LOS SINDICATOS TAMBIÉN SE EXAMINAN

LOS SINDICATOS TAMBIÉN SE EXAMINAN

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En el pasado mes de mayo han concluido los congresos ordinarios previstos en los Estatutos de UGT -después de la celebración de su 42ª Congreso Confederal en el mes de marzo-, que han cerrado la dilatada etapa de Cándido Méndez como Secretario General y han significado una profunda renovación de los órganos de dirección del histórico sindicato, que cumple 128 años en el presente año. Los congresos celebrados han culminado además un complejo proceso de racionalización y simplificación de las estructuras sectoriales y territoriales y han aprobado medidas encaminadas a reducir los elevados gastos de la organización, agravados por el desplome de los ingresos como consecuencia de la gestión de la crisis (desempleo y precariedad), la política anti sindical del Gobierno y la caída de afiliación, entre otras razones.

En todo caso, los congresos de UGT han abierto una nueva etapa donde la autocritica y los debates sobre el futuro del movimiento sindical serán sin duda relevantes (también para CCOO). En este sentido es previsible que asistamos a una evolución de los sindicatos, que pueden pasar de una posición defensiva ante la crisis, encaminada a limitar daños y muy proclive a llegar a grandes acuerdos (sostenibilidad de las pensiones y moderación salarial), a una posición más de combate y exigente ante una gestión de la crisis de marcado carácter neoliberal, que ha generado una mayor desigualdad, más pobreza y más exclusión social; a lo que hay que sumar los grandes destrozos causados en el mercado laboral por las últimas reformas laborales (desempleo, precariedad, desplome de la prestación por desempleo y de los ingresos de la Seguridad Social…). A todo ello ha contribuido una clase empresarial subvencionada (dopada) y beneficiada por la transferencia de rentas del trabajo al capital que, además, ha convivido con la corrupción (complicidad) y efectuado, más de una vez, prácticas y declaraciones intolerables -al margen de la responsabilidad social-, aprovechándose de la crisis. En estas circunstancias, las fuertes movilizaciones en Francia (escalonadas y en sectores) están alcanzando un significado especial para los sindicatos en España, sobre todo si tenemos en cuenta que la reforma laboral de Hollande se ha inspirado en la fracasada (para el empleo) reforma laboral de Rajoy.

El denominador común de todos los congresos ha sido la necesidad de priorizar, en el desarrollo de la acción sindical, la creación de empleo (plan de choque) y, en particular, responder a los jóvenes y a los mayores de 45 años sin empleo, muchos de ellos sin cobertura social y sin expectativas claras de encontrar un puesto de trabajo en los próximos años. Ello exige, además, apostar por un proyecto a medio y largo plazo donde prevalezca una economía dinámica y más competitiva, el cambio de modelo productivo, modernizar el sector servicios, industrializar el país, apostar por la innovación y la cualificación profesional, explorar nuevos yacimientos de empleo y reformar en profundidad las oficinas públicas de empleo, entre otras medidas.

En segundo lugar, la UGT apuesta por consolidar la protección social: desempleo, pensiones, dependencia y prestación de ingresos mínimos. En cuanto a la prestación por desempleo (sólo cubre al 53,2%) se apuesta por eliminar las medidas regresivas impuestas por Rajoy, que han propiciado el desplome de la prestación por desempleo (más de 20 puntos), con el propósito de recuperar los porcentajes de cobertura anteriores a la crisis. En relación a las pensiones, los sindicatos exigen recuperar el Pacto de Toledo para garantizar la participación y el protagonismo de los interlocutores sociales, con la pretensión de frenar el déficit actual de la Seguridad Social, el profundo deterioro del Fondo de Reserva, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y, a más largo plazo, hacer sostenible el Sistema a través de la mejora de los ingresos por cotizaciones y, si es necesario, abordar a fondo las diversas alternativas fiscales que se están proponiendo en estos momentos para que el Estado intervenga en esta materia. En cuanto al grave y reiterado problema de la dependencia, los sindicatos exigen eliminar las medidas regresivas de la pasada legislatura que han dejado inoperante, en la práctica, la actual Ley de Dependencia. Por último, la prestación de ingresos mínimos (426 euros) representa una novedosa alternativa social llamada a cubrir las necesidades más elementales de los más desfavorecidos por la crisis y de los que llevan mucho tiempo buscando un empleo.

En los congresos, la UGT ha sido particularmente exigente en recuperar la financiación de los servicios públicos básicos para la ciudadanía (educación, sanidad y servicios sociales), donde intervienen el Estado y las Comunidades Autónomas. Dando por hecho que los servicios públicos son el soporte básico del Estado de Bienestar Social y que por ello deben blindarse en nuestra Constitución.

Una política de estas características obliga a emprender una profunda reforma fiscal, que aumente los ingresos públicos y respete la justicia, la solidaridad, la eficiencia y la progresividad. Para responder a estos principios, las grandes fortunas y los altos ingresos (impuesto al patrimonio y del marginal del IRPF), además de las grandes empresas (impuesto de sociedades), deben de pagar… y pagar más. La recaudación de los ingresos fiscales debe aspirar a situarse en la media de la eurozona (8 puntos más del PIB) y la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida deben estar presididas por las prácticas existentes en los países más avanzados de la UE, que cuentan con mayores plantillas (y más apoyo técnico) dedicadas a la inspección fiscal. Al margen de apoyar a fondo la formalización de la Unión Fiscal a nivel europeo y la erradicación de los privilegios y de los paraísos fiscales, entre otras medidas.

