LOS MALOS ESTUDIANTES REPITEN EN SEPTIEMBRE

LOS MALOS ESTUDIANTES REPITEN EN SEPTIEMBRE

El día 25 del pasado mes de julio se cerró, en segunda votación, el debate de investidura, con el lamentable fracaso de Pedro Sánchez actual presidente en funciones del gobierno de España. Como era previsible, después de la primera votación, el candidato del PSOE contó solamente con el voto favorable de su partido y del PRC, el voto en contra del PP, Ciudadanos, Vox, JxCat, CC, Navarra Suma y la abstención de Unidas Podemos (UP), ERC, PNV, EH Bildu y Compromís. La investidura resultó sumamente dura, laboriosa y compleja; sin embargo, a pesar de los serios esfuerzos realizados, brilló por su ausencia la responsabilidad, la cordura, la sensatez y, sobre todo, el interés de los dos partidos políticos de izquierda por llegar a un acuerdo progresista. Ni siquiera fue capaz de influir en la votación la lógica de frenar los exabruptos y la política de una derecha reaccionaria, montaraz  e impropia de un país democrático.

Lo ocurrido ha confirmado las dificultades extremas para alcanzar acuerdos dentro de los dos bloques en litigio: derecha e izquierda. Además, en el bloque de la derecha se ha puesto de manifiesto la notable y creciente influencia de Vox en la toma de decisiones; el populismo ramplón y ridículo de Ciudadanos (“la banda de Sánchez”) y sus contradicciones y problemas internos en su afán desmedido por superar al PP; así como los intentos estériles del PP por centrar su política, después de su debacle electoral, con el propósito de mantener su hegemonía en el espacio de la derecha. El fracaso de esta política se puso claramente de manifiesto al renunciar el PP a defender una política de Estado y sumarse claramente a la burda utilización del problema catalán y de la “Unidad de España” en el debate parlamentario.

Dentro de la izquierda se ha comprobado que el PSOE mantiene serias reservas hacia UP, que debería intentar superar, porque no hay otra alternativa posible para garantizar la gobernabilidad del país desde opciones progresistas. Por su parte, la formación de Pablo Iglesias se debate entre encabezar un partido de gobierno o de oposición pensando en un proyecto futuro, que pasaría por liderar el bloque de izquierdas, en pugna, no sólo con el PSOE sino también con un previsible y nuevo partido en ciernes encabezado por Íñigo Errejón, al amparo de los buenos resultados obtenidos por éste en la Comunidad Autónoma de Madrid.  En este escenario, el inexplicable retraso en el comienzo de las conversaciones, el veto a la persona de Pablo Iglesias para participar en el gobierno (lo que encareció de hecho el potencial acuerdo),  la falta de confianza y de afinidad personal entre Sánchez e Iglesias, además de algunas exigencias improvisadas de UP (muy mal explicadas) y los patéticos llamamientos de Pedro Sánchez al PP y a Ciudadanos, pidiendo la abstención en el proceso de investidura, dificultaron considerablemente la consecución de un acuerdo  y la composición del propio gobierno.

Por eso, en las actuales circunstancias, resulta imprescindible seguir insistiendo en negociar con rigor un Acuerdo Programático de Legislatura (UP nunca ha valorado suficientemente la importancia de un acuerdo de estas características, que debería, incluso, contemplar los desacuerdos, como ha ocurrido en otros países). Además de garantizar- ante un hipotético gobierno de coalición- la lealtad necesaria al presidente del gobierno y la expresa colaboración solidaria  entre los ministros. En todo caso, y al margen de las políticas internas de cada partido, los ciudadanos esperan con impaciencia que se tomen medidas que resuelvan los problemas que, particularmente, afectan a los jóvenes, a las mujeres, a los parados de larga duración y a muchos  pensionistas con ingresos mínimos que no garantizan un nivel digno de vida.

La política económica debe respetar nuestros compromisos con la UE y, por lo tanto, tener en cuenta la necesidad de corregir el déficit y reducir la deuda pública que nos atenaza, lo que debe ser compatible con la actualización de la financiación de las CCAA y con la recuperación urgente de la inversión pública y el impulso a la necesaria política social con el objetivo de superar las fuertes desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Para ello se debe trabajar a fondo para facilitar la competitividad y el crecimiento de nuestra economía, impulsando las exportaciones en un mundo global y digitalizado e, incluso, el consumo interno por su aportación al PIB. Todo ello debe ayudar a reducir el elevado desempleo y la creciente y escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo: contratación a tiempo parcial, temporalidad, subcontratación, bajos salarios, largas jornadas de trabajo, horas extraordinarias no pagadas, riesgos para la salud…

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en derogar las últimas reformas laborales- en buena medida causantes de estos atropellos- y en avanzar hacia un nuevo Estatuto de los Trabajadores, además de revisar al alza los salarios (SMI), reformar las políticas activas de empleo e impulsar el papel que desempeñan los servicios públicos de empleo en su labor de intermediación en la recolocación de  trabajadores en paro. En este sentido se inscriben las primeras conversaciones entre los interlocutores sociales que, además, pretenden potenciar la autonomía de las partes y el protagonismo de sindicatos y empresarios en la compleja situación actual.

