ha llevado al Gobierno chino a invertir miles de millones de euros para limitar el uso del carbón y fomentar energías renovables -junto a la energía nuclear- con el objetivo de que las renovables lleguen a suponer hasta el 30% del total de demanda energética en 2030. Igualmente hay que destacar su inicial compromiso de financiar con 3.000 millones de dólares la lucha contra el cambio climático, equiparando su contribución a la de EE UU (factor clave en la puesta en marcha del Fondo para la lucha contra el cambio climático), el que China sea hoy la primera potencia en instalación de energía solar con una política de fuerte expansión de las renovables, y su exigencia de que el acuerdo de París obligue a los países desarrollados a “transferir tecnologías” y apoyar la investigación en los países en vías de desarrollo, ya que necesita atraer inversión privada en tecnologías bajas en carbono. Adicionalmente, China se ha comprometido a llegar como muy tarde en 2030 al máximo absoluto de sus emisiones totales de dióxido de carbono, reduciéndolas, por unidad de PIB, entre un 60% y un 65% con respecto a los niveles de 2005. Esto no significa necesariamente una bajada de emisiones en valores absolutos hasta 2030, ya que el indicador propuesto está asociado a la evolución del PIB y de la eficiencia energética de su economía (entre 2005 y 2014 ha logrado una bajada del 34% en sus emisiones por unidad de PIB, pero la cantidad de CO2 liberado ha pasado de los 6,6 millones de kilotones a los 10,5 millones, según datos de la Comisión Europea); pero, teniendo en cuenta la progresiva ralentización de la economía china y la transición hacia un modelo menos dependiente de la industria pesada, sí es probable una bajada en términos absolutos de las emisiones para este horizonte. En todo caso, China había manifestado su disposición a aceptar un pacto legalmente vinculante.

EE UU es el segundo mayor emisor del mundo y uno de los países con mayores emisiones per cápita (unas 20 toneladas CO2 por persona, más que triplicando la media mundial) pero que presenta especificidades políticas difíciles de comprender en otras partes del mundo. EEUU aceptaría la obligatoriedad de los mecanismos de revisión y evaluación del acuerdo, pero no respecto a los niveles de emisiones ya que ello exigiría la imposible aprobación del Acuerdo por el Congreso. Aun así, el partido republicano, mayoritario en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, está dominado por “negacionistas” del cambio climático, fuertemente influenciados -y financiados- por los principales lobbies asociados a las energías fósiles, que ya en su momento demostraron su poder para impedir la ratificación del Protocolo de Kioto por ese país, y el descabalgamiento de la victoria a la Presidencia de EEUU del paladín del mismo Al Gore. El Congreso actual de EEUU no ratificará nunca un tratado que suponga una obligación legal para ese país, e incluso dificulta y ha puesto en cuestión el compromiso del Presidente Obama de bajar sus emisiones en las plantas energéticas entre un 26% y un 28% en 2025 respecto a 2005. Así, puede llegar a cuestionarse, en 2016, con el nuevo Presidente del país el “Clean Power Plan” puesto en marcha por el Gobierno de Obama, que pretende reducir las emisiones de GEI de las centrales energéticas en 870 millones de toneladas para 2030, lo que equivale a una reducción del 30% respecto a los niveles de 2005. Y ello aunque de hecho ya se haya alcanzado casi la mitad de ese objetivo con la sustitución del carbón con los recursos derivados del fuerte desarrollo del fracking en el país. En todo caso, los republicanos están radicalmente en contra del programa de Obama que pretende un sistema energético híbrido que utilice los mecanismos de mercado para lograr los objetivos de reducción de emisiones, jugando las renovables un papel fundamental en el sistema. Para ello la “Environmental Protection Agency (EPA) aportará “créditos” de emisión de GEI a los estados que incrementen su eficiencia energética y generen su energía con fuentes renovables, con el objetivo de pasar del 13% de energía renovable actual, al 28% para 2030. Los “créditos” aportados podrán ser negociados entre los estados, quienes deben diseñar un plan para alcanzarlos objetivos de recorte de emisiones establecidos, y presentarlo antes de 2018. El partido republicano y las propias empresas pretenden acabar con estos mecanismos tanto política como jurídicamente.

