LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO-2018: ELECTORALISTAS Y TRAMPOSOS

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO-2018: ELECTORALISTAS Y TRAMPOSOS

El gobierno ha presentado por fin los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -2018 en el parlamento sin haber alcanzado, por el momento, los apoyos necesarios, a pesar del acuerdo suscrito entre el PP y  Ciudadanos. Se trata de unos presupuestos continuistas y claramente electoralistas (y, por lo tanto, de marcado carácter ideológico), que tienen la pretensión  de apuntalar las políticas neoliberales que viene defendiendo desde hace años la derecha en nuestro país (PP-Ciudadanos).

Como destaca UGT, los PGE-2018 insisten en hacer recaer de nuevo el peso del ajuste del déficit en el control del gasto -lo que impide una dimensión adecuada de nuestra  protección social-, mientras el sistema tributario se distingue por sus serias carencias y agujeros que impiden que la recaudación sea la necesaria. Por eso llama mucho la atención que el capítulo de ingresos no contemple ningún Plan encaminado a establecer un marco recaudatorio más potente, equitativo y eficaz (una reforma fiscal integral), que grave en mayor medida los beneficios empresariales, las rentas de nivel alto y elimine desgravaciones que no cumplen con el fin propuesto; el propósito de este Plan sería aumentar los ingresos públicos de una manera más justa y sostenible. Los PGE-2018 tampoco contemplan medidas encaminadas a erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida (dimensionar la inspección fiscal). Eso explica, sobre todo, que en España se recaude 7 puntos del PIB menos que la media europea (en torno a 70.000 millones de euros).

La conclusión de esta raquítica política de ingresos fiscales es que el gobierno mantiene su apuesta por un crecimiento competitivo basado en la precariedad, los bajos salarios y una baja protección social. Lo que significa seguir fortaleciendo a las empresas a través de bonificaciones y subvenciones fiscales y, como consecuencia, en seguir  consolidando la transferencia de rentas del trabajo al capital. Por si esto fuera poco, los PGE-2018 contemplan un mayor aumento de los impuestos indirectos (pagan todos lo mismo al margen de sus ingresos: IVA, impuestos especiales, locales, transmisiones patrimoniales…) sobre los directos (pagan por lo que ingresan: IRPF, Sociedades, patrimonio, sucesiones…), con lo que eso significa de negativo (nula progresividad) en la necesaria redistribución de los beneficios que genera nuestro crecimiento económico.

Efectivamente, los PGE-2018 contemplan una recaudación de 71.575 millones de euros por IVA (un 30% más que el proyectado en 2014: 54.849 millones de euros), lo que supone aumentar su peso en el total de los ingresos tributarios en un 3% hasta alcanzar el 34%. Por el contrario, el impuesto de Sociedades, en una fase de crecimiento económico, mantiene su escasa capacidad recaudatoria (ingeniería fiscal): queda congelado en solamente el 12% sobre el total de los ingresos en el mismo periodo (2014-2018). Por su parte, el IRPF (impuesto directo) aporta el 39% de los ingresos tributarios en los PGE-2018, estimado en 82.056 millones de euros, pero se ve sometido a los intereses del gobierno y del partido (PP), como ha ocurrido recientemente con el acuerdo entre el gobierno y Ciudadanos, conducentes a reducir el IRPF como sucedáneo de mejoras en las rentas y en el gasto, para intentar frenar las movilizaciones de los pensionistas y como reclamo electoral, a la vista de las malas perspectivas electorales que reflejan las encuestas para el PP. Esta reducción tendrá un impacto negativo de 2.000 millones de euros que se compadece mal con las exigencias de ajuste del actual déficit público (la previsión es que baje del 3,07% al 2,2% del PIB en el presente año: 10.000 millones de euros) y la elevada cuantía de la deuda pública (el 97,6% del PIB para este año).

En relación a los capítulos de gasto, los presupuestos no resuelven el problema pendiente de la financiación de las CCAA, ni apoyan las políticas activas de empleo, ni tampoco las medidas relacionadas con el cambio de nuestro modelo productivo y mucho menos la necesaria implementación de una política industrial basada en la innovación, la investigación, la cualificación profesional y el respeto al medio ambiente. Al margen de la escasa dotación de los PGE-2.018 a los servicios públicos, las infraestructuras y la inversión productiva, es relevante que el capítulo del gasto público no contemple ningún esfuerzo por fomentar el gasto social como antídoto al aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social.

Por eso, los sindicatos y, más en concreto la UGT, insisten en que, además de aumentar (de manera insuficiente) las retribuciones de los empleados públicos y el SMI, los PGE-2018 deben empezar a corregir el déficit de la Seguridad Social (SS). En coherencia con ello plantean eliminar las subvenciones a la contratación laboral de las empresas a cargo de la SS; financiar los gastos generales de administración de la SS desde los PGE (como el resto de los ministerios); y destopar las bases de cotización. Estas tres medidas permitirían ahorrar al fisco hasta 15.000 millones de euros. Sin olvidar el posible recurso final a los impuestos, si fuera necesario; un asunto de capital importancia que debería ser consensuado entre los partidos políticos, sindicatos y empresarios en el Pacto de Toledo, deliberadamente desactivado  por el gobierno.

