LOS PRESUPUESTOS SON PARA LAS PERSONAS, NO PARA LOS TERRITORIOS

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno socialista ha presentado en el Parlamento es objetivamente el mejor plan presupuestario de la última década, y lo es claramente desde la perspectiva de los derechos de los españoles y las españolas.

El propósito fundamental de este proyecto es el de corregir las injusticias y revertir los recortes que han castigado duramente a las clases medias y trabajadoras durante los siete años de gobierno de la derecha. Se trata de lograr un crecimiento económico justo, que reparta los beneficios de una manera más justa y equitativa.

Se trata de reducir las gravísimas brechas de desigualdad que se han abierto en este tiempo entre capital y trabajo, entre ocupados y parados, entre grandes asalariados y trabajadores pobres, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre la ciudad y el campo… Y se trata también de reconstruir buena parte del Estado de Bienestar demolido por las políticas desigualitarias y privatizadoras del PP.

Sin embargo, una parte importante de los actores políticos y mediáticos de la derecha están pervirtiendo tramposamente el debate en torno a los presupuestos para 2019. La trampa deliberada consiste en llevar a cabo una valoración del proyecto circunscrita al capítulo de las inversiones territorializadas, ignorando el grueso del presupuesto, y muy especialmente todos los beneficios sociales que incluye.

Para hacernos una idea de la magnitud de la perversión, baste recordar que el conjunto de la inversión territorializada suma cerca de 17.000 millones de euros, mientras que el total del presupuesto de gasto se aproxima a los 350.000 millones. Tal realidad no obsta para que algunos altavoces de la derecha política y mediática declaren y titulen falsamente sobre los presupuestos en términos de “maltrato”, “agravio”, “desprecio” o “castigo”.

Es decir, a la hora de valorar los presupuestos, estos portavoces de la derecha ignoran dolosamente todos los capítulos relativos al aumento del gasto social y a la ampliación de los derechos de las personas, para criticar el supuesto agravio comparativo entre territorios en las inversiones sobre infraestructuras. Aún más claro: pretenden ocultar los beneficios que estos presupuestos traerán para la ciudadanía, mediante la comparación sobre el número de traviesas o las toneladas de hormigón que se invertirá en cada comunidad, provincia o localidad.

En el paroxismo del absurdo, durante estos días hemos podido escuchar a una portavoz que “los presupuestos son buenos para los gallegos, pero malos para Galicia”. ¿Cómo puede ser esto? Si los presupuestos son buenos, que lo son, para los asalariados, para los pensionistas, para los parados de más de 52 años, para los dependientes, para sus cuidadores, para los becarios, para los investigadores, para los funcionarios públicos, para quienes buscan vivienda, para quienes viven de la cultura, para los jóvenes, para los mayores, para los niños y para las mujeres, definitivamente estos presupuestos son buenos para los españoles y para las españolas. Y son buenos en todos los territorios, independientemente de cuántas rotondas más tendrá nuestro vecino a lo largo de este año.

Los presupuestos para 2019 son buenos para España porque aumentan las pensiones por encima del IPC para todos los pensionistas, y un 3% para quienes perciben las mínimas, y un 7% para las viudas; porque elimina el copago farmacéutico a quienes ingresan menos de 11.200 euros al año; porque aumenta un 60% el gasto en prestaciones para las personas dependientes; porque incrementa un 41% el gasto en vivienda social; porque invierte 80 millones en el bono social térmico; porque 114.000 parados mayores de 52 años recuperan el subsidio vital; porque los funcionarios comienzan a recuperar el poder adquisitivo perdido; porque se incrementa en 20 millones hasta los 220 millones la financiación del pacto contra la violencia de género…

Y además aumenta la inversión en infraestructuras en más de un 40%, distribuyendo territorial y temporalmente los esfuerzos allí donde mejor convienen al interés general. Sabiendo, como hemos de saber, que el interés general pasa porque unos años la inversión en ferrocarril, en carreteras, en puertos o en aeropuertos ha de aumentar más en unos territorios, para hacerlo en mayor medida en otros territorios durante los ejercicios siguientes, porque esa es la lógica de la planificación y la ejecución plurianual de las grandes infraestructuras. Cuando invertimos en una línea ferroviaria, la inversión crece aquí el año que la construcción pasa por nuestro territorio, y decrece el año que se construye en el territorio de al lado.

Los altavoces de la derecha repiten machaconamente un agravio tan falso como malintencionado: el que compara a cada territorio con Cataluña. “Se premia al separatismo” o “Lluvia de millones para los golpistas”, se dice. Solo que es falso, e irresponsable. Es falso porque los “millones” llegan a Cataluña para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, que son españoles y españolas con los mismos derechos que los demás. Es mentira porque la inversión territorializada que se plantea para Cataluña responde a una obligación legal, la que aparece en el Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes españolas. Es una falacia, porque la inversión per cápita que llegará a Cataluña (269 euros) apenas supera la media española (261 euros). Y es una irresponsabilidad, porque generando rencor hacia Cataluña nunca superaremos la crisis territorial que arrastramos desde hace demasiado tiempo.

La derecha madrileña se ha empleado duramente en esta estrategia deliberadamente tramposa. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha hablado de “desprecio” a Madrid. El portavoz Osorio ha aludido al viejo mantra del “cero Zapatero”. La consejera Rosalía Gonzalo llega incluso calificar este presupuesto como un “insulto a los madrileños”. Si han pronunciado estas palabras sin leer los presupuestos son poco responsables, y si lo han hecho tras leerlos, son unos manipuladores.

Porque más allá de la realidad de los millones de madrileños pensionistas, asalariados, funcionarios, parados, dependientes, investigadores, becarios, jóvenes y mujeres, que se beneficiarán en la Comunidad de Madrid de estos presupuestos eminentemente sociales, la inversión territorializada para 2019 en esta región se mantiene constante en valores absolutos respecto a 2018, y supera en cerca de 200 millones de euros la media de la inversión que los Gobiernos del PP destinaron en el periodo 2012-2018.

En definitiva, valoremos estos presupuestos justos con justicia. O, al menos, sin trampas ni mentiras.