La Unión Europea representa en su conjunto del orden del 10% de las emisiones mundiales, de las cuales del orden de la quinta parte pertenecen a Alemania, y tiene unas emisiones per cápita del orden de las chinas, superando la media mundial. Ha sido el bloque que asumió y cumplió más activamente el Protocolo de Kioto (entre 1990 y 2012, redujo sus emisiones un 17,9%) y es, nuevamente, el bloque de países que presenta propuestas más exigentes en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo de reducir sus emisiones al menos un 40% en 2030 respecto a 1990, proponiendo que la COP21 asuma un acuerdo jurídicamente vinculante, que se revise cada cinco años al alza, para lograr que la temperatura a final de siglo no aumente más de dos grados respecto a los niveles preindustriales, y preferentemente que se adopte el objetivo de 1,5ºC, que a la vez conlleve una bajada mundial de las emisiones del 50% para el 2050.Dinamarca pretende que el 100% de su consumo energético provenga de renovables en 2050, y Alemania abandonará la nuclear y reducirá hasta en un 95% sus emisiones para 2050.

India es el cuarto emisor mundial de gases de efecto invernadero (10% del total) por detrás de China, EE UU y la Unión Europea, pero tiene unas emisiones per cápita del orden de la tercera parte de la media mundial (2,4 toneladas CO2 per cápita). Su posición es la de que los países más desarrollados y contaminantes, al haber basado su crecimiento en los combustibles fósiles, deben asumir el grueso de los esfuerzos financieros que exige el proceso. Ofrece reducir sus emisiones, pero lo condiciona a recibir 195.000 millones entre 2015 y 2030 para reducir su fuerte dependencia energética del carbón, y a que no se bloquee la “transferencia tecnológica” a su país, imprescindible para el desarrollo de energías renovables y la mejora de su eficiencia energética.

Rusia es el quinto emisor de GEI, aunque sus emisiones se sitúen en cifras relativas del orden de la mitad de los anteriores (5% del total). Presenta sin embargo unas muy elevadas emisiones per cápita (16 ton CO2 per cápita) casi triplicando la media mundial. Su aportación a la mitigación se centra en una propuesta de reducir sus emisiones entre el 25 y el 30% para 2030, respecto a las emisiones producidas en 1990.

Del resto de países cabe destacar la situación de Japón como país atípico, en el sentido de que ha pasado de producir una cuarta parte de su electricidad consumida, que era de origen nuclear, a tener que sustituir ésta, tras el desastre de Fukushima, por importaciones de gas natural y de carbón, con muchas mayores emisiones de GEI, lo que le ha llevado al sexto puesto (del orden del 3% de las emisiones mundiales) en el ranking mundial de emisiones de dióxido de carbono, y a prácticamente duplicar la media per cápita de sus emisiones (10,5 ton CO2 por persona). El compromiso presentado en su INDC es el de reducir sus emisiones para 2030 en un 26% con respecto a 2013.

Brasil es el noveno emisor mundial de gases de efecto invernadero (del orden de 2,3% del total) con unas emisiones per cápita del orden de la media mundial (5 ton CO2 per cápita). Pretende reducir sus emisiones en un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2005, comprometiéndose a reforestar 12 millones de hectáreas y a restaurar 15 millones de hectáreas de pastizales degradados por las actividades agrícolas. En este sentido es importante señalar que, globalmente, la agricultura, la deforestación (cada año se pierden 12 millones de hectáreas que representan el 11% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según los cálculos de la ONU) y los usos del suelo -responsables del 24% de las emisiones globales- juegan un papel muy significativo en el Calentamiento Global. Hecho que ha llevado a que más de un centenar de los países que han presentado planes de mitigación de emisiones incluyen medidas relacionadas con los suelos, bosques y agricultura.

México es el décimo segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero (menos del 2% del total) pero tiene unas emisiones per cápita del orden de la media mundial (6 toneladas CO2 per cápita). Ha incluido compromisos para reducir la contaminación por carbono, metano, óxido de nitrógeno e hidrofluorocarburos en un 22% para el 2030, y para reducir las emisiones por carbón en un 51% en 2020, logrando una reducción total del 25% de los gases de efecto invernadero y de los contaminantes atmosféricos de corta vida. También se ha comprometido a reducir las emisiones en todos los sectores de su economía a partir de 2026, con reformas en el sector de la energía, mejoras en el sector del combustible, y la puesta en marcha de una tasa sobre los combustibles fósiles.