Estas exigencias sindicales requieren mejorar la relación de fuerzas de los sindicatos, para lo que será necesario trabajar a fondo por fortalecer su presencia en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y recuperar el prestigio y la eficacia de la acción sindical a todos los niveles. Esto obliga a los sindicatos a estudiar cómo fomentar la afiliación y su representatividad en los centros de trabajo, además de establecer medidas que conecten con los trabajadores de las pequeñas empresas, así como con los colectivos que tienen muy poca relación con el movimiento sindical en la actualidad: parados, precarios, jóvenes, mujeres, autónomos, técnicos y cuadros, inmigrantes y, en todo caso, con el subproletariado. De la misma manera, hay que impulsar la participación y garantizar la democracia interna en la toma de decisiones, lo que acrecentará la capacidad de movilización de los sindicatos. Particularmente hay que abordar la racionalización de gastos (mancomunando, por ejemplo, los servicios que presta el sindicato) y la financiación de los sindicatos, al margen de los ingresos derivados de la cuota sindical. Debemos recordar que los sindicatos defienden a todos los trabajadores, a través de la negociación colectiva, sin recibir nada a cambio de los trabajadores no afiliados. Esta lamentable discriminación entre los afiliados y los no afiliados (reciben las mismas prestaciones que los afiliados) debe ser superada a través de fórmulas compensatorias, que cubran los gastos derivados de la negociación colectiva, sin que ello signifique que los sindicatos tengan que renunciar a la eficacia general de los convenios, como proponen algunos expertos socio laborales.

Por otra parte, los sindicatos deben debatir sobre tres asuntos controvertidos a la hora de desarrollar su acción sindical: la negociación colectiva, la presencia institucional y la participación en la formación sindical. La negociación colectiva es el nudo gordiano de la acción sindical en los centros de trabajo y, en concreto, los convenios sectoriales son los que garantizan la defensa de los intereses de los trabajadores más débiles, ubicados, en general, en las empresas más pequeñas (con muy poca presencia sindical) y, por lo tanto, a expensas del convenio de sector (articulado hacia abajo), que regula sus condiciones de trabajo y sus salarios. Esto debe obligar a los sindicatos a organizarse de tal manera que puedan relacionarse fácilmente con este tipo empresas, a través de sus delegados sindicales, lo que aumentará la cobertura de la negociación colectiva y reafirmará la centralidad del trabajo en la sociedad en que vivimos, porque no estamos ante el fin de la sociedad del trabajo como manifiesta el profesor Juan José Castillo: “ni siquiera ante una cesión del papel del valor trabajo; trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo al fin”.

En cuanto a la presencia institucional, los sindicatos deben revisar la eficacia de su participación en las instituciones del Estado (Inem, Inss, Imserso, Insalud…). Es hora de preguntarse qué se ha conseguido en esta materia, al margen de recibir una pequeña aportación económica… En todo caso, se deben revisar los objetivos pensando en los intereses de los trabajadores, única manera de justificar plenamente la presencia sindical en estas instituciones.

El último punto, en este apartado, se refiere a la formación sindical y a la necesidad de incrementar la misma en el interior del sindicato (delegados y cuadros sindicales). De entrada, hay que implementar la formación sobre los fundamentos históricos y organizativos del movimiento obrero, su estrategia sindical y el conocimiento de los instrumentos de que dispone el sindicato para el desarrollo de su acción sindical en la nueva y cambiante etapa digital. Ello no significa que los sindicatos no participen de alguna manera en los planes relacionados con la formación profesional, a pesar de algunos escándalos intolerables y de que se hayan utilizado los cursos de formación como un procedimiento más de financiación de las estructuras sindicales.

Dos últimos asuntos se han abordado en profundidad en los comentados congresos de UGT: la unidad de acción sindical y la autonomía sindical. La unidad de acción sindical, sin lugar a dudas, es un logro estratégico a preservar; sin embargo, no es incompatible con el mantenimiento de prácticas sindicales diferenciadas en base a la historia, la cultura y los usos y costumbres de cada organización. Esta política de reafirmación autónoma de cada sindicato será más fácil en la nueva etapa que comienza si nos atenemos a las declaraciones del Secretario General de UGT (Pepe Álvarez) y a las impresiones recogidas de los delegados asistentes a los diversos congresos. Sobre la autonomía sindical también caben prácticas e imágenes distintas de lo acontecido en el pasado. Ya no es posible que prospere la relación privilegiada con un partido político determinado; pero sí, en cambio, con las ideas progresistas, ante la nueva realidad de unos partidos políticos de izquierda (interclasistas) en busca del centro político.

Estas consideraciones, más o menos compartidas, se realizan en un proceso electoral muy condicionado por el fallido debate de investidura. En coherencia con ello, si bien los sindicatos no apoyan a partidos concretos, sí apoyan, en cambio, ideas y propuestas políticas que recojan las reivindicaciones sindicales. Por ejemplo, no es lo mismo que un partido político proponga derogar las reformas laborales, que modificarlas o mantenerlas. En cualquier caso, los sindicatos defienden sus reivindicaciones con mayor comodidad y eficacia en función de qué formación política esté en el Gobierno. Por eso, la participación y el voto siguen siendo muy importantes -a pesar del malestar creciente de la ciudadanía y del previsible aumento de la abstención que, según todos los expertos, beneficiará más a las opciones más conservadoras-, para que, en definitiva, se impongan las formaciones progresistas y se tengan en cuenta (por el nuevo Gobierno) las reivindicaciones de los trabajadores.