En relación con las políticas sociales se deben revisar de nuevo la cobertura por desempleo (extensión y cuantía), la dependencia de nuestros mayores, la pobreza infantil y, sobre todo, la sostenibilidad de nuestras pensiones, al margen de mantener vivo el debate sobre la renta básica de inserción social, financiar de manera suficiente los servicios públicos  (sanidad, educación y servicios sociales) y, en todo caso, alcanzar la inversión previa a la crisis.

Po último, es urgente e imprescindible abordar la política fiscal. España debe trabajar a fondo para situar sus ingresos fiscales en la media europea y eso requiere aumentar los ingresos y dimensionar las plantillas de la Inspección de Hacienda y de la Seguridad Social  para luchar a fondo contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Debemos recordar que la defensa del Estado de Bienestar Social es una prioridad asumida por todos, porque, particularmente, está llamado a resolver los problemas de las personas más vulnerables y afectadas por la pasada crisis económica. Y esto pasa, inexorablemente, por aumentar los ingresos fiscales bajo el principio de que “paguen más los que más ganan y tienen”.

Otros asuntos asumidos como fundamentales para la próxima legislatura tienen  relación con el debate territorial (Catalunya), la defensa de las libertades, la igualdad de género, el cambio climático y la contaminación, la vivienda y el alquiler social, así como el fenómeno de las migraciones, la reforma energética y la transición digital.

A grandes rasgos, estos son algunos de los asuntos que se deben contemplar en un hipotético acuerdo programático que, como consecuencia, debería presidir la actuación del futuro gobierno. Los ciudadanos (también los europeos) esperan que todavía se pueda responder positivamente a las grandes expectativas generadas. Por eso, en ningún caso se debe defraudar la posibilidad de recuperar la vigencia y el protagonismo de las ideas socialdemócratas en el marco de la UE que, además, consoliden un proyecto de futuro y marquen el rumbo del nuevo gobierno  en los próximos cuatro años. Sobre todo cuando aumentan considerablemente las incertidumbres a nivel global: guerra comercial, conflicto de Irán, Brexit sin acuerdo, ralentización de la economía, sentencia del Procés, etcétera.

A pesar de todo, no es el momento de buscar culpables, pero sí  de constatar el manifiesto fracaso de la izquierda en la consecución de un acuerdo; por eso resulta poco práctico cargar todas las culpas de lo ocurrido en UP. En plenas vacaciones, y hasta el 24 de septiembre, es posible seguir negociando- con más tiempo, rigor y sosiego- un acuerdo de legislatura y, si es necesario, la composición del gobierno, lo que pasa en primer lugar por restablecer la confianza entre las partes (PSOE y UP) que pueda garantizar la investidura y la futura gobernabilidad. Eso es lo que esperan e, incluso, exigen la mayoría de los ciudadanos, sobre todo cuando el proceso de investidura ha demostrado que el PSOE y UP suman al contar con otros apoyos favorables para frenar a la derecha. En todo caso, y en el supuesto de tener que convocar unas nuevas elecciones, nadie debe estar seguro de los resultados; porque, a pesar de las encuestas (muy favorables al PSOE, según el CIS) nadie espera que este partido obtenga la mayoría absoluta en una nueva confrontación electoral.

En estas circunstancias, los partidos de izquierda se deben preguntar por las ventajas de unos nuevos comicios y por lo que pueden  aportar al desarrollo de una política progresista en los próximos años y, finalmente, deben responder a una pregunta retórica: ¿gobernar para qué? Descartando, lógicamente, un acuerdo  del PSOE con el PP o  con Ciudadanos. Mientras tanto, las derechas no tienen nada que perder y, por lo tanto, esperan cómodamente a que se abra una nueva oportunidad electoral (no buscada), que mejore sus resultados e, incluso, les permita soñar con ganar unas nuevas elecciones generales.

No debemos olvidar que el cansancio y el malestar de los ciudadanos pueden pasar factura a todos los partidos políticos y alterar los resultados de las últimas elecciones. En estas circunstancias, lo más posible es que la abstención aumente y, sobre todo, que lo haga entre los votantes de una izquierda defraudada y muy afectada por graves problemas sociales en su seno y, como consecuencia, con un alto riesgo de desmovilización ciudadana. Por último, nadie debe olvidar el clamor de mucha gente al terminar las últimas elecciones generales: “Pedro no nos falles”. A pesar de todo, buenas vacaciones…