LOS TRABAJADORES POBRES Y LA PRECARIEDAD VITAL

Los trabajadores pobres, llamados en la bibliografía especializada anglosajona  woorking poor o in-work poverty son personas ocupadas, tanto asalariadas como trabajadores por cuenta propia durante al menos siete meses en el año previo a la realización de una encuesta específica y que pertenecen a hogares cuya renta anual disponible se sitúa por debajo del 60% de la mediana de ingresos de su país (nuestra referencia es la Encuesta de Condiciones de Vida del INE).

Analizar el fenómeno de los trabajadores pobres, exige considerar diversos elementos, que explican las diferentes situaciones de pobreza. Deben valorarse cuatro grupo de factores, los relacionados con los diversos perfiles sociales que coexisten, vinculados a las posiciones sociales de los individuos en un mercado laboral segmentado como es el español; en segundo lugar hay que valorar las circunstancias específicas de los hogares, especialmente la de aquellos afectados por el desempleo y, por último, considerar el papel de las transferencias y derechos sociales, que son los que salvaguardan el bienestar social y un justo reparto de la renta y la riqueza. Tal y como se presenten estos factores dan lugar a  situaciones laborales, personales y sociales de mayor o menor precariedad.

La precariedad del mercado laboral español es notoria, de hecho el 13% de los trabajadores perciben una renta inferior al umbral de la pobreza (710 euros al mes), tan solo superados, según Eurostat, por Rumanía y Grecia (que están reduciéndolo en los últimos años). No sucede lo mismo con nuestro país, en donde hemos pasado del 10,5% de trabajadores pobres en 2013, al 13,1 en 2015.

Especialmente involucrados se encuentran los que tienen contratos a tiempo parcial (24,3%), con una tendencia creciente en la última década, así las cosas mientras que en 2007 uno de cada seis contratos tenía una duración igual o inferior a una semana, actualmente esta proporción es de uno a cuatro. Según datos de la OCDE entre las mujeres este indicador alcanzó entre los años 2013-2014 al 15,4%, mientras que entre los varones ascendió al 5%. Se constata, a pesar de la reducción de las tasas de desempleo que están teniendo lugar desde el año 2013, que el empleo que se está creando es de pésima calidad y es un problema particularmente grave para las nuevas generaciones y las mujeres.

El porcentaje de trabajadores pobres entre los 18 y 24 años se ha elevado noblemente desde el 7,5% en 2007 al 24,7% en 2015 y, por otro lado, hay 1,2 millones de mujeres empleadas que ganan menos de 710 euros al mes (400.000 varones). Los sectores ocupacionales en donde se constata una mayor vulneración de derechos laborales son la hostelería, la construcción y la limpieza de hogares.

Destacar que las dificultades a las que se enfrentan las familias de bajos recursos dependen asimismo de su lugar de residencia, ya que las ayudas que reciben por parte de las Comunidades Autónomas varían sustancialmente, por poner un ejemplo, si en el País Vasco la renta mínima de inserción asciende a 665 euros, en Murcia es de 300.

Lo anterior lleva de sí, que la desigualdad se esté agudizando y que haya empeorado el Ìndice de Justicia Social (IJS) desde 2008, que elabora anualmente la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, y que lo obtiene a partir de seis indicadores: prevención de la pobreza, educación equitativa, acceso al mercado laboral, cohesión social y no discriminación, salud y justicia intergeneracional. (http://www.rtve.es/contenidos/documentos/EU_Social_Justice_Index_2017.pdf)

España presenta sus peores datos en el acceso al mercado de trabajo -es el país en donde se detecta un mayor deterioro desde el comienzo de la crisis-, respecto a la educación equitativa ostentamos las tasas más altas de abandono escolar, por detrás de Malta, y tras Grecia y aparecemos como el segundo país con mayor degradación en prevención de la pobreza.

En su conjunto, nos situamos en el puesto 24 de la lista general (28 puestos por debajo del lugar que ocupaba en 2008 y tan solo por encima de Italia, Bulgaria, Rumanía y Grecia), como resultado de combinar la posición 21 en prevención de la pobreza y en justicia intergeneracional, el 23 en educación equitativa y el 27 en acceso al mercado laboral. Respecto a la educación es llamativo el elevado porcentaje de población que  no dispone de estudios secundarios (41,7%), tan sólo nos superan Malta y Portugal (con una tendencia a la baja desde el año 2008, a diferencia del caso español, en donde ha disminuido menos de 8 puntos para ese mismo periodo).

Los datos anteriores se compensan por el puesto 16 en cohesión social y no discriminación y, particularmente, por la posición 12 que ostentamos en atención sanitaria, a pesar del deterioro que se ha dejado sentir debido a las medidas de austeridad y recortes en este ámbito.

Según se concluye en este trabajo de la fundación Bertelsmann Stiftung, nuestro mayor reto es mejorar el acceso al mercado laboral, pero también dar una solución a las elevadas tasas de paro juvenil (44,4%), a las de desempleo (19,7%) y las de los parados de larga duración (9,5%). Recordemos asimismo que la tasa de ocupación en España asciende al 59,5%, no habiéndose recuperado el nivel de empleo previo al año 2008. Además, subraya otro dato: que el porcentaje de españoles que trabajan con contratos temporales es del 91,4%, el segundo más alto dentro de la Europa de los 28,  tan sólo superados por Chipre. En lo que aparecemos bien posicionados es en la clasificación de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza.

Varias son las circunstancias que denuncian los autores del informe, por un lado que “el impacto combinado de las dificultades económicas (crecientes tasas de paro junto a recortes en salarios y beneficios) y las medidas de austeridad (que han afectado a sanidad, educación, servicios sociales y programas de apoyo a discapacitados) ha exacerbado la marginalización” y por otro que “El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del período 2013-2016 ha sido claramente insuficiente y las organizaciones sociales privadas han sido incapaces de cubrir ese hueco de prestación de servicios”.

Así las cosas, es imprescindible revertir la situación, y hacer del trabajo decente una apuesta firme de futuro. Hay que potenciar una economía que genere puestos de trabajo de calidad y un sistema social que garantice los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Promover el diálogo social es clave, puesta la mirada en que en nuestro país todos podamos disfrutar de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena en una sociedad avanzada como la nuestra. De no hacerlo seguiremos conduciendo a un número cada vez mayor de ciudadanos a instalarse en un precariedad vital irremediable, que afecta todas las dimensiones de su ser y les arroja a la nada.