Estas medidas deben complementarse con el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los pensionistas, la eliminación del copago farmacéutico y la recuperación e inclusión de los medicamentos sacados del Sistema. Por eso resulta indigna, ridícula e interesada la rebaja del IRPF (entre 17,8 y 32,1 euros al mes, según el tipo de prestación que reciban los pensionistas con ingresos más bajos). Otros asuntos de vital importancia relacionados con la protección social se refieren a la cobertura de desempleo que deja fuera del sistema a casi la mitad de la población desempleada, al escaso aumento de la dotación económica de las personas dependientes y a la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y, por lo tanto, de las diversas ayudas ligadas a dicha referencia. Tres apartados olvidados en los PGE-2.018 que resultan fundamentales en el reparto obligado de la riqueza generada por un mayor crecimiento de nuestra economía.

En coherencia con ello, el PSOE y Podemos han rechazado los PGE-2018 y han denunciado sus carencias y limitaciones, al margen de su oportunismo político y de la ausencia de medidas conducentes a apostar por el empleo de calidad, aumentar los ingresos fiscales, mejorar la redistribución de la riqueza, además de modernizar y hacer más competitiva a nuestra economía: políticas activas de empleo, inversión en investigación,  protección social, servicios públicos, infraestructuras, medio ambiente… Este rechazo obliga al PP a buscar otros apoyos, al margen de Ciudadanos, principalmente el apoyo del PNV. Un apoyo incierto en estos momentos por la vigencia del artículo 155-CE sobre Catalunya, a pesar del acuerdo suscrito entre el gobierno y el PNV sobre el Cupo vasco. En todo caso, con estos PGE comienza la carrera electoral que inevitablemente resultará larga y de resultados inciertos en estos momentos.

En estas circunstancias, el PP ha comenzado a trasladar a los medios de comunicación la posibilidad de que un número de diputados del PSOE puedan apoyar los PGE- 2.018. Esta lamentable ofensiva, encaminada  a echar la culpa a la oposición de la no aprobación de los presupuestos tiene visos de continuar si el PP no consigue los apoyos suficientes para su aprobación y representa el primer capítulo en el inevitable enfrentamiento entre la derecha (PP y Ciudadanos) y la izquierda (PSOE y Podemos) de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas (a celebrar en mayo de 2019). Se trata de unas elecciones que marcarán, sin lugar a dudas, las elecciones generales previstas para el año 2020, si Rajoy no se ve obligado a adelantarlas ante la acumulación de problemas gravísimos: Catalunya, corrupción, caso Cifuentes, encuestas desfavorables… La pugna tiene un fuerte componente de clase: derecha e izquierda, al margen de la confrontación potencial dentro de los dos bloques enfrentados por alcanzar la hegemonía: PP-Ciudadanos y PSOE-Podemos.

Mientras esto ocurre, la realidad social se impone: los sindicatos y los movimientos emergentes siguen tomando masivamente la calle. El próximo día 15 están convocadas nuevas movilizaciones de los pensionistas y en ellas se protestará contra la revalorización del 0,25% de las pensiones, el factor de sostenibilidad (entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y estará ligado a la esperanza de vida revisable cada cinco años, lo que reducirá las nuevas pensiones) y, en definitiva, contra unos PGE-2018, que consolidarán, si nadie lo remedia, el recorte brutal y silencioso de todas las pensiones: las actuales y las futuras (sobre todo de las mujeres, jóvenes con carreras profesionales cortas y trabajadores precarios). Lo más grave de todo ello es que,  a pesar de estas medidas, el gobierno no aporta soluciones de futuro que garanticen la sostenibilidad de la SS sin recortes añadidos a las pensiones.

Resultaría muy lamentable que, en estas circunstancias, la izquierda no reaccionara unida y con la contundencia debida, tanto en su oposición a los PGE-2018 como en la presentación de propuestas y alternativas creíbles que puedan valorar en su justa medida los ciudadanos. En la divulgación de sus propuestas no van a colaborar en absoluto los medios de comunicación; condicionados, en buena medida, por intereses de clase (IBEX-35, sector financiero, aseguradoras…), al margen de la claridad y de la transparencia exigible a los medios de comunicación en una democracia moderna. En coherencia con ello, la izquierda se verá obligada a utilizar sus estructuras partidarias y las redes sociales para comunicarse directamente con la opinión pública, lo que fomentará el debate, generará ilusión en la ciudadanía e impulsará las movilizaciones; todo ello de acuerdo con los sindicatos y con los nuevos movimientos sociales. Se trata, en definitiva, de luchar por un empleo digno, redistribuir de manera más justa la riqueza y, finalmente, defender la plena democracia. Porque, sin duda, otra política es posible… y deseable.