Un bloque de países cuya posición cabe destacar es el de los incluidos en la denominada Alianza bolivariana, cuya posición crítica al borrador de Acuerdo se basa en la fuerte diferencia de las emisiones per cápita de los países ricos frente a los pobres (denuncian que un habitante de los países ricos emite 38 veces más que uno de los pobres). Ello les lleva a proponer -intervención del Presidente de Ecuador- la creación de una “corte internacional de justicia ambiental” que tenga en cuenta que existe una “deuda ecológica en los países desarrollados que debe pagarse y que, sobre todo, no debe ir aumentando”; destaca que “el crecimiento económico ilimitado es imposible” y que las tecnologías que ayuden a evitar el cambio climático deberían ser declaradas “bienes públicos globales”, es decir, ser de libre acceso. Adicionalmente, algunos de los países incluidos en este bloque, como Venezuela o Nicaragua, no han presentado compromisos de reducción de emisiones antes de la cumbre, y otros, como Argentina, defienden posiciones contrarias a restricciones en nuevos recursos derivados del fracking.

Tampoco países como Arabia Saudí, con claros intereses en las energías fósiles, han presentado propuestas de mitigación y, aunque han acudido a la COP21, mantienen una postura fuertemente condicionante del texto del Acuerdo, exigiendo que éste no incluyera restricciones drásticas al uso de las energías fósiles. Finalmente han logrado hacer prevalecer sus intereses de que desaparecieran objetivos de limitación del uso de los combustibles fósiles por la vía de introducir el concepto de “emisiones neutrales” (pueden usarse combustibles fósiles si se captura el suficiente gas invernadero o se gestionan otras vías de compensación -como comercio de bonos de emisión- para que el balance entre emitido y atrapado/abonado sea cero en cada país). Entienden la “neutralidad energética” partiendo del hecho de que “ninguna fuente de energía es buena o mala por sí misma” y que hay cada día más tecnologías e innovaciones que permiten que las fuentes de energía contaminantes no influyan en el balance de emisiones de GEI. Consideran, además, que existen mecanismos de mercado que partiendo de la situación actual y a través de la compra/ventas de emisiones, permiten obtener los objetivos buscados de una forma coherente sin cuestionar ningún tipo de energía.

Desde una perspectiva muy distinta, los 43 países que se consideran más vulnerables ante el Calentamiento Global (Filipinas, Maldivas, Costa Rica, Kenia,…) presentaron una declaración en la que pedían que el Acuerdo bajara la meta de dos grados a la de 1,5ºC como objetivo de reducción del Calentamiento Global para 2100, para evitar que algunas islas lleguen a desaparecer por el aumento del nivel del mar. Objetivo asumido por la UE y más de un centenar de países, incluidos los países insulares más vulnerables, y que ha sido finalmente aceptado, aunque incoherentemente ante el resto de cambios introducidos en el borrador de acuerdo, propiciados por, entre otros, Arabia Saudí, Venezuela, Argentina. Países que han aceptado el nuevo objetivo con la condición de que quedaran a salvo sus industrias extractivas y se quitaran las referencias a la descarbonización y al final de la extracción de combustibles fósiles, así como a que no se haga diferencia entre energías “sucias” y energías “limpias” en el acuerdo final.

Arabia Saudí (principal productor y exportador de petróleo del mundo) ha estado al frente de este grupo de países ligados a la defensa de los combustibles fósiles, acogiendo la posición de Venezuela, Argentina (nueva potencia de la extracción de gas y petróleo mediante el fracking, al ser el segundo país del mundo en cuanto a bolsas de esquisto), Sudáfrica, Australia (decimoquinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y uno de los principales exportadores de carbón a países como China o India) o también Polonia (importante productor de carbón, cuya postura está teóricamente subsumida en la voz unitaria de la Unión Europea.

Algunas conclusiones finales al día de hoy.

Se han escuchado bellos discursos en la inauguración de la COP21 de París. El Presidente de Francia señaló que el desafío era “pasar de la globalización de la competencia a la de la cooperación”; El Presidente de China reivindicó esta conferencia como “el punto de partida de una gobernanza global” para “forjar un futuro de cooperación en el que cada país aporte en función de sus capacidades”. Obama hizo loas a su compromiso con el futuro, etc., etc., etc. Pero detrás de estos mismos líderes mundiales están miles de millones en ayudas al petróleo y al carbón (la inyección económica destinada a estos sectores llegó a 515.000 millones de euros en 2013, según el FMI, multiplicando por 4,5 veces lo que se destina a energías renovables) que dejan en evidencia sus discursos en la Cumbre del Clima; y el apoyo final a un acuerdo para la COP21 de París muy lejano a lo que el mundo necesita.

Naciones Unidas defiende una visión optimista del futuro basada en que ningún país quiere exponerse a que públicamente se le identifique como incumplidor, por lo que, para 2025-2030 muchos Estados habrán ido mucho más allá de las propuestas ahora presentadas, que ya suponen una foto fija que permitiría limitar el Calentamiento Global a unos 3ºC para el 2100, cifra que se espera reducir hasta los 2ºC (o mejor hasta los 1,5ºC) con la prevista revisión de los objetivos de cada país cada cinco años. Y se destacan acuerdos como el alcanzado por el presidente Obama con 81 grandes empresas multinacionales de Estados Unidos, con más de nueve millones de empleados, por el que se comprometen a adoptar medidas concretas para reducir sus emisiones. Aunque hay que precisar que entre ellas no están las multinacionales de las energías fósiles.

Por el contrario, en el campo científico es evidente que sólo un cambio en el modelo de producción y de consumo, que propicie una descarbonización y desmaterialización de la sociedad, puede permitir mantener el calentamiento global por debajo de dos grados centígrados, evitando la tendencia actual hacia que en 2038 se haya alcanzado el nivel de concentración de 450 ppm de CO2 equivalente en la atmósfera, haciendo probabilísticamente imposible que no se rebasen los 2ºC de calentamiento medio global. Y no conviene olvidar que lo que realmente señala la comunidad científica es que 2°C de calentamiento es la frontera entre un cambio climático de consecuencias peligrosas probables, y un cambio climático de consecuencias probables muy peligrosas o, incluso, posiblemente catastróficas para una gran parte de la humanidad. No se trata sólo de riesgos asociados al incremento y la intensidad de fenómenos meteorológicos catastróficos, tales como olas de calor, tifones, huracanes, incendios y sequías, sino a que la concentración de estos fenómenos en partes frágiles del planeta dan lugar a hambrunas y a conflictos que propician migraciones masivas de población, como la acontecida recientemente en Siria.

Este cambio de modelo no es imposible y está adecuadamente descrito en la Hoja de Ruta de la Unión Europea hacia una economía descarbonizada para 2050, que muestra la necesidad de cambios estructurales en el consumo y la inversión, en el urbanismo y ordenación del territorio, en la protección de nuestros bosques y ecosistemas, y, en paralelo, en reducir drásticamente el consumo y dependencia de los combustibles fósiles, haciendo desaparecer cualquier tipo de subvención a la extracción, transformación o consumo de los mismos.

Pero lo cierto es que, al día de hoy y de forma difícilmente reversible, el Acuerdo de la COP21 de París no contempla objetivos vinculantes de reducción de emisiones regulados legalmente ni sancionables, sino que recoge compromisos voluntarios de los países para reducir sus emisiones en distinta medida y con distinto niveles de autocontrol jurídico; y sólo muy excepcionalmente con sanciones autorreguladas asociadas a su incumplimiento. Estamos, por lo tanto, ante un anuncio de voluntades y no ante una regulación confiable en lo que se refiere a las emisiones previstas.

Sin embargo, ya existe el que será el gran avance mediático del éxito de la COP21 de París: el compromiso –no vinculante- de llevar la reducción del Calentamiento Global a 1,5ºC para el 2100, mejorando la marca establecida de los 2ºC de la COP de Copenhague. Un gran avance que se consigue a costa de renunciar al compromiso de descarbonización y sustitución del uso de combustibles fósiles para contentar al grupo de países ligados a este tipo de energías (Arabia Saudí, Venezuela, Polonia, Sudáfrica, Argentina,…), acabando con la posibilidad de una Hoja de Ruta sensata de lucha real contra los graves riesgos que implica un Calentamiento Global, que en absoluto queda controlado con los Acuerdos que se vislumbran al día de hoy en París. Hoja de Ruta que necesariamente debería haber tenido en cuenta:

  • Medidas urgentes para evitar que se llegue a activar la realimentación de procesos confluentes al Calentamiento Global que puedan llevar a incrementos de 4-6ºC del mismo sobre la situación actual.
  • Desmaterialización económica promoviendo la productividad y eficiencia en el uso de los recursos, la economía verde descarbonizada y la economía circular.
  • Financiación y políticas que aseguren mantener inutilizadas en su origen dos tercios de las reservas de combustibles fósiles registradas: un tercio de las reservas de petróleo del planeta, la mitad de las de gas y el 80% de las de carbón.
  • Transición energética hacia un modelo basado en las renovables, que deben ser crecientemente eficientes también en términos energéticos.
  • Frenar la pérdida de biodiversidad, el desequilibrio de los ecosistemas, y con ello la pérdida de funciones eco-sistémicas de las que dependemos y que están directamente asociadas a los equilibrios climáticos.